«La justicia es un servicio tan esencial para el ciudadano como la sanidad y la vamos a agilizar»

–La Junta lleva hablando de la Oficina Fiscal y Judicial desde 2002, ¿qué es y cuál es su grado de implantación?

–Es un poco complicado de explicar. Es una reforma de la ley con la que se pretende implantar una especie de servicio común, una distribución distinta y más ágil de los juzgados para que no sea tan lenta la instrucción de los procedimientos.

–¿Cómo mejora la administración?

–Es una estructura distinta. Sería una única oficina para todos los órganos del mismo orden jurisdiccional. Un ejemplo, reduciendo muchísimo. Un letrado llega y pregunta por unas diligencias previas, te dicen que es negociado C y lo lleva un funcionario C. Si resulta que está tramitando otro expediente, de baja o vacaciones ese expediente no se mueve. Con este nuevo sistema no hay ningún negociado que tenga la exclusividad de la tramitación de un expediente, lo que va a dar más celeridad. La justicia es un servicio tan esencial como la educación o la sanidad y la vamos a agilizar.

–¿Cómo va la implantación y cuándo estará en Granada?

–Cuando llegué, en febrero, me encontré que sólo existían dos proyectos piloto de oficinas judiciales en El Ejido y Vélez Málaga y las oficinas fiscales de Sevilla y Dos Hermanas, desde el año 2002. En estos diez meses hemos iniciado el 100% de las oficinas fiscales de Andalucía y de judiciales nos queda Málaga y Granada, que se están elaborando las órdenes. Le hemos dado un impulso muy grande. Más no se puede hacer en menos tiempo.

–¿En el mejor de los escenarios cuando funcionará en Granada?

–Una vez que inicias el despliegue de las oficinas, dependes de la celeridad de las respuestas que te den tanto el Consejo del Poder Judicial como el Ministerio. La de Córdoba se inició en 2016 y todavía no está el despliegue. En Granada, en el mejor de los escenarios, dos años.

–Con el edificio de La Caleta saturado, ¿hay medios para implantar ese nuevo modelo?

–Evidentemente, la implantación de las oficinas judiciales y fiscales va de la mano de infraestructurasy habrá que adaptarlas. Lo tenemos claro. No es lo mismo Córdoba que tiene una ciudad de la justicia maravillosa, pensada para el futuro, que Granada donde habrá que darle adaptación a las sedes y mejorarlas.

–El complejo judicial de La Caleta no tenía ni plan de emergencias. La Inspección de Trabajo llegó a darle un toque al anterior Gobierno ¿ha avanzado ya en este tema?

–Algo novedoso que he impulsado es un servicio propio de prevención con 19 funcionarios. No sólo La Caleta... es que hay edificios, por ejemplo en Sevilla, con siete plantas que no tienen más evacuación que una escalera de metro y medio. O lo clausuras o acometes obras de seguridad. Y en eso estamos, también en Granada. Esta direccion general tiene un 'defecto' y es que va a cumplir la ley y garantizar la seguridad.

–El presupuesto de justicia de 2020, ¿qué mejoras contempla para Granada?

–A nuestro vicepresidente Juan Marín le preguntaron si iba a mejorar el turismo en Andalucía y dijo que su prioridad era mejorar la justicia. El presupuesto de 2020 supone un incremento muy considerable en medios materiales y en el personal en los juzgados, aparte de las infraestructuras. A Granada viene un juzgado nuevo de primera instancia, el 19 de competencia exclusiva de Familia, que funcionará el 1 de marzo. Además, hacía cuatro años que en Andalucía no se creaban juzgados de paz, por lo que se estaba incumpliendo la obligación de que todos municipios de más de 7.000 habitantes lo tenga. Los presupuestos de 2020 incluyen los ocho pendientes en Andalucía, de ellos cinco en Granada. Alhendín, Cúllar Vega, Cenes de la Vega, Monachil y Villa de Otura se abrirán en la segunda quincena de enero.

–¿Cuántas plazas ganará la administración de justicia en Granada?

–En la historia de la Junta no ha habido un incremento de plantilla en justicia como la de 2020. La Fiscalía no se aumentaba desde 2007... Para toda Andalucía se han presupuestado 23 plazas para la Fiscalía, 16 en juzgados de paz, 99 en once nuevos juzgados, otras seis plazas de tramitadores y a esto hay que añadirle las 142 plazas que actualmente son refuerzos y las convertimos en estructurales. La bolsa de interinos llevaba sin convocarse tres años y la firmé la semana pasada. En Granada esto supone diez funcionarios de juzgados de paz, diez para los juzgados normales, 17 de nueva consolidación, 14 interinos del pacto de estado por la violencia de género y más los de la Fiscalía, que están pendientes de distribución territorial.

–¿Cómo lleva las relaciones con el Ministerio de Justicia?

–(Se lo piensa) Pues no se cómo contestar a eso... La relación es documentalmente fluida. A partir de ahí, se inauguran en Andalucía dependencias del Ministerio y a la Junta no se le invita.

-No se si ahora que forma parte de la administración puede opinar pero, ¿Cómo valora la sentencia de los ERE?

–El problema de los ERE es de un procedimiento y competencia extraña. Pero habiendo sido abogado del máximo imputado, de eso yo debo hablar muy poco. Mi despacho ha llevado 170 piezas separadas de distintas ayudas sociolaborales de ls partidas 31 y 32 L. Evidentemente más de los ERE que yo sabe poca gente en esta comunidad. Pero no puedo opinar. Como director general, me limito a decir que las resoluciones judiciales son para cumplirlas y acatarlas.

–¿Entendió que se cuestionara su nombramiento precisamente por ser el abogado del mayor imputado en los ERE y de otros casos mediáticos?

–Parece que el artículo 24 de la Constitución se lo mete en el bolsillo determinada gente. Si alguien pensaba que por mis competencias yo iba a parar los ERE, tengo que decir que a ese juzgado le he consolidado los refuerzos como estructurales. Se llegó a decir que en mi despacho llevaba clanes de narcotráfico. Mire usted si solo llevo penal... pues sí, era mi clientela, pero el derecho de defensa está por encima de consideraciones políticas.