La Junta recupera 47 pisos sociales de Granada en un año y encuentra marihuana en siete
La Agencia de Vivienda realiza inspecciones periódicas y recupera inmuebles en los que hay que invertir 4.000 euros de media para volver a darles uso
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, es la que se encarga ... de cuidar el parque público de pisos y de revisar que los alquileres sociales se cumplan. Para eso, realizan inspecciones en las que comprueban que las viviendas estén ocupadas por el arrendatario ya que se verifica que los titulares coincidan con las personas que viven en el piso. A veces se las pasan o las ocupan y se inicia el expediente de desahucio. Además, en algunas de estas revisiones, encuentran plantaciones de marihuana en estos pisos que están destinados para familias vulnerables y que se asignan de acorde a criterios vinculados a servicios sociales.
El parque público en Granada capital es amplio. Según los datos que dispone la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Junta posee en la capital más de 3.500 viviendas protegidas. Todas se ubican en el distrito Norte.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha recuperado un total de 47 viviendas pertenecientes al parque público residencial de Granada desde enero de 2023 a febrero de 2024. Estas 47 viviendas han sido sometidas a un proceso de adecuación, con un coste aproximado de 4.000 euros por vivienda, para ponerlas a disposición de cada Registro Municipal de Demandantes con vistas a nuevas adjudicaciones. Según estos datos de la Consejería de Fomento, se han invertido más de 180.000 euros, durante el pasado año en volver a poner estos pisos en condiciones para ser alquilados de nuevo a otros inquilinos.
Patada en la puerta
Las residencias que más suelen ser objeto de estos procedimientos son las que se conceden en régimen de alquiler. En la capital hay 1.013, y el impago nunca está detrás de las conductas que motivan un desahucio. El motivo más común es el de la 'patada en la puerta'. Son familias o particulares que ocupan un piso sin atender a la legalidad vigente. Obvian el procedimiento de adjudicación reglado y los requisitos que son indispensables para ser depositario de una vivienda protegida a través del registro de demandantes.
En Granada capital, se han realizado 14 recuperaciones de viviendas: ocho fueron motivadas por desahucios administrativos por ocupaciones sin título; dos por desahucio administrativo por no ocupación; dos por recuperación posesoria y dos por renuncia.
De las viviendas recuperadas a través de desahucios administrativos en 2023 y en estos dos meses de 2024, ocho habían sido utilizadas para plantación de marihuana. Dentro de estas recuperaciones de viviendas, en ocasiones, la Junta detecta que algunos de los adjudicatarios tienen otra vivienda en propiedad, lo que también es causa del inicio de un trámite que en la inmensa mayoría de casos se cobra dos años, tiempo que va desde que se pone en marcha el proceso hasta que la vivienda pasa a unas manos legítimas. Son muy pocos los expedientes que no derivan en un procedimiento judicial. La inmensa mayoría de infractores se niega a abandonar la vivienda que mora fuera de la ley.
En el resto de la provincia de Granada, se realizaron 33 recuperaciones en 2023 y hasta febrero de 2024: 17 por desahucios administrativos por ocupación sin título; seis por desahucios administrativos por no ocupación; tres por recuperación posesoria; dos por renuncia; una por traslado y cuatro por fallecimiento.
Entre las condiciones, algunas como no tener vivienda en propiedad, destinarla a domicilio habitual y permanente, o no superar una determinada renta. La Junta recuerda que los ocupantes ilegales «atentan» contra el derecho de estas personas, pues la oferta de viviendas es mucho menor que la demanda.
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