La Junta reclama 16 millones a los municipios del metro de Granada

Como recoge la documentación remitida a los ayuntamientos, que obra en poder de este periódico, la Consejería de Fomento, que encabeza la popular Rocío Díaz, recuerda que el convenio firmado tenía como objetivo «potenciar el uso del transporte público» en los diferentes municipios atravesados por la infraestructura y facilitaba a cada uno de los firmantes iniciar de inmediato las actuaciones para lograr la puesta en servicio del metro.

A cambio, todos se comprometían a financiar la operación, cuyos gastos de construcción y explotación se elevaban a 276,2 millones de euros. Según informó la Junta en el momento de la firma, en julio de 2006, el 83% de las aportaciones correría a cargo del gobierno autonómico, mientras que el 17% restante sería aportado por las cuatro localidades en base a su peso demográfico.

Parte de los fondos ya fueron abonados por los municipios años atrás. Sin embargo, a juicio de la administración regional restarían todavía algunas cantidades a las que habría que añadir además los intereses de demora correspondientes. En concreto, a la capital se le exige el abono de 12.313.297 euros, mientras que la reclamación a Armilla es de 1,4 millones y las de Maracena y Albolote son por una cantidad similar, alrededor de 1,2 millones a cada localidad.

Rechazo

La orden de liquidación fue aprobada por la Consejería de Fomento el pasado 27 de diciembre y se giró a los municipios una semana después, el 3 de enero de este año, con la carta de pago. La reclamación se encontró, no obstante, con el rechazo de las localidades afectadas, que, desde entonces, están inmersas en un contencioso con la Junta que deberá resolverse en los juzgados.

Aunque cada uno de los ayuntamientos está desarrollando su defensa de forma individual, las cuatro comparten el argumento de que la reclamación de Fomento habría prescrito tras los sucesivos incumplimientos del convenio de 2006. Según argumentan, el acuerdo fijaba, entre otras cuestiones, el plazo de ejecución de las obras en 30 meses a partir del momento de la contratación. Sin embargo, las obras se postergaron por las sucesivas modificaciones y retrasaron la puesta en servicio de la línea hasta más de una década después, el 21 de septiembre de 2017.

A partir de aquí, cada municipio cuenta también con otros argumentos para rechazar la deuda. En el caso de Armilla, como señala la alcaldesa, Loli Cañavate, «no estamos de acuerdo en lo que se nos liquida y en la fórmula». «Le hemos pedido a Fomento varias veces que nos desgrane a qué corresponde cada cantidad, pero aún no lo ha hecho. Se supone que deriva de la explotación conjunta y que también aplican los kilómetros de infraestructura que tiene cada municipio, pero también se abona por la parte soterrada a pesar de que nosotros no tenemos, así que no vamos a contribuir a eso», explica.

La regidora cree que el marco jurídico planteado por la Junta «está pasado» al referirse a un convenio que «caducó tres años después del fin de las obras, que aquí terminaron en 2012» y critica que el movimiento de Fomento es «sangrante» para Armilla «porque aún adeuda 5 millones de euros del complementario 1 del metro». «Es surrealista», recalca.

La posición de Armilla es compartida por Maracena, que rechaza también la reclamación de la Junta. «La liquidación no es correcta y además las cantidades están prescritas», insiste Carlos Porcel, alcalde de la localidad. Para el responsable, «Fomento ha incumplido el convenio no solo por las obras, sino también por cómo ha formulado las cantidades a abonar y recordamos que, independientemente de que haya un convenio, la competencia que tenemos es de transporte urbano, lo que excluye el transporte interurbano que desarrollar el metro». «No entendemos que después de tantos años nos vengan con esto», recalca el regidor, que confirma que su municipio ya ha planteado un requerimiento previo de anulación de la deuda.

Convenio «prescrito»

Albolote también tiene interpuesto un requerimiento de anulación. En el escrito, al que ha tenido acceso IDEAL, la localidad argumenta que habría prescrito la aportación a realizar por los gastos de inversión contraídos así como las anualidades correspondientes a los años 2017 a 2020. Asimismo, justifica que no es aplicable interés alguno en al menos una de las liquidaciones «dado que no se ha constituido en mora» y, como en el caso de Armilla, exige que se concrete la deuda en relación con el concepto de explotación.

El alcalde de la localidad, Salustiano Ureña, insiste en que va a procurar la «defensa de los intereses» de Albolote y se muestra confiado en que pueda resolverse de forma satisfactoria en el contencioso-administrativo.

Granada, por su parte, tiene interpuesto un recurso también al no compartir la argumentación de Fomento, aunque sus líneas esenciales aún no se conocen. Según explica el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, se trata de una defensa «en la que trabaja ya la asesoría jurídica municipal que plasmará las diferencias». El dirigente, por otra parte, argumenta que la decisión de recurrir «viene dada por la obligación de velar por los intereses de la ciudad, que en todo momento ha guiado y guiará la acción política de este gobierno».

Consultada por esta cuestión, desde Fomento aseguran que el requerimiento «no es el primero» que se realiza a los municipios e insisten en que las afectadas «eran perfectamente conocedoras» de la reclamación a través de las diferentes reuniones de seguimiento realizadas en los últimos años. En la consejería argumentan que la petición tiene como único fin «que se cumpla lo pactado en el convenio» y recuerdan que, hasta ahora, «la Junta ha asumido en solitario los pagos a pesar de que los ayuntamientos deben contribuir con una aportación anual que, hasta la fecha, ni uno solo ha abonado en concepto de explotación y solo Granada lo ha hecho en parte en concepto de obra».