La Junta permite vender las VPO un 14,5% más caras para incentivar la construcción

Con este incremento el módulo –metro cuadrado– pasa de 760 euros a 870. Pero este no es el precio definitivo. A esta cantidad hay que añadirle una serie de variables en función del municipio en el que se construya y del tipo de vivienda protegida porque hay varios. Por ejemplo, en Granada capital, una VPO de 90 metros cuadrados construidos el precio pasa de 148.770 euros a 170.302 euros. Un precio que sigue siendo competitivo para los promotores y con una diferencia sustancial sobre las viviendas libres.

El nuevo decreto aprobado por la Junta también eleva el nivel de renta para poder acceder a esta vivienda que va en función del IPREM. Se eleva hasta siete veces este indicador pero con un matiz importante, esto se activa si no se consigue cubrir el cupo de viviendas con los compradores que tengan el IPREM por debajo de cinco. Primero se asignan a los de rentas más bajas y si no se venden, se ofrecen a los que tienen más ingresos.

Los promotores privados habían advertido a la Junta de que no les salían las cuentas con las viviendas protegidas y que no les era rentable construir estos pisos, asediados por una subida del de los costes de construcción. Los precios disparados de los materiales no estaban respaldados por los de venta de las VPO, que se fijaron hace cuatro años, en un plan de vivienda de 2020. Desde entonces la promoción de este tipo de pisos estaba bloqueada y no se ha construido al ritmo que se esperaba hasta el punto de que en Granada capital habrá, con el nuevo plan urbanístico, suelo disponible para mil viviendas más.

Un nuevo decreto de la Junta de Andalucía, aprobado esta semana, cambia las reglas del juego en el mercado de las viviendas a precios asequibles. La subida de los precios de la vivienda protegida fue solicitada el año pasado por Fadeco Promotores, la federación regional de las empresas del sector inmobiliario, a la Consejería de Fomento que preside Rocío Díaz. Así, el nuevo Decreto de Simplificación Administrativa sube los precios un 14,5%, un porcentaje que se actualizará cada año en función del IPC.

Con el nuevo decreto, «se activan medidas para eliminar obstáculos que dificultaban la apuesta por la vivienda protegida, que se han agravado en el último año con las tensiones que ha generado la ley estatal de vivienda o la subida del precio de los materiales o los tipos de interés», explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Ante este escenario, el plan Andalucía Simplifica supone una nueva vuelta de tuerca consensuada con el sector que recoge, entre otros aspectos, la ampliación de los posibles destinatarios de estas viviendas protegidas, la modificación del cálculo de ingresos que permiten el acceso a éstas, el cambio del visado del contrato por una declaración responsable del promotor para eliminar cargas administrativas o una nueva forma de cálculo de la renta máxima de alquiler de las viviendas protegidas, estableciendo como precio máximo de referencia el 4,5%.

Según apuntaron los propios promotores, a través de Fadeco, el decreto aumenta en más de un 25% los destinatarios de estas viviendas al incluir a familias con más ingresos, tras tirar de una primera lista de aspirantes y suplentes. «Se consigue así, incluir a una parte de la clase media que había quedado fuera del acceso a una vivienda, por no alcanzar los precios del mercado libre y tampoco calificar como beneficiario de una vivienda protegida», subrayaron.

Desde la Asociación de Constructores y Promotores de Granada miran con buenos ojos este nuevo decreto que «propicia la construcción de VPO y posibilita que los promotores opten por llevar a cabo este tipo de pisos a precios asequibles», señaló Francisco Martínez Cañavate, gerente de la asociación.

En Granada, la misión de comprar o alquilar una vivienda protegida por debajo de los precios de mercado en la capital granadina ha sido prácticamente imposible durante años por la escasez de la oferta. El escenario ha ido cambiando por la reactivación del mercado general y las medidas de promoción de vivienda a precio asequible contempladas en Ley de Vivienda de la Junta, que desde 2019 viene animando a los promotores privados a poner en carga el 30% de suelo edificable reservado por ley. Pero faltaba este impulso definitivo.

En la ciudad, las VPO han levantado el vuelo, arropadas por el auge de la construcción de nuevos pisos en los Oestes, y esta subida de los precios será el empujón que faltaba para desarrollar el suelo disponible.

El nuevo plan urbanístico de Granada –el PGOM– recoge solares para levantar mil viviendas de protección oficial en zonas como Norte, Albaicín o la Chana. La Junta tiene entre sus planes promover el alquiler social y quiere que los promotores compren suelo para construir VPO en Cartuja o en Mondragones. Con la subida de los precios se podrán animar los promotores a desarrollar 258 pisos de VPO reservados en el plan urbanístico de Armilla o las 140 viviendas proyectadas en Maracena, en el antiguo solar de Jimesa, municipio donde el Ayuntamiento tiene entres sus planes construir 33 viviendas protegidas.