La Junta insiste en confinar Montefrío y obliga al TSJA a resolver otra vez

Mientras lo hace, la orden del Ejecutivo andaluz, que se refrendó ayer por la noche mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece que la situación de Montefrío es muy grave. Acumula una tasa que dobla los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral que se considera suficiente para adoptar restricciones tan drásticas como el citado confinamiento perimetral o la suspensión de toda actividad no esencial. Mediante su resolución, lo que hace la Junta de Andalucía es valerse de ambos instrumentos para limitar la acción del virus al menos durante una semana. Y lo aplica desde hoy mismo.

Eso es lo que se aprobó ayer por parte del comité provincial de alertas y sobre lo que tendrá ahora que volver a pronunciarse la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del TSJAque ya tumbó el primer cierre. Tiene tres días para hacerlo, independientemente de lo que determine el Tribunal Supremo (TS) sobre el recurso de casación que la Junta tiene pensado presentar tras el varapalo judicial del martes.

El delegado territorial de Salud yFamilias, Indalecio Sánchez-Montesinos, recordó ayer que la situación epidemiológica de este municipio es preocupante. Y que es imperiosa la necesidad de ejecutar estas medidas por estrictos motivos de «salud pública». Pero los jueces entendieron ya una vez que la medida no se ajusta a derecho. Al menos en la Sala de Granada, porque la de Sevilla sí avaló los cierres en los otros tres casos en liza. Esto ha dado lugar a un embrollo judicial que lleva dos días provocando una catarata de críticas sobre todo en el pueblo de Montefrío, cuyos vecinos ayer no sabían a qué atenerse con tanto giro de guion.

El delegado mostró su pesar por lo que estaba pasando y acusó al Gobierno de Sánchez de haber dejado en manos de los jueces decisiones que tienen un marcado carácter sanitario. «Es por esto que tenemos lo que tenemos:disparidad de criterios e indefensión para limitar la acción del coronavirus», señaló a preguntas de los periodistas en el curso de una comparecencia pública.

Pero no fue el único que ayer manifestó sus reservas ante los acontecimientos que ha traído consigo el fin del estado de alarma. El propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lamentó que el Gobierno no haya aprobado leyes específicas, menos «genéricas», para abordar la pandemia tras la finalización del segundo estado de alarma y que se haya «obligado» a los tribunales a convertirse en «gestores» de este periodo. Algo que Lorenzo del Río reconoció que no le «ha gustado», pues como aseveró, hubiera preferido tener una legislación sanitaria «mucho más clarificadora y potente que no diera lugar a tener que interpretar un precepto, el artículo 3 de la norma de 1986, absolutamente indeterminado y abierto», criticó.

En contraposición, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, volvió a insistir en que las comunidades disponen de normas lo suficientemente «amplias» para poder limitar la propagación del virus. De ahí que instara a la Junta a poner en marcha esas herramientas jurídicas «como han hecho en otras ocasiones de esta misma crisis sanitaria», señaló.