La Junta da dos días al Ayuntamiento para que le envíe el expediente de la agencia de IA
El personal del consistorio tiene los documentos desde hace una semana pero aún no los ha compartido con el resto de instituciones
El Ayuntamiento tiene en su poder el expediente que todas las instituciones quieren analizar desde finales del año pasado. Son ya 135 días de espera, ... desde el 5 de diciembre, para escrutar la explicación oficial del Gobierno sobre la elección de La Coruña como sede de la agencia de inteligencia artificial y determinar si obedeció a criterios objetivos. El dossier, exigido por el Supremo, está en manos de la asesoría jurídica del consistorio desde hace una semana. Pero la Diputación, la UGR, los empresarios y los sindicatos, involucrados en el proceso de reclamación ante el Alto Tribunal, aún no han podido examinar los papeles. La Junta, que también forma parte del grupo de trabajo que impulsó la candidatura, remitirá hoy por carta al alcalde de Granada una última petición: da dos días de margen para que comparta los documentos y puedan ser estudiados por los servicios jurídicos de cada administración.
Según fuentes municipales, los textos remitidos por el Tribunal Supremo están en manos de los técnicos, que los analizan antes de determinar los siguientes pasos a dar. No hay más novedades. En el Ayuntamiento dicen desconocer -a nivel político- si ese dossier es idéntico a los enviados por el Gobierno a la asociación civil Juntos por Granada y al grupo parlamentario de Vox. En ninguno de ellos figuran las tablas de puntuaciones a cada ciudad candidata, el examen al que el comité técnico debió completar -hay una baremación con nota máxima para cada criterio evaluable- para determinar la sede. Se da por hecho -pero no es oficial- que en los papeles remitidos a los servicios jurídicos de Plaza del Carmen tampoco habrá números.
A la espera de que el equipo del alcalde Paco Cuenca comparta el documento y disipe las dudas, el diputado nacional de Vox por Granada, Onofre Miralles, ofreció ayer a la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada el expediente, «a la vista de que el Ayuntamiento sigue sin facilitarlo». La contestación por parte del Gobierno llegó después de «diez iniciativas parlamentarias con respuestas evasivas». Miralles exigió la convocatoria del Pacto de los Mártires -el grupo que reúne a todas las instituciones- para pedir medidas cautelares e impedir la tramitación administrativa de la sede en La Coruña.
Es lo mismo que sugiere la Junta de Andalucía. El delegado en Granada, Antonio Granados, remitirá hoy por carta una nueva petición al propio alcalde. Reclamará el expediente y las medidas cautelares. No cuestiona el trabajo del gabinete jurídico del Ayuntamiento, pero recuerda que en el grupo para impulsar la reclamación ante el Supremo estaban representados los servicios legales de todas las administraciones. Y, en consecuencia, todos deben conocer y analizar el expediente. Granados da dos días de plazo para que el Ayuntamiento comparta los papeles. Si los documentos no llegan, sopesa ser él quien convoque una reunión.
También los empresarios preguntaron ayer por los textos enviados por el Gobierno al Supremo. La UGR que decidió dar un paso atrás en su demanda ante el Alto Tribunal y unirse a la del Ayuntamiento, tampoco ha recibido el dossier.
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