La Junta comienza la adaptación de Andalucía a la nueva ley judicial

Nieto indicó que en julio tendrá que estar la primera fase de la adaptación terminada y que abordarán la segunda y la tercera porque tiene que estar todo a final de año. «La Consejería tiene que actuar en el plan de infraestructuras, en los recursos personales y las nuevas relaciones de puestos de trabajo, además de todo el desarrollo tecnológico», resaltó José Antonio Nieto. Además a los jueces que se encarga de la violencia sobre la mujer se ampliarán sus competencias a todos los delitos sexuales y «nos plantearemos qué necesidades tiene Andalucía, cuántas plazas serían necesarias y estamos haciendo un estudio para una posible agrupación de partidos judiciales», aportó el consejero.

«Ha sido un diálogo complejo, como siempre lo es, que ha supuesto un coste también importante, 2,7 millones de euros, solo la primera fase en los puestos que se refuerzan, que supone un esfuerzo notable para la Junta de Andalucía y que esperamos que luego redunden en una mejora de la calidad de la justicia», apuntó el consejero que dijo que se han sentidos solos en este proceso, sin el respaldo del Gobierno.

Todo se reorganizará. Los recursos humanos y el espacio porque los que hasta ahora eran juzgados unipersonales (separados unos de otros) ahora se unifican. «La oficina se integra, se buscan esos órganos colegiados, se ordenan y se agrupan», dijo José Antonio Nieto.

La tramitación de los expedientes también será diferente, el reparto de la carga de trabajo dentro de la oficina judicial cambia y eso se tiene que incorporar a un sistema, a un programa que es complejo y «que nos va a exigir un gran esfuerzo y también, otra vez, recursos económicos importantes. De momento, la primera fase, dos millones de euros que tenemos que aportar de manera inmediata».

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha planteado este lunes en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitar al Gobierno central la creación al menos 22 nuevas plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer para Andalucía, dado la elevada carga de trabajo que ya presentan y ante las nuevas competencias que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia tiene previsto para esta jurisdicción.

Es uno de los puntos tratados en la reunión entre la Administración andaluza y el Alto Tribunal celebrada este lunes en Granada, donde también se han abordado el resto de los cambios previstos en el texto legal y cuya implantación es inminente en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces. Ahora el TSJA presentará su propuesta, con la que se elevará al Ministerio la petición definitiva.

Tanto el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, como el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, coincidieron en la «importancia» de esta reunión, la primera que se produce tras la publicación de la Ley el pasado mes de enero. Uno de estos cambios es la ampliación de las competencias de los actuales juzgados de Violencia sobre la Mujer que asumirán también los casos de violencia sexual, lo que «incrementa la carga de trabajo que ya de por sí era muy importante», dijo Nieto.

Por este motivo, el consejero lamentó que el Ministerio, «sin negociarlo y desconociendo los criterios que ha aplicado para dotar de más o menos jueces a cada comunidad», haya anunciado que para Andalucía solo se creen nueve nuevas plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer, y una décima que será una transformación de un actual juzgado de Instrucción que pasará a ser de Violencia. «Creemos que es una propuesta insuficiente», por eso proponemos más del doble, con al menos 22 nuevas plazas para Andalucía. «para que ninguna parte del territorio andaluz resulte perjudicada».

Nieto también reclamó al Ministerio que defina el modelo de tribunales de instancia en materia de Violencia sobre la Mujer, ya que propone la agrupación de partidos judiciales en esta materia, pero no se ha abordado por igual en todos los territorios. «Es necesario un debate sereno y tranquilo y si es bueno comarcalizar el servicio, pues hagámoslos en todos y, si no vale, no lo hagamos en ninguno, lo que no vale es que en unos territorios lo hagamos de una forma y en otros de otra».

El consejero abogó por ese debate para «una posible ordenación de esa carga de trabajo, para ordenar el servicio a las víctimas y garantizar los medios que requieren los jueces y que entre los dos garanticemos un trabajo eficiente y de calidad para las víctimas de violencia de género o de violencia sexual».

En la reunión también se puso sobre la mesa el resto de los cambios previstos en la Ley y que, a juicio de Del Río, «van a suponer un antes y un después» en la Justicia, generando un número importante de actuaciones que va a tener que abordar la Consejería «como reordenación del personal funcionario, adaptación de espacios o el desarrollo tecnológico».

En este sentido el consejero destacó que desde la Junta les hubiese gustado «más diálogo con las comunidades autónomas y con el Consejo General del Poder Judicial, ya que hubiera resuelto algunos asuntos que hoy más que una solución son un problema».

Igualmente, criticó la falta de financiación y de apoyo económico por parte del Gobierno a las comunidades para afrontar esta Ley. «Vamos a hacer un sobreesfuerzo para cumplir los plazos de la primera fase de la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y lo vamos a tener que hacer sin apenas contacto con el Ministerio y sin la aportación de un solo euro». Además, la aprobación de la Ley se produjo a posteriori de los presupuestos andaluces. «Lo vamos a hacer, pero nos molesta que tengamos que estar trabajando siempre en esa misma situación, en el yo invito y tú pagas o en el yo la lío y tú lo arreglas, que es lo que desgraciadamente viene funcionando desde hace tiempo por parte del Gobierno».