La Junta y el Ayuntamiento 'chocan' a cuenta de los intereses de Santa Adela

Sendas administraciones, además del Estado, acordaron en 2016 colaborar para impulsar el proyecto de rehabilitación integral en el Zaidín. En noviembre de ese año, Junta y Ayuntamiento firmaron un convenio que comprometía a la institución autonómica a aportar a los trabajos 7.844.739,89 euros, unos fondos que debía de gestionar la ciudad en calidad de promotora.

Este verano, tras el final de la actuación, el Consistorio hizo balance y trascendió que había empleado únicamente 5.525.961,16 euros de la subvención. En otras palabras, el Ayuntamiento logró ahorrar a la Junta 2.318.778,73 euros, una cantidad que Granada devolvió voluntariamente antes de octubre.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre,la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que encabeza la popular Marifrán Carazo, dio orden de inicio de un expediente para exigir al Consistorio el abono de 161.043,95 euros más en concepto de intereses de demora. En la documentación enviada a la ciudad, que obra en poder de este periódico, la administración autonómica se remite a la legislación sobre subvenciones para realizar la demanda y concede un plazo de 15 días para alegar.

La concejalía de Urbanismo, que dirige el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, dirigió la semana pasada un escrito a la Junta en la que solicita el archivo del expediente. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso IDEAL, considera «improcedente» el abono de intereses de demora. Argumenta que, como recoge el convenio firmado entre ambas instituciones cinco años atrás, «la administración local ejerce de gestor y promotor de la actuación más que como beneficiario de la subvención» y recuerda que la propia ciudad «cofinancia» el proyecto «en un 29%».

El Consistorio defiende que cumplió con los compromisos como promotor al no superar los costes medios de mercado de la Comunidad Autónoma, tal y como exigía el convenio. Asimismo, reconoce que el acuerdo para la financiación dejaba en manos de la ciudad las responsabilidades que pudieran derivarse «de las obras mal ejecutadas o defectuosas, por el exceso de costes u otras incidencias». «Nunca se habla de asumir las consecuencias por cumplir con el objetivo del programa», añade.

Para el Ayuntamiento, «se ha dado cumplimiento a la totalidad de los objetivos marcados en el proyecto». «No existe un déficit de objetivos cumplidos o actuaciones pendientes de ejecutar, no hay un incumplimiento de las obligaciones municipales en la gestión del proyecto; al contrario, hay una gestión eficaz de los recursos públicos que han motivado un ahorro en el coste final de la actuación que si bien estaba inicialmente presupuestada en una cantidad se ha ejecutado por un menor importe».

Por este motivo, la ciudad no entiende que se vea «penalizada» con la demanda de intereses de demora «que están pensados para los casos de reintegro por incumplimiento tanto en la ley como en el convenio» y esgrime que ninguna de las causas que recoge la Ley de Hacienda Pública de la Junta para exigir el pago –falseo de subvenciones, incumplimiento total del proyecto o de la obligación de justificación, entre otras– se dan en el caso de Santa Adela.