La Junta aprueba un nuevo decreto que abre la puerta a la regularización de unas 50.000 viviendas en Granada

La estimación hecha pública hoy por la Junta pone cifras al mapa de las construcciones ilegales con más de 14.000 en el Altiplano, más de 9.000 en La Alpujarra y Sierra Nevada y 6.885 más en la Costa Tropical. Además hay otras 9.705 viviendas irregulares incluidas en la categoría 'comunicaciones registrales' de Granada, que la administración no detalla exactamente donde se encuentran. Además, hay más de 12.000 si se le suman las incluidas en la unidad territorial 'Depresiones de Antequera y Granada' , que incluye viviendas de las dos provincias, malagueña y granadina.

Hace 16 años que los anteriores gobiernos de la Junta, entonces del PSOE, empezaron a programar medidas para sacar del limbo las miles de viviendas irregulares, sin que prosperasen. Los últimos decretos desde 2012 a 2018 solo han logrado sacar de ese marasmo irregular a unas 1.500 viviendas. Hoy el Gobierno de PP-Cs ha aprobado un nuevo decreto que pretende aprender de los errores del pasado con una norma que mantiene la protección ambiental de las anteriores, pero con una mayor osadía en suprimir trámites y potenciar figuras intermedias como la de asimilado fuera de ordenación (AFO) para «dar una respuesta clara» a los propietarios de las viviendas irregulares en la Comunidad. Carazo ha subrayado la necesaria cooperación entre la Junta, los ayuntamientos y los propietarios para que el decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares sea «efectivo».

Tanto Carazo como Bendodo han advertido de que el decreto no podrá amparar a aquellas casas que se hayan construido en terrenos protegidos u otras levantadas en márgenes de ríos o zonas inundables, como ejemplos citados. «Esto no es una amnistía de viviendas irregulares, seguirá la actuación inspectora y sancionadora», han advertido los consejeros.

El principal requisito es que debe estar prescrita la ilegalidad como delito urbanístico de las construcciones para evitar tropiezos con la Justicia. La prescripción se establece cuando la sentencia prospera seis años después de construida. El decreto contiene una amplia variedad de casos en los que los ayuntamientos pueden iniciar trámites para la regularización, desde urbanizaciones ilegales a diseminados, con el objetivo básico de que estas puedan recibir servicios municipales y sus propietarios poder venderlas o darlas en herencia al poder ya registrarlas.

El decreto también nace con una vocación más allá que la de legalizar lo construido sin atenerse a las normas: El objetivo principal, ha apuntado la consejera, es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para ello se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoque la sobre explotación de recursos como el agua y el suelo.

El decreto recoge como principal pilar la ampliación de la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO), una figura ya contemplada en anteriores normas, pero con demasiadas cortapisas para su aplicación. Esta figura no supone una legalización de las casas, sino su reconocimiento de irregular pero que, al prescribir el delito, permite que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y a obtener servicios básicos como agua, luz, saneamiento y permisos de obras de mejora.

Hasta ahora, la Junta se había negado a aceptar dicha figura de asimilado en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y las edificaciones dentro de asentamientos. Para estas situaciones era imprescindible que los ayuntamientos primeros aprobasen los planes de ordenación urbana (PGOU) y luego los planes especiales específicos a la zona a regularizar. El decreto contempla un camino al revés: Los ayuntamientos podrán acometer planes especiales antes de tener aprobado el PGOU, cuyo trámite suele tardar varios años. Como tercer pilar, la norma incluye la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares (urbanizaciones) a los planes generales, para lo que los ayuntamientos deberán prever servicios mínimos y zonas verdes o equipamientos públicos.

Ayuntamientos y propietarios deberán ponerse de acuerdo en el pago de los costes de la regularización. El decreto no aclara quién paga, pero la consejera de Fomento entiende que deben ser los propietarios los que asuman el coste, «dado que son los más interesados».

Este decreto deroga todas las normas en el mismo sentido aprobadas por los socialistas desde 2012 a 2018. A su vez la norma, que entrará en vigor mañana cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), también será derogada cuando el Parlamento apruebe la nueva ley del Suelo que prepara el Gobierno PP-Cs.