La Junta de Andalucía saluda la libertad provisional para Juana Rivas

El Gobierno andaluz ha señalado en un comunicado que mantiene "el máximo respeto" al proceso y a las decisiones judiciales y ha recordado que el ordenamiento jurídico contempla que toda decisión e interpretación judicial vele por la protección de las víctimas, especialmente si son menores.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado como prioritario el interés superior de los menores, "para lo que darles voz es fundamental", y ha aludido al "espíritu" del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que aprobó recientemente el Consejo de Gobierno y a la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, de rango estatal.

En ese sentido, ha detallado que la norma estatal señala que "todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado".

Además, manifiesta el derecho del menor de ser informado, oído y escuchado por sí mismo, a través de profesionales expertos o de un defensor judicial.

El anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía amplía la actual regulación de derechos y, en consonancia con la legislación estatal, fija el derecho de ser escuchado, "que compromete al poder judicial igualmente", ha indicado la Junta.

La Consejería ha manifestado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias y elaborar un protocolo específico en los casos que concurra una situación de violencia de género, adaptado a los principios y normas del sistema jurídico.

La Junta considera que el caso de Juana Rivas "responde claramente" a situaciones de violencia de género, con condena judicial firme, "tras la cual víctima y agresor volvieron a caer en la dependencia emocional, repitiéndose así el ciclo de violencia machista, que sufren de manera directa los menores".

Sánchez Rubio ha emplazado a que "a la mayor brevedad" se produzcan los cambios legislativos que contempla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para evitar situaciones similares, ya que se aprobó hace apenas un mes un documento que contempla la reforma legislativa para la suspensión del régimen de visitas a menores por parte de padres condenados por violencia de género.