Torres Hurtado asegura estar «tranquilo» ante el juicio del caso Serrallo por el que le piden ocho años de cárcel

Poco después ha entrado en los juzgados Roberto García Arrabal, promotor de la obra. Poco antes había entrado el exdirector de Obras Manuel Lorente. Isabel Nieto, concejal de Urbanismo entonces, ha llegado con toga para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados, que aunque no se representa a sí misma, como letrada en ejercicio tiene derecho a ese previlegio.

Cuando en 2005 se iniciaron los primeros trámites administrativos para levantar la discoteca 683 Upper Club –luego subastada y rebautizada como Sky Club– en un terreno aledaño al centro comercial Serrallo Plaza de Granada, nadie sospechaba la otra dimensión que iba a terminar adquiriendo el proyecto: la judicial. Este lunes arranca el juicio por aquella operación urbanística presuntamente irregular en la sala Antonio Angulo del edificio de la Caleta, habilitada para acoger la vista ante el elevado número de acusados (17) y abogados que hay en la causa.

Hasta 77 nombres distintos, entre testigos y peritos, figuran en el 'guion' que la Audiencia Provincial de Granada ha preparado para organizar las sesiones y los interrogatorios que mantendrán ocupados a los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada durante dos meses.

Los procesados se verán las caras con la Justicia porque donde inicialmente estaba previsto un parque de atracciones infantil se acabó construyendo un ambicioso negocio de restauración, hoy clausurado. La polémica 'disco' se materializó gracias a una serie de modificaciones solicitadas por la adjudicataria de la concesión administrativa (Inversiones Área Sur SL) y autorizadas por el Ayuntamiento de la capital. Los cambios fueron autorizados con el respaldo –informes favorables– de ciertos altos cargos de la cúpula de Urbanismo durante el gobierno municipal de José Torres Hurtado. Por eso, los técnicos que lo permitieron, los concejales que votaron a favor de los usos y horarios del establecimiento, el propio regidor y el empresario que fraguó el proyecto, Roberto García Arrabal, serán quienes compartan el banquillo de los acusados.

En una providencia dictada el 15 de octubre del año pasado, el caso, que fue instruido por la jueza María Ángeles Jiménez –que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada y que también ha investigado el caso Nazarí– quedó listo para ser enjuiciado. En aquel documento, el tribunal provincial fijaba las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados en las ocho primeras sesiones señaladas, previstas para los cuatro primeros días de esta semana entrante y los días 11, 12, 13 y 18 de febrero.

Los testigos desfilarán ante los magistrados a partir del 19 de febrero y será el primero el particular Juan S. P., que ejerce una de las acusaciones en la causa. Ese mismo día, entre los siete testimonios que centrarán la mañana, estará el del empresario Abel Pizzaro, que reabrió la 'disco' con su segundo nombre (Sky Club) y está personado como perjudicado.

Otro de los nombres que sobresalen entre los testigos es el de Luis Gerardo García-Royo, que fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y que intervendrá, salvo que se produzcan cambios en el 'calendario' de la vista, el 11 de marzo. Ese mes, las sesiones las inaugurará (el día 2) un testigo clave tanto en esta causa como en la Nazarí: Jacobo de la Rosa, que fue director general de Urbanismo y que emitió un informe contrario a la discoteca ante las supuestas ilegalidades apreciadas.

Para la prueba documental y los informes finales de las partes, se han señalado los días 26 y 31 de marzo, así como los días 1y 2 de abril, en los que se prevé además que los acusados pronuncien la última palabra (un derecho que les confiere la ley).

En cuanto a las penas que la fiscalía solicita, reclama 8 años de prisión para cuatro de los encausados: el exregidor José Torres Hurtado, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, el exdirector de Obras Manuel Lorente y el promotor García Arrabal. Para la exdirectora de urbanismo en aquellas fechas, María Paz Spínola, y el interventor del Ayuntamiento, Francisco de Paula Aguilera, pide dos años de cárcel, mientras que para otros ex altos cargos de Urbanismo (Gaspar Navarro, Emilio Herrera y Agustín Belda) solicita seis años y medio de encierro.

Aparte de las acusaciones que ejercen el referido particular –exfuncionario de Urbanismo– y el empresario Abel Pizarro y Sky Club, en el caso Serrallo hay otras partes que han formulado cargos. El partido político VOX; la promotora del Nevada Shopping (General de Galerías Comerciales), el centro comercial que edificó Tomás Olivo en Armilla; y el Ayuntamiento de Granada completan el cartel de acusaciones.

En este asunto , la fiscal ha sido Sara Muñoz-Cobo, que acusa por delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación y tráfico de influencias, ilícitos a los que suma otro continuado de prevaricación. Entre los procesados habrá otras caras conocidas: las de los exediles que votaron a favor del expediente en la Junta de Gobierno Local celebrada en julio de 2012. Se trata de Juan Antonio Fuentes Gálvez, Francisco Ledesma, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera, María Francés y Juan Antonio Mérida.