El juicio del caso Serrallo, con 17 acusados y más de 70 testigos y peritos, se celebrará en Caleta

No se desarrollará en Plaza Nueva por el elevado número de procesados, abogados y procuradores, pues en las salas de vistas del Palacio de la Real Chancillería, donde están ubicadas las dos secciones penales de la Audiencia, no hay espacio para tanta gente. La vistá tendrá lugar en una sala de dimensiones especiales de la parte central del complejo judicial de la Caleta: la sala 'Antonio Angulo', que ya ha acogido otros macrojuicios.

La organización del enjuiciamiento del caso Serrallo, que fue instruido por la magistrada María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, ha quedado plasmada en una providencia, en se establece el orden de las declaraciones y los días que se reservan para los interrogatorios.

Para las cuestiones previas y los acusados, se han señalado ocho días de febrero, mientras que los 32 testigos previstos comparecerán entre los días 19 y 27 de febrero. El primero en declarar será J. S. P., un antiguo funcionario de Urbanismo que encendió la mecha del caso y que está personado como acusación particular.

Entre los testigos citados está el empresario Abel Pizarro, que se hizo con la discoteca por 415.000 euros en una subasta tras declararse los anteriores propietarios en concurso de acreedores. Las instalaciones, que reabrió con el nombre de 'Sky Club' y cerró meses después por orden judicial, fueron construidas por el constructor Roberto García Arrabal, que también figura entre los procesados.

La prueba testifical-pericial se iniciará los día 3 y 4 de marzo y la abrirá un testigo clave: Jacobo de la Rosa, exdirector general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Su testimonio es especialmente relevante porque fue el autor de un informe en el que advirtió de algunas de las presuntas irregularidades que finalmente llegarán a juicio. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, funcionarios de la UDEF y otros muchos testigos-peritos también desfilarán ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia.

La prueba pericial servirá para aclarar dudas de carácter técnico y ofrecer la visión de distintos expertos sobre las supuestas ilegalidades advertidas en este caso por la fiscalía y por las otras partes acusadoras, entre las que figuran el partido político VOX, el propio Abel Pizarro y la empresa General de Galerías Comerciales de Tomás Olivo.

Para la prueba documental y los informes finales de las partes se han fijado los días 26 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril. Será en esa última sesión en la que los acusados podrán ejercer su derecho a pronunciar la última palabra.

En la providencia, los magistrados de Plaza Nueva piden al Decanato de los Juzgados del Partido Judicial del Granada que tenga preparada la sala antes mencionada para este juicio, incluidos los medios técnicos para proceder a grabar las sesiones.

La fiscalía pide duras penas. La más elevada la pide para la excúpula de Urbanismo, encabezada por el exalcalde de la ciudad y la que fuera su concejala de Urbanismo en los últimos años, Isabel Nieto. Ocho años de prisión, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros es el castigo que la acusación pública solicita de forma provisional para ambos, así como para el exdirector técnico de Obras Manuel Lorente. Para el promotor de la obra, reclama idéntica pena y que no pueda recibir subvenciones, ayudas o incentivos públicos durante dos décadas.