A juicio un funcionario de Almuñécar por alterar presuntamente unas lindes
Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el hombre y más de seis años para la familia beneficiaria que engañó a propietarios de fincas en la localidad
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgará el 28 y el 29 de mayo a un hombre y a un funcionario del ... Ayuntamiento de Almuñécar por presunta falsificación documental y alteración de lindes. Los hechos se remontan al año 2007, cuando una familia habría engañado supuestamente a una conocida para modificar las lindes de una finca ubicada en el Barranco de la Golondrina de Almuñécar.
El fraude se habría producido con la intervención del funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, en poder de este medio, la pareja y su hijo, «bajo un plan previamente concertado y con el objetivo común de hacer surgir una nueva finca registral» promovieron un expediente catastral de rectificación. Para urdir este complejo entramado, la mujer, bajo el pretexto de arreglar la documentación relativa a los linderos de las fincas, acudió al domicilio de la propietaria afectada, que era una persona de avanzada edad y mujer de su primo. La señora confió en las buenas intenciones de su conocida, le firmó un papel en blanco y le entregó su DNI.
De esta manera, con la documentación obtenida y con unos supuestos planos que justificaban la nueva creación catastral, el matrimonio «siempre en connivencia y participación de su hijo», quien había recabado previamente la firma de otros propietarios, acudieron a la oficina de servicio municipal del Catastro del Ayuntamiento de Almuñécar con el objetivo de constatar la existencia de posibles errores en la superficie y titularidades de las fincas y de esta manera crear nueva finca catastral, invadiendo otros terrenos.
Ese expediente fue tramitado por otro de los acusados, funcionario del Ayuntamiento Ese expediente fue tramitado por otro de los acusados, funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar destinado en la gerencia territorial del Catastro Provincial de Granada, quien, de acuerdo con el ministerio fiscal, «con la connivencia y conocimiento del resto de acusados, sin las más mínima diligencia en el ejercicio de sus funciones, sin cerciorarse si todos los comparecientes habían entendido la naturaleza y el objeto de la firma, faltando a la verdad en la narración del expediente y suponiendo la intervención de personas que no acudieron a dicha comparecencia», dio lugar a que finalmente se originara la nueva finca cuya titularidad recaía en la familia acusada.
En el año 2015, la familia guiada «de un ánimo de ilícito beneficio», vendieron la finca a un tercero de buena fe. Por todos estos hechos, la fiscalía solicita para el hijo penas que computan en seis años y tres meses de prisión por los delitos de falsificación de documentos, alteración de lindes y un delito de estafa impropia.
El matrimonio, ya de avanzada edad, no será juzgado al haber surgido causas sobrevenidas que les hacen inimputables. La instrucción comenzó hace una década. Por su parte, el ministerio fiscal demanda cuatro años de prisión por falsificación documental y otros cuatro años de inhabilitación para el empleo de su cargo. La acusación particular la ejerce el abogado Onofre Miralles.
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