El juicio a la excúpula de la Alhambra por el caso de las audioguías arranca el día 9

Se sentarán en el banquillo la que fuera directora del PAG hasta 2015, María del Mar Villafranca; la exsecretaria del monumento, María Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa que explotaba el servicio de audioguías en las fechas investigadas (Stendhal Museum Solutions), A. A. L. R.; y J. M. V., exjefe de Contabilidad del PAG. Todos ellos siempre han defendido su inocencia.

Según detallaba el auto de apertura de juicio oral dictado en enero del año pasado por el juzgado que investigó las supuestas irregularidades (Instrucción 4), los posibles delitos que la fiscalía contempla en los hechos son tres: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

En concreto, la exdirectora y la exsecretaria del PAG se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de prisión como presuntas autoras de los dos primeros ilícitos. A los otros dos acusados se le acusa también de prevaricación y malversación pero como cooperadores necesarios. Además se atribuye por el ministerio público al empresario un posible delito de blanqueo de capitales y es por eso que es el acusado que se enfrenta a más años de cárcel: diez. Aparte, la fiscalía le pide un millón de euros de multa.

Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal no acusó en su escrito de conclusiones provisionales al exjefe de Contabilidad del PAG -el cargo que ocupó entre 2007 y 2008 fue exactamente el de Jefe de la Sección de Gestión Económica y Contabilidad-, pero se tendrá que sentar frente a los magistrados de la Sección Segunda del tribunal provincial por haber formulado cargos contra él otra de las partes acusadoras del caso: la Junta de Andalucía.

Los cuatro se enfrentan igualmente a penas de inhabilitación. Exactamente, la fiscalía reclama que se impongan a Villafranca y Chamorro 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la supuesta prevaricación y otros 9 años de inhabilitación absoluta por la presunta malversación.

Para el empresario, además de esas penas de inhabilitación como supuesto cooperador necesario de la prevaricación y la malversación, solicita por el presunto blanqueo otros tres años de inhabilitación especial «para el ejercicio de profesión o industria», así como «la clausura definitiva del establecimiento» donde presuntamente se cometió el delito. El establecimiento es la empresa ya reseñada, la antigua adjudicataria de la concesión del servicio, que antes se llamaba GTP Museum. A dicha entidad también la acusa la fiscalía y le reclama una multa de 21.900 euros (tres años de sanción con una cuota de 20 euros al día).

En la causa, en la que previsiblemente se pida por las defensas que se tenga en cuenta a favor de sus clientes lo mucho que ha tardado el caso en llegar a una sala de vistas, había más acusaciones. Además de la acusación pública que ha ejercido la fiscalía y de la particular que ha ejercido la Junta de Andalucía, están el Ayuntamiento de Granada y la acusación popular ejercida por el PP.

Esta última parte, el PP, se adhirió a al escrito de acusación de la fiscalía y, al igual que el ministerio público, reclama elevadas indemnizaciones, correspondientes al canon supuestamente «sin liquidar» de los equipos de audioguías individuales y de grupos en los años investigados, así como a descuentos supuestamente «indebidos» en concepto de prestación del Servicio de Información al visitante. Tan solo por esos conceptos reclama más de 1,2 millones de euros.

En este largo proceso judicial, que propició en 2015 la dimisión de la entonces exdirectora del monumento, llegaron también a estar investigados un empleado de la empresa adjudicataria Stendhal Museum, L. P. P.; el interventor del PAG M. G. P.; una jefa de Sección del monumento y un funcionario. Los cuatro fueron 'sacados' de la causa tras pedir la fiscalía el sobreseimiento para ellos.