La jueza instructora aprecia hasta nueve delitos en el doble crimen de los Yesos

La investigación se dirige contra cuatro individuos, dos varones españoles vecinos de Castell de Ferro, D. C. B. y C. A. G., y dos marroquíes en situación irregular en nuestro país, R. L. y H. E., que vivían de okupas en un inmueble de ese mismo municipio. Los cuatro se hallan en situación de prisión provisional, aunque los dos españoles se han desvinculado desde el principio de los crímenes y sólo han reconocido que acudieron al cortijo para perpetrar un robo.

IDEAL ha tenido acceso al auto que recoge la última novedad judicial en este proceso. Se trata de una resolución del Juzgado Mixto número 1 de Motril mediante la que la magistrada instructora transforma la causa en un procedimiento de la Ley del Jurado. Esto significa que será un tribunal popular, integrado por nueve ciudadanos legos en leyes, el encargado de enjuiciar a los cuatro presuntos implicados.

En el auto, la instructora acuerda además desligar de la doble ejecución de la pareja, cuyos cadáveres aparecieron degollados en un barranco próximo al cortijo, los robos sufridos con anterioridad por José en su cortijo y en los que presuntamente estuvieron igualmente implicados los cuatro investigados.

Así, acuerda que se remita a otro juzgado de Motril para su investigación por separado la sustracción sufrida por José el día 15 de ese mes, tres días antes de su ejecución, la cual denunció ante la Guardia Civil de la Mamola. También se instruirá aparte otro robo con violencia sufrido por la víctima el 25 de febrero y una presunta extorsión ocurrida en el mes de diciembre de 2022 y atribuida a los investigados.

Junto a ello, dispone que se investigue igualmente aparte un posible delito contra la salud pública, pues en el registro que se practicó en el doomicilio donde vivían de okupas los dos marroquíes se hallaron 800 gramos de hachís, una sustancia que, supuestamente, «poseían con la finalidad de donación o venta a terceros».

Al transformar el caso a un proceso con tribunal popular, la jueza cita además a los cuatro investigados a la comparecencia que establece la Ley del Jurado para darles traslado de los delitos que se les atribuyen. Este acto se desarrollará el próximo 21 de junio, a las 10.00 horas. Los cuatro deberán comparecer asistidos de abogado. También han sido convocados el ministerio fiscal y las demás partes acusadoras.

En este último auto, en la lista de ilícitos presuntamente cometidos por los investigados, se incluye expresamente un posible delito contra la indemnidad sexual cuya presunta comisión se atribuye solo a los dos marroquíes. Y es que, de acuerdo con el terrible relato de hechos que contiene, Carmen fue desnudada por estos mientras estaba atada de pies y manos y sufrió tocamientos.

En cuanto al delito contra la seguridad vial, solo se imputa a uno de los marroquíes que condujo esa noche los vehículos de las víctimas pese a que «carecía de permiso de conducir».

La resolución describe una horrible secuencia de actos violentos y crueles que culminó con la doble ejecución. Tanto José y Carmen fueron atados y sentados en sillas. Les taparon las cabezas con trapos y los colocaron sentados con las espaldas enfrentadas. A él, presuntamente, lo torturaron para que les dijera dónde guardaba el dinero. A ella, «sin emplear el grado de violencia empleado» con José, «también le exigieron repetidamente y bajo amenazas que les entregase dinero».

La jueza detalla que, presuntamente, los investigados «sustrajeron del bolso de Carmen 100 euros en efectivo y varios décimos de lotería». Tras matar a la pareja, los envolvieron en mantas e introdujeron los cuerpos en una furgoneta.

«De inmediato, los investigados, procedieron a limpiar el cortijo evitando que quedase en él cualquier resto de sangre o indicio de su presencia. Después de la limpieza, y antes de abandonar el cortijo, los investigados sustrajeron los móviles y la documentación personal de D. José y de Dª Carmen, así como varios aparatos eléctricos, varias prendas de ropa y comida que había en el cortijo».

Luego arrojaron los cuerpos por un barranco situado a un kilómetro del cortijo y con una pendiente muy pronunciada. Fue un vecino de la zona el que los observó y dio aviso a la Guardia Civil, cuyas eficaces gestiones derivaron en la detención de los cuatro presuntos implicados.