La jueza «no ve indicios» contra el subinspector por presunto uso indebido de Viogén

El pasado mes de marzo declaraban en el juzgado cuatro agentes en calidad de investigados y en septiembre se citó a varios testigos a comparecer. En este caso se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos después de que presuntamente los agentes accedieran de forma «injustificada» a los datos de la expareja de este oficial, que ha sido recientemente relevado como jefe de estudios del cuerpo de seguridad municipal para destinarlo a tareas de archivo, en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima. La mujer expresaba que su expareja, sobre la que pesa una orden de alejamiento de 500 metros y que acumula una decena de denuncias y detenciones por quebrantamiento, lograba acceder a ella y aseguraba que podría estar recabando información a través del sistema, o bien mediante el uso de las claves de su compañeros o con el acceso voluntario por parte de estos agentes. Por esta razón, la Guardia Civil solicitó una auditoria del sistema Viogén a la Secretaría de Estado de Seguridad. El Instituto Armado «ante la evidente brecha de seguridad que pudiera existir» pudo conocer que los puestos de la Guardia Civil de Láchar, Colomera, La Zubia, Sierra Nevada, Padul, Vélez de Benaudalla, Armilla, Atarfe, Moclín, Gabia e Íllora habían efectuado consultas y, en cada caso, se justificaron. De igual forma, se procedió con la Policía Local de Armilla, donde el agente que lleva a cabo las consultas era también el autorizado.

Sin embargo, la Benemérita consideró que en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas». Un agente de la Policía Local de Granada ha consultado en hasta 37 ocasiones el expediente, pero de acuerdo con el cuerpo policial estaba autorizado. Alegaron que sus consultas eran para trasladar a Servicio de Asuntos Internos la información dado que el agresor se corresponde con un agente del cuerpo con un expediente disciplinado abierto, además de evaluar el riesgo para la víctima.La Guardia Civil destaca en sus diligencias que por el lugar de residencia de la víctima el seguimiento corresponde al instituto armado y estima que las consultas efectuadas por los policía locales «están injustificadas».