La jueza emplaza hoy a los abogados a pactar la entrega del hijo de Juana Rivas sin espectáculo

En una providencia, el juzgado de familia acordó demorar el intercambio «por las dificultades»,«vistas también las circunstancias que se comunican por funcionarios y técnicos del punto de encuentro familiar». El tribunal pide recabar con carácter urgente «un informe del personal que han intervenido en la diligencia con el menor, sobre el lugar, condiciones y modo en que podría tener lugar la efectiva entrega salvaguardando su interés superior y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio». El niño, por decisión judicial, ha vuelto con su madre hasta que se pueda concluir la ejecución de la orden de los tribunales italianos. La jueza de familia que dicta la resolución indica que «es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción».

El tribunal especifica que deberán personarse hoy «exclusivamente» en el juzgado los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas para efectuar los trámites pertinentes previos a la nueva entrega. La paralización temporal de la devolución del pequeño a Arcuri, quien ostenta la guarda y custodia, se producía después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara admitir a trámite la medida cautelarísima que demandaba Juana Rivas para suspender el regreso del menor a Italia.

Los magistrados de la Sección Segunda del TC, José María Macías como ponente, Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campo, consideraron de forma unánime que la demanda del bufete Aránguez, que representa a Rivas, «es prematura», dado que la resolución judicial que ordena el regreso del niño a Italia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, por lo que el proceso sigue todavía la vía ordinaria.

En una nota informativa, el tribunal indicaba además que en la demanda existe falta «de especial trascendencia constitucional», y además no cumple con los requisitos formales «porque no se ha acreditado el poder de representación del procurador». Aunque este último defecto es subsanable, el Constitucional no ha considerado oportuno reclamar su corrección por concurrir los otros dos impedimentos.

Minutos antes de conocer la decisión del Constitucional, Arcuri llegaba a pie al punto de encuentro familiar. Se dirigía a las decenas de televisiones y periodistas allí congregados para pedir «respeto». El sardo acudía a la cita acompañado por dos cónsules italianos y su abogado. Inmediatamente dejó atrás el umbral de la puerta del centro mientras aguardaba la hora de reencontrarse con su hijo tras siete meses.

Diez minutos antes de que finalizara el plazo acordado, que se fijó entre las 10 y las 11 de la mañana, Juana Rivas aparecía con el menor en una calle cortada al tráfico y regulada por la Policía Nacional. La madre de Maracena recorrió agarrada a la directora del Centro de la Mujer de la localidad, Francisca Granados, ese largo paseíllo que los separaba del centro. En la comitiva se encontraban miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M y también una delegada remitida por el Ministerio de Infancia y Juventud, cuya titular en la mañana del lunes se reunió con el menor y pidió la suspensión de la entrega hasta que se esclarezca en Italia la causa por presuntos malos tratos.

El hijo mayor de Rivas, de 19 años, le daba la mano a su hermano, que parecía completamente aturdido. Rivas entró al edificio y en la puerta se quedaron sus hijos, expuestos ante los medios. Algunos familiares le daban instrucciones y se despedían del pequeño. La confusión del menor fue mayúscula ante el despliegue y rompió a llorar. Una imagen que consternó a la sociedad pública y al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Quince minutos después, la tensión escalaba. Llegaba a la zona una ambulancia medicalizada. La asesora de Juana Rivas regañaba a los medios de comunicación y pedía no grabar la salida de la madre de Maracena, quien habría sufrido una crisis de ansiedad. La mujer salió caminando y los sanitarios la trasladaron a un hospital cercano.

Las horas pasaban con extrañeza hasta que con paso apresurado y en solitario Arcuri salía del centro para montarse en el coche de su abogado sin pronunciar palabra. Por la puerta contigua del punto de encuentro, el menor salía minutos después en compañía de su hermano.

El equipo de abogados de Juana Rivas celebraba la suspensión temporal de la entrega. «Estamos a tiempo de escuchar a Daniel, un menor de edad de 11 años con madurez suficiente para explicar su sufrimiento», remarcó Carlos Aránguez. Previamente, Paca Granados y el letrado Juan de Dios Rámirez criticaron las últimas decisiones judiciales de la Audiencia y el Constitucional que no le eran favorables.

Por su parte, la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, reiteraba que el ministerio cree al menor. «Un niño sabe cual es su lugar seguro y él ha dicho a la entrada del punto de encuentro tengo miedo porque me van a matar», manifestó a los medios de comunicación.

Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, declaraba a que los tribunales italianos han escuchado sobradamente e incluso en 30 ocasiones al menor. La última vez en diciembre. «La madre ha tenido aislado al niño siete meses y cada uno que opine lo que quiera», remachó. «Tuvimos que poner una ejecución forzosa para poder recuperar al menor. Hace ocho años cuando pasó lo mismo en el punto de encuentro familiar fue un momento de tensión hasta que los niños volvieron a abrazar a su padre, aunque hoy el mayor dice las cosas que dice. Esperamos que el viernes la entrega se produzca sin coacciones», lamentó.

Este intercambio por ahora frustrado deja una sensación de 'dejavú'. Es otro verano más donde Juana Rivas marca la agenda mediática. En julio de 2017, en los primeros compases de un largo proceso judicial que acumula ya un rosario de pleitos en España e Italia, un juzgado de familia de Granada tomó también una decisión similar y ordenó la entrega de los dos niños al padre.

El equipo jurídico advirtió que agotarían todas las vías y no se rendirían en su lucha para que el menor se quedara en Granada. Y la nueva resolución judicial les abre un horizonte de 48 horas para intentarlo.