El caso de Juana Rivas será el primero de sustracción de menores en llegar al Tribunal Supremo

Será así la primera vez que el Supremo se pronuncie sobre un asunto de estas características tras la entrada en vigor del nuevo recurso de casación previsto en la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que hasta ahora el recorrido procesal terminaba en las Audiencias Provinciales, según han detallado a Europa Press fuentes del Supremo.

Todas las materias nuevas de casación sobre las que nunca antes se ha pronunciado el Supremo se abocan a pleno a fin de fijar criterio y en lo relativo a la sustracción de menores será con el caso de Juana Rivas y un segundo asunto por este mismo delito que se abordará en el mismo pleno de la Sala Segunda, para el que aún no hay fecha.

Así, en una providencia de este pasado lunes 15 de febrero, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, expone que «haciendo uso de las normas de reparto vigentes en el presente año se suspende el señalamiento acordado para el 17 de febrero» a fin de que se proceda a nuevo señalamiento para Pleno «cuando por turno corresponda». De este modo, la deliberación del recurso de Juana Rivas se llevará a cabo finalmente por todos los magistrados que componen la Sala de lo Penal del Supremo.

Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, después de que decidiera sacar a sus dos hijos de Italia --país en el que tienen fijada su residencia habitual-- alegando ser víctima de malos tratos para llevarlos a España, donde en verano de 2017 llegó a pasar un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

Esta madre de Maracena (Granada) ha defendido en su recurso ante el Supremo que actuó por una «causa justificada» como fue «proteger a sus hijos» y no para perjudicar al padre, incidiendo en la denuncia que presentó contra él en julio de 2016, tras abandonar Italia con los niños, por presunto maltrato.

Su defensa alude a «la falta de coordinación entre la Justicia italiana y la española» y mantiene que «si no se ha acreditado una situación de maltrato continuado (...) no ha sido por la falta de diligencia de Juana Rivas, sino por el hecho de que las denuncias interpuestas por ella no han obtenido una respuesta judicial firme».

La defensa de Rivas ha pedido su libre absolución o que, en su defecto, se le rebaje la pena como autora de un único delito de sustracción de menores y no de dos, extremo que ha apoyado la Fiscalía del Supremo, lo que reduciría la pena de cárcel a la mitad.

Una vez se pronuncie el Alto Tribunal, y siempre que no se la absolviera, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que la condenó en primera instancia, pediría la ejecución de la condena y el ingreso en prisión, al ser una pena superior a los dos años, lo cual sucedería, en su caso, una vez se posicionaran las partes e independientemente de que ella iniciara los trámites para solicitar un indulto.

La justicia italiana archivó en febrero de 2020 las ocho denuncias que Juana Rivas había presentado por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus hijos y en la que se basó para no devolver a los niños al padre incumpliendo las resoluciones que le obligaban a hacerlo.

Este archivo afectó tanto a las denuncias que esta madre presentó en Italia como en España y que fueron derivadas posteriormente al país alpino por haber sucedido supuestamente allí los hechos. El archivo del tribunal se basó en la ausencia de pruebas y la «inconsistencia» del relato, según expuso la jueza, que también aludió a la «manipulación» de los dos hijos contra el padre, quien actualmente ostenta la custodia en exclusiva de los niños. Juana Rivas puede verlos en cumplimiento del régimen de visitas que fijó el juzgado.