Juana Rivas pedirá que se escuche a su hijo menor en la investigación por supuesta sustracción

Arcuri, que está citado de manera telemática este miércoles por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que lleva la investigación contra Rivas, para ratificar la denuncia por supuesta sustracción, la interpuso, según han apuntado los abogados de Rivas en nota de prensa, el pasado 13 de marzo. «Esta gravísima acusación supone una excelente oportunidad para que Juana y sus hijos puedan escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados», mantiene el letrado Carlos Aránguez.

El abogado de Rivas ha detallado en esta nota de prensa que van a solicitar que se escuche en España al menor, de once años, en este procedimiento. «Lejos de la amenaza de su padre, volverá a contar lo mismo que ya relató el 7 de enero de este año: que su vida junto a Arcuri es un infierno», mantienen los abogados de la madre.

Según Aránguez, «el fondo del asunto, lo esencial en este nuevo procedimiento, va a ser decidir si la jueza de guardia que amparó» al niño «el día 7 de enero de 2025, y si el incumplimiento por parte de Juana de la orden del tribunal civil italiano que obligaba a restituir al menor» estuvieron «amparados por la necesidad» de defenderlo, ha mantenido el abogado, «de la violencia física y psíquica ejercida de forma sistemática por su padre».

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada tiene previsto recibir este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en esta investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos.

La citación tiene su origen en una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, en la que se citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial. El 22 de septiembre se citaba a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante, si bien fue aplazado a este 8 de octubre, según fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por «dificultades en la tramitación de la personación de sus representantes legales».

Estas citaciones se producen a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada «considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia», ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia. El pasado enero la autoridad judicial suspendía de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad.

Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara «el terror» de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. Hay una audiencia en este proceso fechada para el próximo 23 de octubre tras el aplazamiento que se producía este pasado jueves por una cuestión procesal presentada por Arcuri en relación con la representación del menor en este juicio.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.