Investigan a seis policías locales por una presunta trama de amaño de oposiciones

La operación se desencadenó después de que en las últimas semanas se conocieran una serie de audios en los que mandos de la Policía Local aludían a presuntas irregularidades llevadas a cabo en diferentes convocatorias. En las grabaciones, publicadas por IDEAL y 'The Objective', los agentes referían cómo se había dado el 'cambiazo' al examen de uno de los aspirantes, hijo de un cargo policial, para beneficiarlo o cómo otro de los candidatos daba instrucciones sobre cómo debían ser las preguntas de las pruebas a las que él mismo iba a presentarse para promocionar en la escala. De las conversaciones también se deducían otros posibles casos de 'enchufismo' para beneficiar a familiares de agentes en las oposiciones. Como informó este periódico, las presuntas irregularidades estaban siendo investigadas por el juzgado de instrucción número 4 de la capital.

Bajo mandato judicial, los investigadores entraron en las dependencias policiales a primera hora de la mañana. Según ha podido saber este periódico, las pesquisas, que se extendieron durante casi ocho horas, se centraron en los despachos de los mandos investigados, entre los que se encuentran el jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, y uno de los intendentes, así como otros cuatro efectivos. Como refieren las fuentes consultadas, los miembros de la UDEF buscaron documentación en formato físico, pero también procedieron al volcado del contenido de distintos ordenadores.

En paralelo, otros investigadores registraron las oficinas de Contratación, que se ubican en los Mondragones. Fuentes consultadas por este periódico confirman que los agentes requirieron la presencia de todos los trabajadores del área, aunque la indagación se centró en dos de los funcionarios en relación con un contrato para la contratación de un psicólogo para las pruebas selectivas de la Policía Local convocadas en 2019.

Los investigadores se personaron también en Albolote. Esta actuación, según las fuentes consultadas, consistió en un requerimiento de documentación sobre las oposiciones para la incorporación de cuatro agentes. Se trata de un proceso que estaba en marcha hasta la semana pasada, cuando el equipo municipal ordenó su suspensión ante las sospechas de amaño.

Toda la información obtenida fue remitida a la magistrada que dirige la investigación, Susana Álvarez Civantos. La pieza se abrió tras el verano de 2023 a raíz de la denuncia de un sindicato policial contra uno de sus antiguos responsables, al que acusaba de un presunto delito de apropiación indebida.

Durante la investigación de esa denuncia, la jueza tuvo acceso a pruebas de las que se desprendía, según obra en el auto de aquel caso, un «presunto fraude» en los procesos selectivos. Por este motivo, recomendaba la investigación de los hechos «por si pudieran ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, extorsión, cohecho y prevaricación».

Esa pieza separada, que recayó sobre la misma magistrada y está bajo secreto de sumario, fue ampliada hace apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Granada remitiera a la fiscalía las noticias publicadas con los audios de los policías sobre la presunta trama de amaños. Asimismo, se incorporó también la grabación avanzada por este periódico en la que un miembro del tribunal reconocía haber sido testigo de presuntas irregularidades en las oposiciones de 2022.

A la investigación se sumó también toda la documentación de Albolote. El gobierno de la localidad informó a la fiscalía después de que se hiciera público otro audio que recogía una conversación en la que se daba instrucciones a uno de los miembros del tribunal para beneficiar presuntamente a uno de los candidatos.