Un niño granadino de dos años vive en una cárcel de Colombia con su madre

La mujer, que nació en Granada en 1985, fue detenida en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla de Cali con un kilogramo de droga encima. Actuaba como mula. Eso fue en abril de 2017 y, tras su arresto, fue conducida a la cárcel de Jamundí. La justicia colombiana le impuso 36 meses de encierro, una pena que está cumpliendo allí junto al menor. Recientemente -a finales de julio-, madre e hijo recibieron una visita que puede cambiar su devenir: la de los responsables de la Fundación +34, quienes se han propuesto lograr un futuro mejor para el niño.

El pequeño J. nació en agosto de 2016 y acaba de cumplir dos añitos. Prácticamente ha crecido entre barrotes, alejado de sus raíces, de su ciudad natal, y demasiado cerca de personas que obviaron lo prohibido y de ambientes poco recomendables. Para que su futuro no sea incierto, para que el pequeño J. pueda tener las mismas posibilidades que cualquier otro niño, la Fundación +34 va a iniciar un camino que empieza aquí, con este reportaje.

Javier Casado es el director de la Fundación +34, que presta asistencia a los presos españoles que están desamparados en cárceles de otros países. Cuenta con más de 400 voluntarios españoles que residen en todo el mundo y está integrada por personas que conocen de primera mano «el drama personal y familiar que supone estar encarcelado en el extranjero». Actualmente, 947 españoles lo están. Para ayudar a J. los siguientes pasos que dará la fundación serán recabar el apoyo del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Junta de Andalucía. Ahora toca llamar a puertas y descolgar teléfonos para que J. crezca rodeado de sonrisas, de golosinas que sepan de verdad a golosinas, y no en un contexto de inseguridad.

Según explica Casado, son dos las opciones que la mamá y este pequeño de sonrisa cautivadora tendrían. Una, la primera, sería cumplir el resto de la condena en «arresto domiciliario», pero en una vivienda situada en la periferia de Cali, donde el riesgo acecha en cada esquina. La segunda es que ella y su hijo sean trasladados a una prisión española, pues las condiciones de las cárceles de aquí nada tienen que ver con las de allí.

El cambio de país es la opción por la que aboga la fundación, que entiende que sería lo mejor para el pequeño . «Es una situación delicada», admite Casado, pues al no tener la granadina a nadie en Cali, y carecer de recursos económicos, se vería abocada a recurrir a su entorno penitenciario y en las barriadas que se barajarían para un eventual arresto de este tipo el niño «sería doblemente vulnerable» por lo que le rodearía.

«Primero hay que luchar para que el juez le otorgue el arresto domiciliario y esta madre tenga que cumplir lo que queda de condena con el niño fuera del penal (...). El problema es que son barrios muy peligrosos, en los que ese niño encima es el diferente, es un niño de raza blanca, y no es el mejor sitio donde estar», subraya el director. Por eso, dado que el arresto domiciliario es por ahora la opción más plausible, la fundación está allí en contacto con una asociación española y con el cónsul adjunto de Cali para intentar buscar un domicilio «en un área donde la seguridad y los servicios estén más próximos, para que al menos otras personas externas lleven al niño al parque, a la guardería...». En definitiva, para que J. haga una vida normal aunque su madre no pueda salir.

La madre prefiere la opción del arresto domiciliario, ya que implica salir de prisión y estar en una casa, pero para el niño «lo mejor es el traslado», sentencia Casado. La granadina tiene por lo visto familia en Granada, pero las relaciones no son precisamente buenas. Tiene además un segundo hijo, de unos seis años, el cual quedó en su día bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

No es la primera vez que se logra traer al país a presos que están encerrados en otros puntos del mapa. Casado recuerda, por ejemplo, el caso de la joven Alejandra Pozo Martín, que se encontraba en arresto domiciliario con sus cuatro hijos en Medellín -también en Colombia- y fue trasladada en 2016 a España en un vuelo fletado por la agencia Frontex, el organismo encargado de la cooperación entre países sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea, como informó en su día la agencia Europa Press.

La Fundación +34, que nació en Valladolid en 2014, centra su labor en asesorar a las familias y trabaja, como recogen en su web, por la calidad de vida y reinserción de los presos que están fuera de España y siempre y cuando no estén encerrados por delitos de sangre, delitos sexuales o delitos de terrorismo.

«No busca, asigna o recomienda abogados para el ejercicio de la defensa de un encarcelado, ni realiza gestiones para su liberación», especifica. Hoy por hoy, gracias a su red de colaboradores, da soporte, además de en Colombia, en Australia, Canadá, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Inglaterra, Alemania y Francia. «Nuestro trabajo es meramente asistencial y velamos por que a los españoles no les falten las condiciones mínimas para el fin último: que es traerles a España para cumplir condena», explica el director, antes de destacar que en los últimos cinco años más de 80 españoles han fallecido en cárceles extranjeras.

El equipo que Casado dirige supo de la detención de la granadina a través de un español residente en Cali, que se enteró «por las noticias». Rápidamente, como en Bogotá la fundación tiene un grupo muy importante de voluntarios, se pusieron en marcha. Uno de ellos se subió a un avión con destino a Cali y comprobó que efectivamente ella estaba allí junto al pequeño J., así como con otros cuatro españoles. La ayuda se activó de inmediato.

Habrá que esperar aún para saber cuál será el final de aquel viaje que J. nunca debió hacer. «Sabemos que la situación es muy complicada, muy complicada, pero como te prometimos (...), campeón, lucharemos por que tengas las mismas oportunidades que cualquier otro niño de una de las ciudades más bonitas de España, Granada», es la promesa que le ha hecho la fundación a J. a través de Facebook.