Los impuestos de compraventa y sucesiones subirán en 92 municipios

La horquilla de los nuevos cambios es muy amplia. Sólo dos municipios de la provincia, Huétor Vega y Albondón, no verán modificados en absoluto el coeficiente que se aplica al valor catastral de los inmuebles. En 92, más de la mitad de las localidades, se producirá un incremento que alcanza, en algunos casos, el 60%. En el resto, otros 78 pueblos, habrá bajadas en el valor del coeficiente de hasta el 47%.

De los datos, que publica la propia Junta de Andalucía en un anexo al testo legislativo, se desprende que una de las zonas donde más variarán los valores aplicables a la hora de cobrar estos dos impuestos será en los municipios de la zona de la Alpujarra. Entre ellos están muchos de los que sufrirán un mayor aumento de este coeficiente, como ocurre en el caso de Pampaneira, donde más crece, con un 60%, pero también otros como Capileira, Trevélez o La Tahá, Busquístar, Soportújar o Bubión. Pero también es posible encontrar pueblos alpujarreños en el lado contrario de la lista. En Almegíjar, por ejemplo, limítrofe con La Tahá, se aplicará el mayor descenso de este número en toda la provincia de Granada, de un 47,1% en términos relativos. También Órgiva y Pórtugos están entre los diez donde este índice se ha recalculado más hacia abajo.

Según el texto de la Orden autonómica, firmado originalmente por la hoy ministra de Hacienda socialista, María Jesús Montero, la principal causa de los movimientos hay que buscarla en «la evolución del mercado inmobiliario» en los últimos años. De ahí la disparidad en el reparto, incluso entre los municipios de una misma zona de la provincia. Los lugares donde más se ha reactivado el mercado inmobiliario, ya sea por razones económicas, de población o por un relanzamiento del sector del alojamiento turístico, como ocurre en algunos de los casos de la Alpujarra son, por lo general, quienes verán subir más los impuestos que paguen por transacciones inmobiliarias o por sucesiones y donaciones.

En lo que respecta a las cabeceras de comarca de la provincia, todas ellas verán reducido el coeficiente, desde el 2,27% de Baza hasta el 13,27% en términos relativos que se aprobará en la capital granadina, el gran municipio de la provincia más beneficiado por estos cambios.

Si se atiene a los términos promedios, sin embargo, la diferencia global en Granada sobre los últimos valores de este coeficiente, que se aprobaron por una orden similar en el año 2016, la cosa no ha variado mucho. El aumento en este sentido es del 2,13%, lo que implica que más que un aumento generalizado lo que articula esta orden de la Junta es un reparto más ajustado al mercado de lo que cada uno paga.

En cualquier caso, el dato se encuentra muy lejos del registrado en provincias como Málaga, donde alcanza el 12,05%. Es precisamente esta la provincia que lidera el crecimiento de los coeficientes aplicables a los valores catastrales en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, principalmente porque ha sido el lugar donde más se ha reactivado el mercado inmobiliario en los últimos años, en los que se ha vivido una leve recuperación económica.

Una de las principales novedades que se ha aplicado en el cálculo de estos nuevos valores, que entrarán en vigor, si todo va según lo previsto, el próximo 1 de enero, es el cambio metodológico ayudado en un nuevo sistema de software que toma información de diversas fuentes públicas y privadas sobre el mercado inmobiliario para conseguir llegar a un resultado lo más ajustado posible a la situación real del mercado.

Así lo describe el propio texto de la Orden autonómica: «Se ha desarrollado una aplicación informática específica sustentada en una base de datos que permite la incorporación y tratamiento de datos de las distintas fuentes de información utilizadas en el proceso de cálculo, garantizando de este modo el ajuste a la realidad del valor real inmobiliario».

Los cambios en estos dos impuestos afectarán a todos los inmuebles de uso residencial, de oficina, de almacenamiento, comercial -excepto mercados y supermercados- e incluso industrial, excluyendo las fábricas y los servicios de transportes.