La huelga de los secretarios ha provocado ya 425 suspensiones de juicios en Granada

Según fuentes de los LAJ de Granada consultadas por IDEAL, la cifra total indicada se desglosa en 202 juicios civiles, 110 juicios de los juzgados de lo Social, 42 juicios penales, siete juicios contencioso-administrativos, 60 declaraciones de penales, así como cuatro actos de jurisdicción voluntaria. Estos datos son, no obstante, a la baja, pues aunque se trata de cifras contrastadas y recabadas de los juzgados, al cierre del balance efectuado faltaba la comunicación de algunos de los órganos judiciales de la provincia.

Por su parte, el decano del Partido Judicial de Granada, Alberto del Águila, ha detallado a este diario que entre los días 24 y 27 de enero se tuvieron que suspender, por la ausencia del LAJ, 79 juicios en los órganos civiles de la capital, mientras que en los que ventilan los asuntos de naturaleza laboral, como demandas por despido o litigios relacionados con los salarios, se han producido 88 suspensiones. En el resto de juzgados el paro no ha dado lugar a «incidencias significativas».

En declaraciones a IDEAL, el LAJ de Granada Alberto Bravo, del Juzgado de Primera Instancia 14, ha destacado que no por parte del Ministerio de justicia no ha habido «ningún intento de aproximación». No ha sido convocado «ni tan siquiera el comité de huelga para abordar el problema». Y ello «pese a los llamamientos que en este sentido se están haciendo desde los colectivos afectados, especialmente desde los colegios de abogados, procuradores y de graduados sociales».

En este marco, Bravo y sus homólogos esperan el «cumplimiento de los compromisos asumidos expresamente por parte del Ministerio en abril del pasado año» y así poner fin «a esta situación no deseada».

Aunque fue a partir del día 24 cuando los LAJ iniciaron la huelga indefinida, las movilizaciones del colectivo para reclamar un ajuste retributivo, entre otras reivindicaciones, comenzaron en noviembre. En concreto, hubo jornadas de paro los días 29 y 30 de noviembre, y los días 14 y 15 de diciembre, con un gran seguimiento.

El porcentaje de seguimiento en Granada durante la primera jornada de paro indefinido (el 24 de enero) superó el 40 por ciento (fue de un 40,57), mientras que a nivel nacional supero el 80 por ciento. El porcentaje ha sido similar en los días siguientes en Granada: el día 25 fue del 37,5 por ciento, mientras que el 26 alcanzó el 40,98 por ciento, según fuentes oficiales.

Los LAJ han protagonizado en la capital, frente a las sedes judiciales de la Caleta y de Plaza Nueva, ya varias concentraciones. La última ha tenido lugar este mismo miércoles, a las 11.30 horas, frente al Palacio de la Real Chancillería, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Granada, aunque en esta ocasión había sido convocada a nivel provincial (en la provincia hay unos 80 LAJ).

Además de este acto, en el que se ha facilitado a los medios de comunicación el balance de suspensiones hasta el 31 de enero, los LAJ que secundan la protesta han colgado sus togas del edificio judicial de Plaza Nueva.

La huelga indefinida fue convocada a nivel nacional ante el «incumplimiento» del Ministerio de Justicia para con estos profesionales, a quienes se ha ido encomendando nuevos cometidos a raíz de las reformas legislativas de los últimos años sin ajustar sus salarios. Las asociaciones convocantes son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Los principales 'damnificados' por la protesta 'sine die' de los LAJ son, como se ha dicho, los ciudadanos con actos procesales fijados en estas fechas, aunque también el resto de operadores jurídicos. Precisamente este miércoles el Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) que comunique diariamente y con antelación suficiente los juzgados y tribunales afectados por el paro laboral para reducir los perjuicios que las suspensiones causan a profesionales y justiciables.

En su escrito, el ICAGR muestra la preocupación de la abogacía por las repercusiones que están teniendo las suspensiones de los señalamientos ya programados en la agenda judicial, tales como juicios, vistas, comparecencias o declaraciones.

El documento, firmado por el decano de la corporación, Leandro Cabrera, denuncia «la falta de comunicación existente» en cuanto a los actos procesales afectados por el paro laboral, «lo que impide que se pueda informar a los colegiados con la mínima antelación necesaria de las suspensiones», informa la entidad colegial en un comunicado.

Por ello, el ICAGR ha trasladado al alto tribunal andaluz que esta situación está provocando que numerosos profesionales (abogados y procuradores), justiciables y ciudadanos en general (testigos, peritos, etc.) se tengan que desplazar desde sus localidades a los juzgados y tribunales sin tener certidumbre de si los juicios, declaraciones o comparecencias se van a celebrar, «con los gravísimos perjuicios» que ello acarrea.

El perjuicio es tanto económico, pues hay que soportar gastos de desplazamiento y alojamiento en ocasiones, como de pérdida de tiempo, pues son muchos los ciudadanos que tienen que pedir permiso en sus trabajos para poder acudir a un enjuiciamiento, «con la consiguiente frustración, desconfianza y recelo que ello provoca respecto al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia».

El Colegio de Abogados de Granada deja claro que no cuestiona el derecho a la huelga ni las razones que ha llevado al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a esta movilización. Tampoco la decisión que cada uno de dichos profesionales adopte libremente respecto a la huelga.