Hosteleros granadinos reclaman 32 millones al Gobierno por las pérdidas del estado de alarma
La Federación provincial de Hostelería y el bufete HispaColex inician la batalla legal y anuncian una segunda oleada de reclamaciones ante la Junta
La ley que regula el Estado de Alarma contempla indemnizaciones para quienes hayan sido un instrumento para la consecución del ingerés general y los hosteleros, ... que fueron unos de los grandes «sacrificados» han iniciado la batalla legal para reclamarlas.
«Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». A este artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, se han aferrado un total de 512 empresas de hostelería granadinas para reclamar al Gobierno central una suma total de 31,8 millones de euros por el lucro cesante de sus negocios durante el tiempo que estuvieron cerradas obligatoriamente.
«El Gobierno no ha tenido la culpa de la pandemia... pero la hostelería tampoco. Si usted nos quita una cosa, tiene que restituirla, nosotros apelamos al código napoleónico», ha señalado el secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Antonio García en la presentación de esta reclamación contra el Gobierno que han realizado sus asociados a título individual «porque la ley española no permite una reclamación conjunta por parte de la Federación».
Las demandas por responsabilidad patrimonial del Estado se han canalizado en Granada a través del bufete HispaColex, que lleva meses trabajando en los procedimientos en colaboración con la Federación provincial de Hostelería y Turismo y se han dirigido contra el Gobierno para reclamar lo que estas empresas dejaron de ingresar desde el 14 de marzo al 18 de junio, esto es, durante el periodo del primer estado de alarma.
La posibilidad de reclamar al seguro
Los hosteleros que no haya reclamado ante el Gobierno por el lucro cesante por el primer estado de alarma -el plazo ya se ha agotado- aún tienen dos oportunidades para intentar paliar sus pérdidas. Una es presentar una reclamación ante la Junta por el lucro cesante del segundo estado de alarma y sumarse a la segunda oleada de reclamaciones que prepará HispaColex y la tercera es reclamar a las compañías aseguradoras en el caso de que se tuviera suscrito un seguro de pérdida de beneficio por paralización de actividad. Hay que revisar póliza a póliza y comprobar si bien de forma autónoma o dentro de la póliza multirriesgo del negocio se contempla esta posibilidad. López y García de la Serrana ha explicado que a raiz de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gerona el 3 de febrero de 2021, que condenó a una aseguradora a pagar 600 euros a una pizzeria por un cierre por la covid, se considera que las aseguradoras deben indemnizar al cliente «siempre y cuando la misma figure como cobertura autónoma en las condiciones particulares y no conste en las condiciones generales firmadas». La reclamación al seguro es perfectamente compatible e independiente, según el letrado, con la reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Estado.
El fundador y director del bufete granadino, Javier López y García de la Serrana, ha explicado ante los medios de comunicación que el 1 de junio quedaron presentadas ante el Gobierno central las 512 reclamaciones previas administrativas de Granada, el 63% de ellas de empresas de hostelería y la gran mayoría adheridas a la Federación.
A partir de ahora, el Gobierno tiene seis meses para contestar. Si no lo hace, el bufete presentará un recurso contencioso administrativo frente a la sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la que enjuicia al Gobierno.
Se trata de una estrategia para sortear juzgados y tribunales locales y acortar los plazos, ya que al ir dirigida la reclamación contra el Gobierno se dirime directamente en el Supremo que puede, además, sentar doctrina jurisprudencial al respecto.
López y García de la Serrana ha argumentado que la presentación de esta reclamación previa era fundamental para que los empresarios no perdieran el derecho de reclamar en el plazo del año una vez finalizada la declaración del primer estado de alarma, que contempla la ley.
El letrado ha contado que, además de atender casi cinco mil solicitudes de información de empresas de hostelería, comercio y turismo de Andalucía, la preparación de las reclamaciones -512 finalmente en Granada - ha requerido un intenso trabajo de un equipo multidisciplinar con peritos, abogados y economistas de los departamentos jurídicos de derecho administrativo y de derecho de daños de este bufete, especializado en lucro cesante.
Además, ha anunciado que van a empezar a trabajar en una segunda oleada de reclamaciones, que esperan presentar para final de año, una vez se cuantifique el lucro cesante de los establecimientos hosteleros durante el segundo estado de alarma y que en este caso se dirigirá a las comunidades autónomas, que impusieron las restricciones entonces para combatir la pandemia.
Los hoteles
Además de la fundamentación jurídica, la clave para que salgan adelante estas reclamaciones será la correcta prueba del lucro cesante, que el bufete ha acreditado con exhaustivos informes técnicos y periciales elaborados por economistas. La fórmula del cálculo, simplificada, ha sido la suma de los gastos fijos que cada negocio tuvo que abonar, pese a no haber podido desarrollar su actividad, más la media del beneficio comercial obtenido en los dos años anteriores, teniendo en cuenta otras diversas circunstancias individuales de cada establecimiento.
El daño que acreditan los establecimientos hosteleros es dispar y oscila entre los 40.000 euros de un bar y los hasta 800.000 de un hotel de los grandes. Las cantidades mayores las reclaman los hoteles y alojamientos turísticos, que suman el 53% de los 32 millones de lucro cesante acreditados por estas empresas en Granada.
Ocho de las empresas adheridas al proceso no han podido reclamar finalmente, bien por carecer de la documentacion, no aportarla en plazo o no poder acreditar la existencia de un lucro cesante en su contabilidad.
En el acto de presentación han insistido en el rigor de los cálculos y la prudencia con la que se han realizado porque ahí, según López y García de la Serrana, estará la clave del éxito. Cada una de ellas incluye la información económica y tributaria de cada empresa y un exhaustivo informe jurídico y económico individualizado que justifica el lucro cesante.
«El problema de esta reclamación está en la cuantificación del lucro cesante, es un futurible que hay que acreditar muy bien. En Alemania, por ejemplo, se han dado ayudas por el 70% del lucro cesante porque se entiende que el 30% lo habrían sufrido igualmente por los efectos de la pandemia. Nosotros también hemos restado ese 30% de efectos de la pandemia, así como las ayudas públicas o los ERTE para hacer un cálculo lo más justo posible y hemos presentado rigurosos con balances de cuentas de los últimos tres años para que no quede duda», ha señalado el director de HispaColex.
El secretario de la Federación de Hostelería, Antonio García, ha agradecido a López y García de la Serrana el apoyo del bufete HispaColex que ha sido muy importante para los hosteleros que lo han pasado muy mal. «A la Federación en estos meses han venido empresarios llorando, con una desolación absoluta. A nivel psicológico poder contar con el apoyo de este despacho y que les digan, estamos contigo, ha sido muy importante», concluyó.
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