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El empresario, José Luis Romero Ruiz, declara a IDEAL que tomará medidas legales contra el vicepresidente del gobierno de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, conocido ... como 'Teodorín', por las acusaciones que ha vertido contra él en redes sociales. El régimen ecuatoguineano ha acusado al granadino de fraude y soborno, además de ocasionar un «grave perjuicio para la administración pública» del país africano por presuntas irregularidades en la implantación de la Televisión Digital Terrestre, unos hechos que el interpelado niega. Además, dos de los trabajadores de las empresas vinculadas a Romero se encuentran retenidos en la cárcel de Malabo. Junto a ellos, fueron arrestados otros diez ecuatoguineanos que, según aclara el empresario, no tienen relación laboral con él.
«Hace ya casi tres años que tomé la decisión de salir ordenadamente del país, pues con la transición de Obiang padre a hijo no me encontré nada cómodo, al igual que muchos otros», explica el empresario. «A final de año solo nos quedaban dos empresas en el país. Una porque el Estado le adeuda una suma millonaria y otra porque tiene un proyecto también millonario que ahora nos quieren arrebatar. En concreto, hablamos de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para todo el territorio nacional por un importe de 30 millones de euros», arranca al hablar.
«Cometí el error de licitar sin un pago por adelantado, como es habitual en aquel país. El contrato se firmó en 2017 y en 2022 la señal llegó a gran parte del país, pero no habíamos cobrado ni un euro por el trabajo. Después de muchos problemas y vicisitudes se consiguió cobrar parcialmente. A día de hoy, el gobierno guineano encabezado por su vicepresidente ha decidido apartarnos del proyecto teniendo en juego una importación pendiente equivalente a unos 15 millones de euros», argumenta.
Romero considera que es víctima de «la mentalidad africana» y, como no hay motivos de peso para romper el contrato, al Gobierno «se le ha ocurrido» otro mecanismo «no tan ortodoxo para cancelarlo». «Las acusaciones que ha vertido el vicepresidente por redes sociales serán objeto de la correspondiente demanda. No hay condena ni nada para que este señor haga de juez», afirma en relación al vicepresidente durante su entrevista con este medio. El granadino lamenta que en enero el Gobierno y la Gendarmería empezaron a interrogar a ciertas personas de su entorno «y no en sede judicial». Sobre sus dos trabajadores detenidos, muestra preocupación y resalta que «no tienen ninguna acusación conocida y por tanto es mucho más grave el que sean retenidos contra su voluntad». «Espero que las autoridades recapaciten y los dejen en libertad. Si no es así, estoy a disposición de las familias», añade.
El empresario considera que las acciones de la embajada española «son prácticamente nulas e ineficientes», aunque el granadino lo achaca a que estarán perjudicadas por la mala relación entre ambos países. «Es necesaria una medida de fuerza para doblar la actitud de las autoridades guineanas», remacha. El empresario recuerda que desembarcó en el país africano en 2009, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Nada más llegar, le sorprendió un ataque de piratas y estuvo recluido en un hotel de la capital a petición de la embajada. «No sé cómo después de ese día no le puse una cruz a ese país y lo puse fuera de mi vida. Vi un país muy necesitado y pensé que se podrían hacer muchas cosas para ayudar a esa población. Hemos hecho hospitales, colegios, infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento o pozos y nunca había tenido ningún problema», concluye. Este medio se puso en contacto con la Embajada de España en Guinea Ecuatorial y la Delegación del Gobierno de España en Andalucía para conocer en qué situación se encuentran los andaluces detenidos en Malabo y espera respuesta.
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