Los granadinos empiezan 2024 con subidas en el agua, la basura y el cementerio

Uno de los pellizcos tiene relación con el servicio de aguas. El Consistorio aprobó hace unas semanas la aplicación de un nuevo canon para soportar las inversiones hidráulicas que va a desarrollar Emasagra en los próximos años. En total, los granadinos de la capital pondrán de su bolsillo 10,4 millones de euros. Aparte, se incrementa también la tarifa de depuración. Es una de las tres en que está dividida el recibo y sirve para el tratamiento de lodos, entre otros aspectos. En este caso, el coste de este servicio concreto que se abonará este mes será un 12,4% más, aunque en el total del recibo apenas repercutirá un 2,75%.

Otra que sube es la basura. Lo hace un 88% de media, según detalló el Ayuntamiento hace unas semanas. El recargo tiene relación con el impuesto que grava el tratamiento de la basura y es consecuencia directa de la aprobación de una ley que obliga a las administraciones a reciclar los biorresiduos. En otras provincias, como Jaén y Almería, este gravamen ha sido afrontado por las diputaciones. Sin embargo, en Granada, ha sido el Consistorio el que se ha hecho cargo del mismo. La normativa estatal daba de margen hasta 2025 a las instituciones para incluir la nueva tasa. La mala situación de las arcas municipales ha obligado adelantarlo.

También suben los precios de Emucesa, concesionaria del cementerio. No es un único recargo, sino de más de 40 servicios. Entre otras, la licencia para trabajos en lápida por seis meses o la modificación de titulo mortis causa se incrementan en algo más de 10 euros. Las inhumaciones tanto en nicho como de cenizas también aumentan el coste. Las primeras, por ejemplo, pasan de 196,74 a 225 euros mientras que las otras tienen ahora un precio de 58,70 euros. Las exhumaciones de restos también suben de precio al pasar de 133 a 157 euros. El coste anual de nichos, bóvedas, tumbas, panteones y columbarios también se incrementan. Igual ocurre con los precios de estos mismos elementos en el tramo de cinco años.

Con el arranque del año, también se ve afectado el IBI. Es uno de los ingresos más relevantes para el Ayuntamiento y, en este caso, la subida no afecta a todo el mundo, sino solo al 10% de los establecimientos con un mayor valor catastral. Esta subida es fruto de la modificación de los denominados 'tipos diferenciados', lo que hace que el aumento no sea lineal para todos los usos sino que afecta a locales comerciales y de oficinas.

Estas subidas están ya en vigor, pero hay otras en marcha. Ambas fueron dadas a conocer por el equipo de gobierno en la última semana del año. La primera tiene relación con el billete de autobús, que actualizará su precio. El coste del credibús subirá un 4% de media, mientras que el del billete sencillo ascenderá por encima del 10%. La segunda está vinculada a las actividades deportivas en las instalaciones municipales. De acuerdo al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno, el aumento es del 10%.

Justificación

La actualización de los precios tras años de congelación es la justificación que más se repite. Es el caso de la tasa de depuración, que llevaba sin revisarse desde 2014, un periodo en que la inflación acumulada ha alcanzado el 17,3%. Ocurre también con la tarifa del transporte, que como recordaba la semana pasada el portavoz municipal, Jorge Saavedra, no se tocaba desde 2017 a pesar de que el coste del combustible se ha incrementado un 36,9%. También pasa igual con las tarifas de Emucesa, que llevaban sin actualizarse ocho años y responden además a la necesidad de hacer frente al aumento del coste de los suministros.

La mejora de la tasa de actividades deportivas y de tratamiento de residuos tienen una justificación distinta. En el caso de las primeras, el gobierno local las justificó destacando la necesidad de financiar de forma autónoma el área de Deportes. En el caso de la basura, la explicación está en la debilidad de las arcas municipales, que ha impedido retrasar la implantación hasta 2025, y la decisión poiítica de que sean los ayuntamientos y no la Diputación, entidad que realiza el tratamiento, la que haga frente al canon nuevo.

Respecto al IBI, es quizá la que más polémica ha generado en los últimos meses. Grupos como PSOE y Vox y organizaciones como la CGE han criticado una medida que carga a algunos establecimientos de la capital. La explicación de la responsable de Economía, Rosario Pallarés, es que la medida está motivada «porque los usos diferenciados no se adecuaban a la legalidad». Según reflejó el pasado 12 de diciembre en la comisión informativa del área, también es cuestión «de suficiencia financiera y capacidad económica», puesto que «los impuestos deben respetar que aquellos que tienen más capacidad, contribuyan en mayor medida que el resto».