Una granadina se libra de pagar una deuda de más de dos millones

La mujer ha podido deshacerse de esa losa tan pesada gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Esta fórmula legal existe desde 2015 pero a raíz de las modificaciones que se hicieron hace un par de años se ha facilitado que más personas recurran a ella como tabla de salvación a una mala situación financiera. En un auto, en poder de este medio, el juzgado acuerda la conclusión del concurso de acreedores por la insuficiente «masa activa para el pago del crédito».

La granadina ha estado representada legalmente por el despacho González Luna Abogados, que cuenta a IDEAL que la afectada no era consciente de haber contraído un nivel tan alto de deuda. «Revisamos a los acreedores. Parecía que debía solo unos cientos de miles de euros. Sin embargo, la administración concursal indagó y dio con el resto. Los intereses de los intereses habían crecido enormemente», explica el letrado Jorge González Luna, socio director del bufete.

La víctima debía dinero a varias entidades diferentes. En una entidad bancaria el impago ascendía a más de un millón de euros. Los otros impagos contraídos en su nombre también eran cuantiosos. De las deudas de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria se ha librado parcialmente. Para el resto del descubierto, su abogado ha acordado el pago de 60 euros durante dos años.

La mujer no tenía bienes a su nombre y «recibía una presión ingente» en llamadas y burofaxes al día. «Un sinvivir. Ha sido todo un alivio para ella», comenta el abogado, que espera que el caso anime a más personas a solicitar ayuda. El letrado destaca la importancia de ofrecer soluciones legales efectivas a personas físicas que, debido a circunstancias económicas adversas, se ven atrapadas por deudas imposibles de afrontar. «La clienta ha podido liberarse de una situación financiera insostenible y empezar de nuevo sin la presión asfixiante de las deudas», sentencia.

La Ley de Segunda Oportunidad, regulada en el texto refundido de la Ley Concursal, es un proceso administrativo que permite a personas físicas y autónomos cancelar deudas imposibles de afrontar que se han quedado sin pagar con el fin de que dejen atrás una situación económica complicada. Las solicitudes para acogerse a ella se han disparado desde que en 2022 se introdujera la reforma que agilizó el proceso y cada vez más ciudadanos piden su aplicación. La condonación de algunos tipos de deudas quedan excluidas, por ejemplo las contraídas con la administración pública o las hipotecas. Los deudores deben considerarse además de buena fe –sin que se hayan endeudado de forma temeraria o tengan antecedentes penales y sanciones administrativas graves–. En el momento en el que se solicita acogerse a esta ley se suspenden las ejecuciones y embargos.

Por otra parte, los casos de los ciudadanos que se declaran insolventes o en quiebra han aumentado en los últimos años, al igual que la actividad del Juzgado de lo Mercantil. En Andalucía, existen un total de 16 juzgados con competencia exclusiva en la materia, dos de ellos en Granada. De acuerdo con la memoria anual del TSJA, la provincia cerró el año con 1.610 casos mercantiles pendientes, un 20% más que en el año 2023. Además, se registró un 5% más de la entrada de casos para el tribunal durante el mismo periodo.

Un ciudadano en número rojos y con incapacidad para responder a sus deudas puede declararse en quiebra o solicitar entrar en concurso voluntario. 150 granadinos se han librado de sus cargas económicas tras pedir auxilio judicial, tal y como adelantó este periódico. El pasado año los concursos de empresas cayeron un 19%. Sin embargo, los de personas físicas no empresarias se dispararon un 400%.