La UCO pide información al Granada sobre las relaciones del club con un fondo de inversiones en la etapa de Pina y Pozzo

Juanma López, cabeza visible de Doyen, hablando con Juan Carlos Cordero, exdirector deportivo del Granada, en Armilla/S. Y.
Juanma López, cabeza visible de Doyen, hablando con Juan Carlos Cordero, exdirector deportivo del Granada, en Armilla / S. Y.

Se están llevando a cabo distintas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Islas Baleares

JOSÉ RAMÓN VILLALBA

La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria pidieron ayer tarde información al club sobre sus relaciones con el fondo de inversiones Doyen, que en la etapa de Quique Pina y Gino Pozzo gestionó la compraventa de distintos jugadores y entrenadores que pasaron por las filas granadinistas. Algunas de las últimas operaciones entre el grupo inversor y el club rojiblanco han sido la llegada de el técnico Joaquín Caparrós, el centrocampista Rubén Pérez, o el argelino Brahimi. «La petición de esta información no quiere decir que el club esté implicado en nada ni acusado de nada sólo es una solicitud de información» han comentado esta mañana desde la UCO de la Guardia Civil.

En el marco de la operación DEAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando a cabo distintas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Islas Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, quién ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.

La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta.

Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.

Más de 5 Millones de Euros

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.

De momento, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.