Granada es la única capital andaluza sin proyecto para unificar las sedes judiciales

Ahora todas las esperanzas están puestas en la disposición del actual titular de Justicia, José Antonio Nieto, que tiene una partida complicada por delante. Su departamento permanece a la espera de que el Ayuntamiento y los operadores jurídicos consensúen la solución definitiva para acabar con la dispersión de sedes. Tienen que decidir si se mantiene el eje judicial del Centro o si finalmente se construye una nueva Ciudad de la Justicia, donde haya espacio de sobra para albergar todos los órganos unipersonales del Partido Judicial de Granada.

La justicia en Granada se articula actualmente en el eje Plaza Nueva-Gran Vía-Caleta, aunque hay un cuarto vértice retirado del Centro: el edificio de Marqués de la Ensenada que acoge la Fiscalía de Menores y los dos Juzgados de Menores de Granada.

En Plaza Nueva, están el Palacio de la Real Chancillería, que alberga la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) y las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Granada (Primera y Segunda). También en Plaza Nueva está el antiguo edificio del Registro Civil, situado justo frente a la Real Chancillería y donde permanecen una decena de juzgados de Primera Instancia aún. Un poco más arriba, tras la estatua de Cristóbal Colón y la reina Isabel, se halla otro inmueble judicial, alquilado, donde se localizan las secciones civiles del tribunal provincial y su Presidencia.

En la Gran Vía está el antiguo edificio del Banco de España, que se convirtió en sede de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía Provincial de Granada. Y en Caleta, se sitúa el complejo judicial del mismo nombre, que acoge la mayoría de los juzgados de Granada (los de Instrucción, de lo Social, de lo Penal, de Primera Instancia, de lo Mercantil, de lo Contencioso Administrativo, los juzgados de Violencia Sobre la Mujer,Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado de Guardia y las oficinas del Registro Civil y del Decanato del Partido Judicial de Granada). También, en la séptima planta, hay oficinas de la fiscalía.

Para los ciudadanos, esta dispersión genera a diario confusiones a la hora de acudir a una cita judicial: tienen que descifrar el enrevesado mapa judicial de Granada para no equivocarse de sede. Para los profesionales jurídicos, los abogados, procuradores y graduados sociales, supone tener que realizar desplazamientos a distintos puntos de la ciudad en una sola mañana.

Los operadores están cansados de que ningún gobernante autonómico haya dado un paso contundente al frente y a la hora de atajar de verdad el problema. Y aunque en un principio casi todos (el sindicato mayoritario en Justicia, el SPJ-USO, no) pedían mantener el eje en el Centro y llegaron a crear incluso una mesa para la unificación de las sedes judiciales de Granada, al final parece que no cierran la puerta del todo a la otra opción.

Y lo han hecho al comprobar que el problema de espacio existente en la Caleta tiene una difícil solución: no caben todos los órganos unipersonales allí y las alternativas barajadas, como dar un uso judicial al edificio contiguo del SEPE, al de la Delegación de Salud o al del viejo Clínico se han ido cayendo como piezas de dominó.

Hasta el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha pedido no desechar de plano la posibilidad de que Granada cuente con una Ciudad de la Justicia.

También se ha mostrado a favor de esa nueva infraestructura el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, quien recientemente ha instado, mientras se consensúa la solución definitiva (si se mantiene el eje o no) que al menos se trasladen las secciones civiles y la Presidencia del tribunal al edificio que hay frente al TSJA. Esta propuesta a corto plazo fue rápidamente rechazada por la Junta de Personal, que ya sí apuesta abiertamente por una nueva Ciudad de la Justicia para Granada como las que se han levantado en Andalucía.

Sobre la postura del Ayuntamiento de Granada, las fuentes consultadas han dejado claro que hará «todo lo posible» por mantener el eje en el Centro, para que la justicia no salga del corazón de la ciudad, «de acuerdo con lo que expresan los profesionales del sector». Por lo tanto, por ahora no parece que el camino a una solución definitiva esté del todo allanado.

Las fuentes de la Junta consultadas por IDEAL quisieron dejar claro que si no se ha impulsado ya en Granada una Ciudad de la Justicia no es porque no quiera la Administración autonómica, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia (es la responsable de dotarla de medios), sino por esa falta de consenso.

Las mismas fuentes resaltaron que desplazar la actividad judicial a otro punto de la urbe influirá en la actividad económica del lugar donde se ubique, pues, como ha ocurrido en otras provincias, se montarán nuevos negocios y despachos profesionales, revalorizando los inmuebles de la zona.

En el mapa judicial andaluz son tres la capitales que cuentan ya con flamantes y modernas ciudades de la Justicia: Málaga, Almería y Córdoba. Las previstas en Jaén, Sevilla y Cádiz son la que están más adelantadas, con las siguientes partidas en el presupuesto de 2023: Ciudad de la Justicia de Sevilla (1.812.000 euros), Ciudad de la Justicia de Jaén (300.000 euros) y Ciudad de la Justicia de Cádiz (463.295 euros). Huelva está en una fase preliminar, pero ya ha dado el paso para tener una futura Ciudad de la Justicia. Esta es la situación detallada de las ciudades de la justicia en las otras siete provincias de Andalucía.

La Ciudad de la Justicia de Málaga fue la primera que se levantó en Andalucía. Se encuentra en Teatinos. Cuenta con unos 70.000 metros cuadrados y alberga 88 órganos judiciales que antes estaban dispersos en la ciudad. Entre ellos, está la Audiencia Provincial, que antes se hallaba en el palacio Miramar. Se empezó a construir en 2002 y fue inaugurada el 30 de noviembre de 2007.

La Ciudad de la Justicia de Almería está situada en una parcela ubicada en el cruce de la Carretera de Ronda y la calle Padre Méndez. En su construcción se invirtieron más de 43 millones de euros. Cuenta con 30.000 metros cuadrados distribuidos en tres bloques y abrió sus puertas en 2011.

Localizada en el barrio cordobés de Noreña, se construyó tras las de Málaga y Almería. Ocupa más de 50.000 metros cuadrados, costó 66 millones de euros y fue inaugurada en 2018 por la expresidenta de la Junta Susana Díaz, aunque en diciembre de 2017 ya estaba operativa.

El pasado 4 de noviembre, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el alcalde, Julio Millán, firmaron el convenio por el que el Ayuntamiento cede el solar para la construcción de la Ciudad de la Justicia, que ocupará más de 40.000 metros cuadrados. Se trata de una parcela en la calle Canarias y que acabará con la dispersión de las sedes judiciales jiennenses en la capital.

Será la segunda mayor de España y se ubicará en el campus Palmas Altas, en los terrenos de Abengoa. Se trata de un complejo de siete módulos (siete edificios ya construidos). Se han comprado, aparte, dos terrenos anexos para construir un nuevo edificio y aparcamientos. La Junta va a empezar a trabajar (obras de adaptación) sobre los edificios vacíos y la idea es que en el segundo semestre de 2023 se pueda hacer ya el traslado de los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

El convenio con el Ayuntamiento para construir la Ciudad de la Justicia lo firmó Juan Marín. Está proyectada en los antiguos depósitos de Tabacalera, que fueron cedidos por la ciudad. Nieto se reunió en septiembre con el alcalde, José María González, para elevar la edificabilidad del solar al cien por cien (estaba limitada en el PGOU), lo que permitirá disponer de casi 40.000 metros cuadrados.

El pasado 11 de noviembre, Nieto y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, acordaron crear una comisión técnica entre ambas administraciones que se encargará de analizar las necesidades que requiere la futura Ciudad de la Justicia de Huelva, que ocupará unos 35.000 metros cuadrados. La comisión buscará la ubicación más adecuada. El coste del proyecto, según se ha calculado, superará los 70 millones de euros.