Granada tiene saturados el 94% de los juzgados, que arrastran hasta 18 meses de demora por caso

Granada acumuló al cierre de año 24.942 casos pendientes, además de 50.749 ejecutorias –43.654 de ellas de carácter civil, mientras que las penales, que ascienden a 7.095, han crecido en un año en 11%–.Buena parte de ellas venían arrastrándose de años anteriores, ya que el pasado ejercicio ingresaron 12.357 sentencias para ejecutar y los jueces pudieron dar salida solo a un total de 11.537.

En algunas secciones, se arrastran los casos de nueva entrada casi dos años. Con el ritmo habitual se tardarían 11 meses en resolver la pendencia –los procedimientos que no han sido resueltos– en la jurisdicción civil, mientras que en la penal se estima que el plazo es de cuatro meses; en la social algo más de 18 meses y en la contencioso-administrativa sería de 12 meses.

Alarma especialmente la situación de los 16 órganos específicos de Primera Instancia e Instrucción y los dos Juzgados Mercantiles, con un ingreso respectivamente por tribunal de 2.600 asuntos y 1.060 por órgano. Ambos son los que mayor carga de trabajo tienen y superan en más de un 100% el umbral fijado.

Por su parte, los ocho juzgados de lo Social y los dos de Violencia Sobre la Mujer, que asumieron en 2024 los casos de Santa Fe, superan en más de un 45% el nivel de asuntos deseado. En el caso de los nueve órganos de Instrucción, los cinco Contencioso-Administrativo y los seis Penales la sobrecarga se sitúa aproximadamente en un 30% de lo indicado. Los tres juzgados de Familia, que registran cada uno de media 1.346 casos, son los menos saturados y rebasan en un 1,7% los asuntos estipulados.

Para Alberto del Águila, decano de los jueces y vocal de la sala de Gobierno del TSJA, las cifras se explican por el aumento de la litigiosidad y el déficit de profesionales de la justicia. Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España tras el aumento en un 5% de los asuntos ingresados de un año a otro. «El déficit de nuevas plazas judiciales que se ponen de manifiesto de forma anual en cada memoria. La única esperanza es que como en este 2025 se pone en marcha los tribunales de instancia a raíz de la ley de eficiencia judicial, se creen las plazas que llevamos año reclamando. Los niveles de rendimiento y entrada de asuntos con los que están trabajando los compañeros no son los aconsejables ni los necesarios para tener una calidad de trabajo acorde», explica del Águila. «La carga de trabajo que se soporta no es asumible ni para la conciliación ni para el ejercicio de la función propia. Alcanzamos las 500 sentencias en primera instancia cuando en 2006 eran cerca de 250 y se trabajaba por encima de los módulos de rendimiento. El principal perjudicado es el justiciable, la justicia es lenta porque no se dota de los medios y recursos suficientes», remacha.

El último órgano que se creó fue el número 20 de Primera Instancia e Instrucción en enero de 2023 y el anterior el juzgado de lo Social Número 8. En los últimos diez años solo se han creado esos dos órganos y las necesidades de la justicia no han cambiado. España tiene 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en Europa son 22.

En la provincia de Granada son necesarios 23 jueces, además de un magistrado para la audiencia. 19 de ellos se han solicitado para los juzgados de la capital, 12 de ellos irían destinados a los juzgados de Primera Instancia. Además, en Motril, Santa Fe, Loja y Baza se reclama la creación de una plaza adicional.

Los sindicatos de Justicia cruzan los dedos para que la puesta en funcionamiento no sobredimensione el atasco y la saturación que ya de por sí, pese a la voluntad de la plantilla, tienen los tribunales. La nueva ley de eficiencia judicial es la mayor transformación para la justicia en 40 años. Su aplicación será por fases hasta final de este año y para sortear la incertidumbre que traen los cambios los juzgados afrontan incrementos de la actividad.

Silvia Martín, delegada del CSIF, comenta que registran 50 demandas más al día. Reitera que la reforma y su aplicación debe ir acompañada de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que sea real a las necesidades y demandas existentes. En Granada hay más de 1.300 profesionales ligados a la Justicia, unos 1.050 funcionarios, más de 120 jueces y magistrados, casi un centenar de LAJ y 53 fiscales. Los cambios en la plantilla son clave, ya que la justicia granadina prevé una oleada de jubilaciones en los próximos cinco años y al menos 403 funcionarios, un tercio de la plantilla, dejarán sus puestos de trabajo con un horizonte 2030.

Los sindicatos, entre ellos SPJ-USO, retomaron las negocioaciones con la Junta de Andalucía. Davinia Baños, portavoz y delegada del sindicato, pide mayor sensibilidad a la administración con los juzgados comarcales, que llevan décadas sin reforzar la plantilla.