Granada revisará las alteraciones en el IBI de negocios y viviendas

En ese marco hay que encuadrar medidas impulsadas hace unas semanas, cuando la junta de gobierno local aprobó un plan para revisar más de 7.000 expedientes del IBI sin tramitar. La iniciativa ponía el foco sobre las alteraciones en la titularidad de los recibos y se dividía en dos partes. Por un lado, se proponía revisar 4.235 facturas para identificar los sujetos pasivos y cobrar las anualidades pendientes. Por otro, estudiaría 3.100 expedientes en los que no quedaba claro a quién corresponde el abono del impuesto. Eran casos, por ejemplo, en los que el sujeto no queda referenciado a causa de un fallecimiento. La estimación del equipo de gobierno es que este análisis pudiera optimizar los ingresos y lograr que las arcas municipales ingresaran alrededor de 5 mllones de euros que hasta ahora no se estaban cobrando.

Otra de las medidas se conocía la semana pasada. Se trata de la prórroga del contrato para el cobro de las sanciones de tráfico impuestas a conductores que residen en el extranjero. Como informó IDEAL entonces, el Ayuntamiento se proponía extender el servicio que venía desempeñando la empresa NIVI desde que la capital nazarí se adheriese al convenio impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la realización de este trámite. De acuerdo a los datos aportados por el equipo de gobierno, la gestión de estos expedientes había logrado recuperar en los últimos seis meses para la ciudad 162.740 euros que no se habían cobrado. La idea era seguir avanzando en esa línea durante dos años más.

Ahora, el gobierno local va a dar un paso más y trabaja en la adjudicación de un contrato menor con el que va a revisar las alteraciones en el IBI de negocios y viviendas. En concreto, la medida busca aflorar posibles irregularidades físicas y económicas en la tasa que grava los bienes inmuebles de la ciudad.

La idea detrás de la iniciativa es determinar cuál es el verdadero uso del inmueble. El motivo es el descuadre que existe entre lo que refleja el padrón y la realidad. Así, de acuerdo a los datos municipales, que dependen de lo expresado por los propios titulares, señala que existen solo 299 inmuebles de ocio y hostelería y más de 16.000 locales comerciales en la ciudad, algo que no encaja. La sospecha es que existen negocios tributando por un uso que no es el que realmente tienen.

Por otra parte, la medida pone el foco sobre las diferencias en el valor económico. Esto ocurre, por ejemplo, cuando sobre un inmueble se realizan mejoras que no se declaran. Una de las habituales es la construcción de una piscina que no se notifica. Aunque la obra aumentaría el valor catastral, al no informarse al Ayuntamiento, los titulares siguen pagando el mismo recibo.

Durante tres meses, la adjudicataria del servicio va a hacer un «barrido» mediante cartografía y fotografía para revisar que la situación actual concuerda exactamente con lo que aparece en el padrón y actuar solo en los casos en que sea necesario. «Tenemos que elevar la partida de ingresos sí o sí y esta actuación es fundamentalmente un plan de mejora de la gestión tributaria. En principio, vamos a actuar en el impuesto que repercute en mayor medida, que es el IBI. Ese es el motivo por el que vamos a sacar un contrato que no pretende en ningún caso subir el IBI ni que se pague más, sino que se pague en la medida en que corresponda a cada uno», explica la edil de Economía, Rosario Pallarés.