500 personas en Granada esquivan a diario la prohibición de anunciar sus servicios de prostitución

Se trata de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como Ley de 'solo sí es sí', que entró en vigor el pasado mes de octubre. Esta Ley, en uno de sus apartados, se refiere a la prohibición de la publicidad pornográfica.

Consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Esta previsión también servirá por otra parte para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Las consecuencias no se han hecho esperar. La industria de la pornografía se enfrenta a un terremoto por las consecuencias de la aplicación de esta nueva Ley. De hecho, la página en internet más utilizada por las trabajadores y trabajadores sexuales aquí en Granada, Pasion.com, anunció nada más salir la Ley que cerraba su espacio dedicado a los contactos sexuales.

Sin embargo, como cuando ocurrió con las páginas web dedicadas a descargas de películas, antes de que irrumpieran en el mercado las plataformas como Netflix o HBO, cuando se cierran unas se abren otras. Y, en estos momentos, hay al menos tres que a día de hoy publicitan servicios sexuales de manera más o menos abierta o pretendidamente encubierta.

Los datos hablan por sí solos. Un examen realizado el miércoles de este mes para rastrear páginas en internet que ofrecen servicios sexuales, desvelan que al menos hay quinientas personas que esquivan la ley para ofrecer en internet sus servicios de prostitución. La mayoría son mujeres CIS, unas cuatrocientas. Unas ochenta son mujeres trans y otros 16 son hombres.

En este análisis realizado por la asociación Ingénero, se destaca que a lo largo de los meses del pasado año 2022 se atendieron a 127 personas que ejercían la prostitución de forma continua y directa. De ellas, trabajaban en clubs 10, y en pisos, 26. El resto, en la calle, en la zona de polígonos junto al término entre Granada y Pulianas.

Los perfiles de estas personas trabajadoras sexuales son los siguientes. Los países de origen son Colombia, Venezuela, República Dominicana, Paraguay y Rumanía. Destaca que el 2,4% son españolas y el 97,6% extranjeras de origen.

Lo peor no está en estas cifras. La asociación Ingénero denuncia que «todavía existen perfiles más vulnerables, que mantienen a las personas invisibilizadas y aisladas tanto en clubes como pisos y en la calle».

En efecto, la nueva Ley conduce a muchas trabajadoras sexuales a situaciones de indigencia al dejarlas sin clientela. En muchos casos, se ven obligadas a recurrir a los servicios sociales, Cáritas, al Banco de Alimentos o las ONGs que trabajan con las trabajadoras sexuales para que les hagan la compra semanal, confirma Ingénero.

La existencia de nuevas webs o de cambios en las webs de contactos para sortear la ley está a la orden del día. Así, se ofertan como «masajistas» o «contactos íntimos». Pero cuando se navega por ellas, las fotos alusivas incumplen directamente los postulados de la nueva Ley.

La pregunta entonces es en qué casos se puede actuar o denunciar. Resulta que para que una publicidad llegue a ser calificada como ilícita y se puedan derivar de ello alguna de las acciones que recoge la Ley, se debe iniciar un proceso ante los tribunales.

En concreto, ante un juez de lo Mercantil. Este juez, podría, además, pedir que de forma cautelar, mientras se resuelve el proceso, que una publicidad sea retirada.

La otra cuestión es quién puede iniciar el proceso. El proceso contra una publicidad sexista lo puede iniciar la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer —así como su equivalente en el ámbito autonómico— o las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro y el Ministerio Fiscal.