Granada merece inteligencia

La Orden PCM/1203/2022, de 5 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, revela y avala lo que expreso y siente la generalidad de la sociedad granadina.

La convocatoria, en concurrencia competitiva, que se efectuó con sujeción al Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, marcó el punto de partida para la presentación de una iniciativa que cohesionó, casi por única vez en las últimas décadas, a toda la sociedad y a nuestra clase política. Sin embargo, para nada parece ha servido, salvo para mostrar que cuando se quiere, puede haber entendimiento, porque tal ayuntamiento ha topado con la más que posible manipulación de un resultado que para muchos era crónica de algo anunciado.

La cuestión ahora es saber si esta misma unión va a continuar de cara a que la jurisdicción revise la concesión de la Agencia a la más floja de los tres mejores proyectos de excelencia presentados. Granada, Alicante y La Coruña, por ese orden, eran los tres proyectos de excelencia, según la Comisión Consultiva, entre el total de las 14 propuestas candidatas que concurrían.

No es este el espacio donde hacer una disertación técnica sobre el control jurisdiccional de la legalidad del acto administrativo, pronunciado por el ejecutivo nacional, que inmotivadamente decidió que la sede de la Agencia fuese finalmente adjudicada a la capital gallega. Tiempo y foro habrá para ello, porque la disposición general dictada y publicada presenta claros aspectos para sostener que sostener que la adjudicación fue arbitraria y que por tanto es jurisdiccionalmente controlable y anulable.

Las entidades públicas territoriales granadinas que impulsaron la candidatura, Diputación, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, más la UGR, han anunciado que exigirán más transparencia para conocer todos los aspectos y hechos determinantes de la resolución. Casi todas, porque aún falta la Administración autonómica, la más potente en esta lid, han anunciado la impugnación del concurso. Esperemos que lo haga inmediatamente, tanto como es de desear es que tal voluntad no se quede en una simple declaración de intenciones.

Ahora, a la sociedad civil de Granada que después de quedar en buena medida conmocionada se está movilizando, toca exigir a nuestros representantes públicos que continúen en la unidad mostrada para traer la AESIA a Granada, para llevar ante el Tribunal Supremo la revisión de la decisión adoptada, para que sea el Alto Tribunal, quien pronuncie sobre la legalidad de la decisión. Sin duda es necesario, porque Granada merece inteligencia.