Granada se juega 1.500 millones en las elecciones generales

Son iniciativas generales, que iban a afectar a todos los ciudadanos. Más allá, es posible precisar el efecto que la convocatoria anticipada de elecciones tendrá sobre algunos sectores de la población granadina. Por ejemplo, hay 7.562 ciudadanos de la provincia que trabajan en la administración pública estatal y están pendientes de la nueva ley. O 6.000 aspirantes que cada curso pugnan por entrar en la Universidad de Granada y tendrán que aguardar para conocer los detalles de la nueva prueba de acceso.

Normativas al margen, la convocatoria de elecciones llega en pleno proceso de tramitación de algunas infraestructuras clave para la provincia. Hay inversiones por valor de alrededor de 1.500 millones en juego, si se suman todas las cantidades estimadas pero aún sin adjudicar para obras como la Variante de Loja, los espigones de la Costa o las conducciones de Rules. Según trasladan desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, la administración del Estado seguirá con su trabajo: «Los proyectos importantes para la provincia dependientes de la misma como la presa de Rules, las defensas de la Costa, la Variante de Loja o la GR-43 siguen su tramitación normal». Distinto es que el nuevo Gobierno cambie las prioridades. Desde la Subdelegación ponen un ejemplo, la línea 400 Caparacena-Baza-La Ribina «que el gobierno del PP sacó de la planificación eléctrica nacional».

Estos son algunos de los proyectos 'atravesados' por la convocatoria electoral y de las leyes paralizadas que afectaban a los granadinos:

Las obras de la Variante de Loja, que permitirán recortar el tiempo de viaje en tren hasta Antequera, movilizarán 324 millones de euros en contratos antes del 31 de diciembre de este año. En mayo, Adif inició los trámites de expropiación para el tramo de Riofrío, que rondará los 44 millones de euros de inversión. Adif anunció a la UE la salida a licitación de toda la infraestructura, pero la gestión culminará ya en la próxima legislatura, con el nuevo Gobierno. Queda pendiente la gestión de 376 millones de euros que restarían para completar la infraestructura. En materia ferroviaria, también se quedan en la lista de proyectos por hacer la recuperación de la Guadix Baza Lorca y el soterramiento en la capital. En manos de Europa está el tren Granada-Motril.

Las obras de la autovía GR-43 entre Granada y Atarfe se adjudicaron en mayo de 2022 por 11 millones de euros. Tendrían que estar ya acabadas o en fase de remate. Sin embargo, la empresa renunció a ejecutar la construcción y aún no se ha adjudicado, de nuevo, el proyecto. El último trámite público relacionado con el proceso se firmó el 24 de febrero. Son otros 11 millones que se añaden a la lista.

Las defensas de las playas granadinas están en tramitación. Son seis proyectos que ya están redactados y rondarán los 17 millones de euros. El más avanzado es la que evitará los habituales daños por los temporales en Playa Granada. El 23 de marzo se emitió la declaración de impacto ambiental y en breve saldrá a licitación, si no hay contratiempos. El objetivo era que las obras empezarán después del verano y costarán 7,7 millones, que están garantizados. Quedarían otros nueve millones por ejecutar.

El pasado 25 de mayo, el consejo de administración de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), autorizó la firma del convenio con la Consejería de Agricultura y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical para la ejecución y explotación del desglosado nueve de las conducciones de Rules. Se autorizaron los pliegos y la licitación del contrato de ejecución de las obras por un importe de 64,2 millones euros y un plazo de ejecución de 37 meses. Desde ese día, la licitación está en fase de 'anuncio previo': todavía no está abierto el concurso ni se han publicado los pliegos de las obras. Al estar avanzada la fase administrativa, la convocatoria de elecciones no debería influir en las fechas. Pero el nuevo gobierno tendrá que decidir sobre el resto de la infraestructura, que requerirá otros 239 millones aproximadamente.

Otro de los proyectos a la espera en Granada es la remodelación de la terminal de tren de Andaluces, que se quedó pequeña solo dos años después del estreno del AVE. Hay prevista una inversión de 4,2 millones, que se anunció a finales de octubre del año pasado. El objetivo es que la remodelación pueda estar en servicio en el año 2024, pero aún no ha trascendido ningún trámite administrativo relacionado con el proyecto.

Más incierta es la situación de Granada en el Corredor Mediterráneo, con la renovación de la línea hasta Almería. Requerirá una inversión de 922 millones de euros y solo hay compromiso presupuestario para un gasto de 1,4 millones de euros este año. Solo en este apartado quedan pendientes de ejecución 920 millones.

El proyecto de ley para crear la agencia estatal de salud pública inició su andadura el 9 de febrero. La Junta de Andalucía había manifestado interés por llevar a Granada este organismo, después del fiasco de la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial. A mediados de marzo quedó convocado un grupo de trabajo con el objetivo de convencer al Gobierno de establecer el organismo en Granada. En él estaban representados la propia Junta, la Universidad, el Ayuntamiento y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Quedará en manos del nuevo Gobierno el 'remate' de la creación de la agencia y la opción de que no esté situada en Madrid, sea con una adjudicación directa o con un concurso público similar al de la agencia de IA.

60.489 granadinos, según datos del mes de julio, trabajan en el sector público. De ellos, 7.562 pertenecen al sector público estatal. Se verán influidos directamente por una de las leyes cuya tramitación queda paralizada por la convocatoria de elecciones y la disolución de las cortes. El proyecto de ley contemplaba apartados sobre derechos y deberes del personal, aumento de plazas de promoción interna, creación de nuevos grupos profesionales y cambios en el enfoque de la evaluación del desempeño de los trabajadores.

El Gobierno también pone en un impasse la nueva Selectividad: ha paralizado la nueva EBAU «por responsabilidad» ante la convocatoria de elecciones. El Ejecutivo que salga de las urnas tras el 23 de julio será el encargado de aprobar el real decreto que regulará la prueba de acceso a las universidades. El texto se quedará escrito antes de las elecciones, pero no irá al Consejo de Ministros. No obstante, la nueva ley orgánica de educación, la Lomloe, establece que el sistema de exámenes debe estar listo en junio de 2024, por lo que la tramitación seguirá su curso con el inicio de la próxima legislatura. Las decisiones sobre la EBAU afectarán en torno a 6.000 alumnos granadinos el próximo curso.

El mecanismo de recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia ya había movilizado más de 200 millones para la provincia a final de año, y será el músculo financiero que permitirá inversiones de calado en los municipios. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, hay 11 convocatorias abiertas para los fondos gestionados por la Junta de Andalucía y 105 del Gobierno. El Ejecutivo se ha comprometido a seguir gestionando estas ayudas y a que no haya parones para estos proyectos, que deben estar ejecutados en 2026.

En este apartado, la convocatoria de elecciones generales puede jugar a favor de la provincia. La adjudicación de la agencia a La Coruña está recurrida ante el Supremo y, por decisión de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no se han solicitado medidas cautelares para poner en pausa la tramitación del organismo. La Junta defiende que si el Alto Tribunal da la razón a Granada pero ya se han dado los primeros pasos para que la entidad empiece a funcionar, el concurso público no se podrá revertir. Si la llamada a las urnas tiene como consecuencia un frenazo en el procedimiento administrativo, Granada tendrá más margen de maniobra en la impugnación.