Granada espera respuesta seis meses después de pedir a Europa 3.840 millones

La Junta de Andalucía aglutinó las peticiones de la provincia de Granada que remitió al Gobierno a finales de 2020. Ya han pasado más de seis meses de esta carta andaluza de peticiones que solicitaba para la provincia granadina grandes proyectos y nadie tiene noticias de cómo va este proceso de adjudicación de ayudas. Desde la subdelegación del Gobierno de Granada aclaran que las comunidades autónomas realizaron sus peticiones pero que este plazo aún no se ha abierto oficialmente. Algo que se espera que se produzca de manera inminente.

La diputada de Desarrollo de la Diputación de Granada, Ana Muñoz, explica que se realizó una primera petición para que el Gobierno tuviese una orientación y que es más, después, a cada ministerio se le fueron haciendo declaraciones de interés, con las que las instituciones iban realizando solicitudes e iban comprobando si lo que pedían se ajustaba con las líneas que va a sacar el Ejecutivo y las temáticas de estos programas.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicó en mayo que, a finales del año pasado, el Gobierno andaluz puso sobre la mesa 151 proyectos valorados en más de 35.000 millones para su inclusión en los Next Generation, y que de momento, no saben qué proyectos serán financiados aún ni el sistema de reparto. «Exigimos una distribución transparente y equitativa, basada en criterios de población, de tasa de paro, de repercusión de la crisis. No queremos más que nadie, pero tampoco menos», defendió la consejera hace más de un mes. Desde Fomento expusieron que siguen sin noticias de estos fondos.

En el caso de Granada, la consejera apuntó que se han planteado actuaciones que suman en torno a 3.840 millones de euros, «una cantidad que supondría todo un revulsivo para una provincia como la nuestra, una cantidad que Granada se merece para superar la crisis». Tampoco saben si sus proyectos han sido seleccionados en Diputación desde donde presentaron 42 iniciativas por un montante de 1.892 millones de euros, que presentaron a través de la Junta, y desconocen el futuro de sus peticiones los empresarios granadinos, la Universidad de Granada o el Palacio de Congresos.

En ese listado se incluyen desde las canalizaciones de la presa de Rules al corredor Mediterráneo pero también la conexión Granada-Bobadilla o el tren Granada-Motril. De hecho, estos fondos han aportado esperanza a grandes proyectos que esperaban en el cajón como el ferrocarril con el puerto motrileño, algo que, su presidente, José García Fuentes considera que «se saca ahora con estos fondos o será complicado».

Mientras que la Diputación se ha centrado en los proyectos provinciales y de los municipios, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) se ha volcado con los macroproyectos tractores para la economía, «infraestructuras de futuro capaces de transformar Granada, que permitirían multiplicar el impacto de los recursos obtenidos a través de los fondos europeos para la recuperación», según apuntaron los empresarios en su momento.

Desde la UGR también enviaron proyectos a través de la Junta de Andalucía y esperan la resolución. «Las institucionales conjuntamente hechas con otras universidades centradas en ahorro energético y universidad digital se seleccionaron y luego un grupo de proyectos de universidades entre los que sabemos se seleccionó el nuestro de centro de Innovación en TIC: IA, 5G, ciberseguridad y realidad virtual», expresan desde la Universidad, que espera veredicto.

En julio de 2020, después de más de 90 horas de debate, los países de la Unión Europea acordaron impulsar un plan de recuperación financiero dotado con más de 750.000 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. España logró apalabrar una inversión de 140.000 millones, la mitad de los cuales eran a fondo perdido.

El objetivo era promover la recuperación económica a través del impulso de la transición ecológica, la transformación digital, la educación o la mejora en la protección social. Para aspirar a las ayudas, las instituciones podían emplear diferentes fórmulas y ahora se verá en qué queda el reparto del dinero.

En el caso de los ayuntamientos, podían presentar proyectos a través de entidades como las federaciones de municipios o diputaciones y podían hacerlo también a través de colaboraciones con la administración autonómica o, incluso, con el propio Gobierno central. En el caso de Andalucía, la mayor parte de las capitales de provincia apostaron por presentar sus proyectos por todas las vías posibles. Es lo que hicieron, por ejemplo, Málaga y Sevilla, que plantearon propuestas por un importe superior a los 3.300 millones de euros.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada decidió no enviar sus proyectos a través de la Junta de Andalucía y realizarlo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que llegara así al Gobierno directamente.

En un primer momento, el regidor granadino indicó que el Gobierno tenía de margen hasta el 30 de abril próximo para elevar el plan a la Unión Europea y ahora, fuentes del gobierno municipal defendieron que estaban en plazo. Desde la FEMP, actualmente, ni desmienten ni confirman, indican que debe ser el Ayuntamiento granadino el que indique si ha entregado peticiones al Gobierno.

En su rueda de prensa de renuncia, el exalcalde Luis Salvador, aseguró que no había dejado antes el cargo para poder mandar los proyectos de Movilidad a Europa. Que podían presentar dos proyectos, uno por 7 millones y otros por 3. «Hemos tenido reuniones con la consultora de fondos europeos y con las áreas para garantizar que se presentan los proyectos», relató Salvador sobre las ayudas de los fondos europeo, el día de su renuncia, el 1 de julio.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, destacó en el mes de mayo que para aliviar esta situación de crisis, el Gobierno andaluz ha logrado poner en marcha un acuerdo de medidas extraordinarias para la Reactivación Económica y Social que va a suponer una inyección de 732 millones de euros, pero que seguía a la espera de que el Gobierno central defina el reparto de los fondos de recuperación Next Generation, que parece que se convocarán en breve.