Granada congelará la concesión de licencias de viviendas turísticas a partir de julio

Acompañada por los ediles de Turismo, Juan Ramón Ferreira, y de Urbanismo, Enrique Catalina, la regidora ha avanzado que este mismo martes ha firmado el decreto para modificar el actual planeamiento urbanístico con el objetivo de introducir nuevos criterios que equilibren la situación y disminuir el impacto de esta actividad en el entorno.

El anuncio se produce seis meses después de que la Junta aprobara el decreto que abría la puerta a las ciudades para establecer límites a la proliferación de estas viviendas, siempre bajo la supervisión de la administración autonómica. En febrero, tras conocer el texto, el equipo de gobierno de la capital anunció la creación de una mesa técnica para estudiar la situación de Granada y avanzó su intención de recabar datos antes de dar nuevos pasos. En marzo, el portavoz municipal, Jorge Saavedra, confirmó públicamente el encargo a una empresa externa de un estudio que determinara aspectos concretos sobre unas prácticas que suponen una importante vía de ingresos, pero que están generando fuertes tensiones en la ciudad con los vecinos, que denuncian problemas de convivencia, de ruido, de suciedad o de encarecimiento del precio de la vivienda.

Ahora, el equipo de gobierno da un nuevo paso hacia la regulación. En concreto, se va a modificar el actual planeamiento urbanístico para introducir una serie de condiciones que deberán cumplir todas las viviendas que quieran obtener una licencia de uso turístico. Aunque la naturaleza exacta de estas obligaciones está a expensas de los datos que aporte el estudio externo encargado, la regidora ha avanzado que se están valorando opciones como que las viviendas de uso turístico tengan que contar con un título habilitante, que tengan puntos de acceso y evacuación diferenciados a los residenciales cuando se ubiquen en bloques de vecinos o que tengan acometidas de salida de luz, agua o teléfono independientes.

A estas condiciones podrían sumarse otras destinadas a equilibrar la situación en las zonas tensionadas. En este sentido, ha mencionado la posibilidad de restringir las viviendas «a nivel de edificios, sectores, perímetros, áreas, calles o barrios» siempre en función de la fotografía que resulte del estudio encargado.

Así, como ha remarcado Carazo, desde este martes, el Ayuntamiento avanzará en dos líneas de trabajo paralelas. Por un lado, la finalización del estudio meses atrás y el análisis de los datos que pueda proporcionar sobre la situación de la ciudad. Por otro, la modificación del PGOU para incluir las nuevas condiciones obligatorias para todas las viviendas turísticas.

Esta normativa llevará un trámite relativamente ágil que pase primero por la comisión de Urbanismo para su debate con los grupos municipales. Posteriormente, deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno Local antes de alcanzar el pleno, que deberá ratificarla de manera inicial. A este punto se espera que llegue a finales de julio, cuando se celebrará una nueva sesión ordinaria antes de las vacaciones estivales. Será entonces, como ha recalcado, cuando se congelarán las nuevas licencias, una suspensión que se mantendrá mientras la modificación del PGOU no se apruebe de manera definitiva en el pleno o según el plazo que determine el equipo de gobierno si así lo estima.

Con este paso, el Gobierno local quiere «adelantarse» para poner orden «en una actividad que está muy extendida por otras ciudades» y «ofrecer una solución», según ha explicado la alcaldesa. Carazo ha reconocido que la ciudad «no puede esperar» a que esté el nuevo PGOM para «favorecer el equilibrio entre el turismo y el acceso a la vivienda» y ha puesto en valor una decisión «a la que otras ciudades llegan tarde, pero a la que Granada llega en el momento adecuado». La primera edil ha insistido en que la modificación que se realice será «equilibrada y proporcional» a la situación que determine el estudio, además de insistir en que se realizará «en un marco de seguridad jurídica».

Carazo ha dicho que la capital colaborará con la FAMP y con la Junta de Andalucía para vigilar las viviendas turísticas durante la congelación de licencias y evitar que proliferen pisos ilegales. Aunque ha recordado que el Ayuntamiento no cuenta con las competencias de inspección, que corresponden a la administración autonómica, sí ha confirmado que aportará la información necesaria para controlar este fenómeno.

Por otra parte, se ha referido también a las demandas de colectivos como Albaicín Habitable, que este sábado se concentrará en el Mirador de San Nicolás para exigir límites a la especulación inmobiliaria y al turismo de masas que, a su juicio, destruyen el histórico barrio. Carazo ha mostrado su «respeto» por los vecinos, a los que ha llamado «a la tranquilidad» y ha invitado «a sumarse» a la toma de decisiones. La regidora ha insistido en que el Albaicín es un barrio «que vamos a mirar mucho y de forma muy directa por lo que representa a todos los niveles» y ha mostrado su esperanza en tener «el máximo contacto posible».

Con esta decisión, Granada sigue el camino de otras capitales andaluzas como Cádiz, que en el mandato anterior aplicó una modificación del planeamiento urbanístico para tratar de controlar el fenómeno en la ciudad. Hace solo unos meses, Sevilla también anunció la voluntad de regular esta práctica tras constatar la existencia de zonas altamente tensionadas en diferentes puntos del Casco Histórico y congeló la concesión de nuevas licencias. Esta misma semana, Málaga también dio pasos hacia la ordenación de los pisos turísticos.