Granada se blinda ante las nuevas viviendas turísticas como otras cuatro capitales andaluzas

El pleno aprobó ayer que solo podrán dedicarse a alojamiento aquellos inmuebles que cuenten con una entrada independiente, es decir, propia, como son los locales y viviendas unifamiliares. Es una acción inmediata que pretende cerrar el grifo a la cascada de peticiones de nuevas licencias.

A las viviendas que no cumplan con este criterio se les cierra la puerta del alquiler vacacional. El resto de pisos turísticos que ya funcionaban en la ciudad no se verán afectados por esta nueva restricción.

El nuevo decreto de la Junta –aprobado en febrero– permite a los ayuntamientos regular urbanísticamente estos pisos, que antes solo necesitaban de una licencia turística.

Granada no es la primera capital andaluza en iniciar esta cruzada contra los alojamientos en viviendas. Otros cuatro ayuntamientos como son Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba diseñan y ponen en marcha ya sus propios impedimentos urbanísticos a estos pisos que brotan como setas en los barrios más turísticos de estas ciudades.

Cada capital andaluza lleva sus ritmos y tiene un punto de partida diferente. En el caso de Granada, al tener un PGOU tan antiguo, de 2001, había que hacer una primera adaptación que consistirá en que estos pisos tengan la misma categoría que otro tipo de alojamientos y por tanto, las mismas exigencias.

Málaga anunció unas semanas antes de empezar el verano que limitará el crecimiento de estos inmuebles con la prohibición directa de los que no tengan un acceso independiente. Así, como Granada, acotan esta oferta a unifamiliares o locales y advierten de que el siguiente paso puede llevar aparejada la prohibición en zonas saturadas, como también planea ya y prepara la capital granadina.

Sevilla, más avanzada en esta materia, ya había aprobado hace años eliminar los pisos en vecindarios. Ahora, además con el nuevo decreto de la Junta ha determinado que los pisos registrados con esos fines no superen el 10% del total de viviendas familiares disponibles. Mientras que en Cádiz el Ayuntamiento no permitirá más pisos turísticos en el casco histórico, en Córdoba, una ordenanza limitará el número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer con los votos a favor del PP y del PSOE (y la abstención de Vox) la primera regulación de pisos turísticos en Granada. El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, explicó que con este cambio de uso de las viviendas dedicadas al alquiler turístico lo que se hará es «frenar los diseminados», es decir, las viviendas turísticas en bloques de vecinos y que, posteriormente, a partir de septiembre, se congelarán las licencias mientras se modifica el plan general y se define el modelo de ciudad con respecto a este servicio. Catalina aseguró que se hará «con paso firme, con datos y con consenso con el sector». Los grupos de la oposición desconfían inicialmente de esta medida. Mientras Vox plantea que se han dado mucha prisa en aprobar un primer freno a estas viviendas, desde el PSOE aseguraron que la Junta ha ido tarde con este nuevo decreto y pusieron el acento más en la aplicación de una tasa turística.

La portavoz del Vox, Beatriz Sánchez, indicó que hay que regularizar pero que lo que no se puede hacer es «criminalizar la vivienda de uso turístico» y que este planteamiento de que tengan que tener un acceso independiente penaliza a los propietarios frente a las empresas.

Además aseguró que se va con prisa en la ordenación de los pisos turísticos porque no se ha esperado al estudio de datos y sin esa información entienden que es una regulación precipitada. «Ha faltado diálogo con el sector, hay que regular pero vamos a hacerlo con datos y consenso. A ver si no va a favorecer a los grandes que son los que pueden poner un bloque de pisos entero. Hay que velar por la convivencia y rehabilitar barrios», manifestó la portavoz de Vox.

Al PSOE, según subrayó el concejal Eduardo Castillo, les genera «dudas» esta primera medida. Por su efectividad y porque se va tarde «ya que la Junta de Andalucía ha tardado cinco años en sacar un decreto que les pasa la pelota a los ayuntamientos sin financiación». Castillo explicó que no solo generan problemas las viviendas turísticas sino también los alojamientos. «Esto no resolverá la situación de algunas zonas como el Albaicín, el Sacromonte o el Realejo», resaltó Castillo que añadió que es imprescindible, «tener un modelo de ciudad y plantear la tasa turística».

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, recalcó que aunque «unos digan que van rápido y otros que van lento» se está trabajando con un modelo de ciudad porque hay que ordenar ya los pisos turísticos. En agosto tendrán el estudio de datos sobre estas viviendas en Granada y a partir de ahí se aprobará inicialmente la modificación del plan general, algo que ya ha comenzado su tramitación.

En el pleno municipal se trataron otros tantos asuntos como la nueva reestructuración de la forma de trabajar de la Policía Local que acabará con el 50% de las horas extra y reforzará los fines de semana; la reducción de la tasa a las empresas de telefonía móvil algo que chocó a los grupos de la oposición ya que baja de 15.000 euros a 350; la polémica de las tasas de los clubes deportivos o el déficit ferroviario de Granada.

También hubo espacio para el conflicto meramente político donde el portavoz del gobierno y el grupo popular, Jorge Saavedra, pidió a los concejales del PSOE que fuesen «más socialistas y menos sanchistas».

Pedro Sánchez fue una de las figuras más nombradas en este pleno antes de las vacaciones donde se terminó de aprobar la zona azul, sin más debate, y donde se hicieron preguntas y ruegos y se dio paso el mes vacacional por excelencia, en el que la alcaldesa será sustituida durante estas semanas.