Granada tiene un año para ejecutar los proyectos de la zona de bajas emisiones

Según ha expuesto la edil, el Gobierno ha concedido la prórroga que el Consistorio había solicitado para llevar a cabo las actuaciones. El plazo extraordinario es de un año, un periodo en el que la ciudad deberá culminar acciones como la sensorización de las plazas de aparcamiento, la instalación de cámaras de control de accesos a las áreas restringidas o el desarrollo de una app que permita a los ciudadanos reservar un lugar para dejar el vehículo. Son estas algunas de las medidas para las que la anterior corporación solicitó fondos europeos y que son imprescindibles para que las limitaciones al tráfico que deben imponerse puedan realizarse.

Agudo, a preguntas de este periódico, ha confirmado que parte del programa está ya ejecutado, pero reconoce que el retraso heredado del anterior mandato ha impedido que el resto pudieran completarse en el plazo inicialmente previsto, que caducaba en diciembre pasado. Como ha recordado, cuando se produjo el cambio de gobierno, había actuaciones que, aunque estaban ya ideadas, aún no se habían licitado, un trámite que se terminó en los meses posteriores.

La edil ha celebrado la concesión de una prórroga que permite a la ciudad cumplir con los requisitos. Según ha dicho, es una medida que «da aire» al Consistorio antes de insistir en que el área «no será complaciente» y avanzará en la ejecución para no perder los fondos.

Agudo, por otra parte, ha dado cuenta también de los primeros resultados del diagnóstico de la movilidad que los técnicos de la concejalía están realizando en los últimos meses. Este proceso, que arrancó después de que el Ayuntamiento anunciase la realización de un estudio previo a la implantación de la zona de bajas emisiones para conocer el impacto que la medida podía tener tanto para las áreas incluidas como para los comercios afectados, ha permitido comprobar al Consistorio que la mayor parte de los vehículos que se desplazan a la ciudad proceden de fuera.

De acuerdo, a los datos recabados por las cámaras que hay distribuidas por la capital, más del 70% del tráfico que pasa por los viales de entrada a Granada y por la zona de bajas emisiones procede del exterior. No se trata de coches censados en la ciudad, lo que, según ha expuesto, «afianza las premisas con las que los técnicos trabajan desde el inicio», que ponen en el foco la necesidad de una solución para las conexiones entre Granada y el Área Metropolitana.

El debate en la comisión permitió, a su vez, abordar otros aspectos vinculados a la implantación de las restricciones. Es el caso del periodo de alegaciones del plan de calidad del aire de Granada y el Área Metropolitana impulsado por la Junta de Andalucía. La socialista Raquel Ruz ha recordado que el periodo de alegaciones concluyó hace unas semanas y ha preguntado por las sugerencias realizadas al Ayuntamiento sobre el mismo. En concreto, la concejala ha puesto el foco con las medidas planteadas a Fomento relacionadas con la zona de bajas emisiones y ha recordado que el gobierno municipal ya expresó en verano pasado que el área actualmente prevista, que fue diseñada en el mandato anterior por el bipartito de PP y Cs, iba a ser revisada.

Agudo no ha hablado de posibles aportaciones, aunque sí ha reconocido que los técnicos del área se habían sentado con los redactores del plan de calidad del aire para informarles de que las restricciones de la capital están siendo estudiadas en la actualidad. En dicho encuentro, según ha contado, se informó al Ayuntamiento que las medidas determinadas en el plan autonómico no eran vinculantes. Ruz, sin embargo, ha señalado que el texto impulsado por la consejería no tiene ese carácter y ha expuesto sus dudas por un texto que, de cambiar finalmente la zona de bajas emisiones, nacería ya con un déficit importante en su raíz.