Los líderes vecinales reclaman presupuestos para los barrios de Granada

El gran patio de vecinos de Granada se empezó a construir en 1984. Por entonces se trazó un primer mapa de los distritos y se constituyeron 30 de las asociaciones. Cuatro se unieron en los 90 –La Paz Paloma Blanca, Valparaíso Sacromonte, Joaquina Eguaras, Campo Verde y Rey Badis– y otras dos lo hicieron en 2005 –Albayda y Barranco del Abogado–. El movimiento más reciente es la disolución de Bajo Albayzín, que cesó su actividad en verano al considerar que el barrio se enfrenta a nuevos retos –despoblación y turistificación– que requerían un relevo que nunca llegó.

Francisco López de Haro preside la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos desde hace 28 años. Casi tres décadas. El mismo tiempo que lleva al frente de la asociación San José Obrero, del Parque de la Rosaleda. «He intentado que venga gente joven, pero no vienen», se resigna, «no pueden perder tiempo en las asociaciones». Se refiere a la burocracia y el trabajo altruista para mantener vivas estas agrupaciones que no sólo participan en las juntas de distrito: organizan actividades culturales, talleres, las fiestas del barrio, informan a sus vecinos… Las nuevas generaciones no tienen tiempo para ello. En la Federación Provincial convoca elecciones –las próximas, a principios de 2021– «pero no se presenta nadie».

Otra de las caras conocidas del movimiento vecinal en Granada es la de José Fernández Ocaña, 'Rufo', que lleva «treinta años» de lucha activa y 15 como presidente de la asociación de La Chana. Él espera que haya relevo pronto, pero también asegura que «nadie quería presentarse» a la presidencia de la agrupación en las últimas elecciones. La continuidad queda asegurada, explica, porque junto al Zaidín es «de las pocas asociaciones que tiene sección juvenil con directiva y presupuesto». También en el barrio de Albayda quieren asegurarse el futuro: de los once miembros de la junta directiva, 4 son jóvenes. «Están muy implicados, entre ellos, el vocal que lleva las redes sociales y otro al frente de la web», explica su presidenta, Mari Carmen Muñoz.

En tono optimista, Alejandro Corral, presidente de los vecinos del Realejo, mantiene que «mientras haya gente siempre habrá problemas, y con ellos movimiento». Para evitar la suerte que corrió la asociación Bajo Albayzín, un joven se puso hace un año al frente de la asociación Virgen de las Nieves, de la Carretera de la Sierra. El colectivo vecinal había perdido fuerza. «Querían disolverla, cerrar, pero yo dije que no podían quedarse sin asociación», cuenta Miguel Ángel Heredia, que con 26 años es uno de los rostros más jóvenes en este patio de vecinos.

Otro grupo «con gran capacidad de mediación, comunicación e interlocución y muchas ganas» se hará en breve con las riendas de la asociación Parque Lagos tras la salida de la anterior directiva. Están en fase de constitución. Como explica Pilar Gilabert, el nuevo movimiento vecinal nació de las protestas por la falta de transporte público en la zona junto al edificio Forum. Nacen con voluntad de trabajar por los servicios del barrio siendo «cercanos, familiares, honestos y transparentes», con vocales de todos los sectores y sin «simpatía por ningún grupo político». La crítica a las vinculaciones con los partidos es una constante en el seno de las asociaciones.

Las juntas municipales de distrito «son órganos de gestión administrativa desconcentrada y de participación ciudadana en los que los vecinos podrán realizar propuestas, recabar y obtener información, así como supervisar, controlar y participar de la gestión municipal de los asuntos que afecten al distrito». Preguntados por la utilidad de los 'plenos de barrio', los portavoces de las ocho asociaciones entrevistadas coinciden en que no siempre se toman en consideración sus propuestas.

Difiere el nivel de la crítica. Fernández Ocaña es el más contundente: «Ahora mismo las juntas municipales de distrito no sirven para nada, no son vinculantes y la efectividad es poca». Su homólogo en el Realejo, Alejandro Corral, las califica de «inútiles», porque los problemas que ponen sobre la mesa se repiten sesión a sesión sin que nadie los solvente o al menos dé respuesta.

Las contestaciones son, en ocasiones, «ambiguas, sin sentido», como asegura Antonio Jiménez, presidente de la asociación del Albaicín. Un «se estudiará» sin más detalles que también suele escuchar Mari Carmen Muñoz: «Me gustaría que fueran reales y efectivas, y eso depende del presidente. Pero en Beiro hemos mejorado bastante, las juntas son más dinámicas y efectivas».

El Ayuntamiento modificará la normativa de participación ciudadana para adaptarla a la nueva ley andaluza y ha pedido a las asociaciones que presenten sus ideas. En el distrito norte, Ángel Rubio, presidente de la asociación Las Cruces de Almanjáyar, reclamará «una descentralización con presupuestos para inversiones en cada barrio»: partidas económicas participativas adjudicadas en función del número de habitantes. En ciudades como Madrid, las juntas de distrito gestionan espacios y presupuesto, y sus presidentes tienen competencias, por ejemplo, para otorgar licencias o gestionar ayudas sociales.

La concejala de Participación Ciudadana, Eva Martín, reconoce que hay «cuestiones que se plantean que en la práctica no se pueden realizar». «Es complicado, pero queremos que la capacidad de reacción sea lo más rápida posible», explica. Ángel Rubio pide que el Ayuntamiento apueste «por la participación de una manera real, para que logremos que los ciudadanos se vayan implicando cada vez más».

Con respecto al 'papeleo', las opiniones también van por barrios, pero las asociaciones consultadas coinciden en que les supone un problema la burocracia y el retraso en el pago de facturas. Económicamente, las asociaciones se mantienen gracias a las cuotas y subvenciones.

Los asociados suelen pagar una media de 12 euros anuales. El número de socios varía:en el Albaicín, por ejemplo, hay medio centenar al día con las cuotas, pero más de 600 censados. En el Realejo son 350 los socios que están al corriente;mientras que en La Chana oscila entre 150 y 200 y en Albayda soprepasa los 200. Llama la atención el caso de Almanjáyar, donde según su presidente hay 1.254.

El Ayuntamiento destina cada año tres líneas de subvenciones que en 2019 supusieron una inversión de 114.048 euros para «reconocer el interés público de la labor que desarrollan estos colectivos en defensa de los intereses generales de los vecinos». Aellos se suman los presupuestos dedicados a los barrios a través de las juntas de distrito.

Seis asociaciones que no disponen de sede reciben 8.000 euros anuales para el alquiler de un local. 29 de ellas obtienen 2.139 euros para fomento del movimiento vecinal:actividades deportivas, cabalgatas, talleres, convivencias... Por último, la Federación Provincial percibió en 2019 un total de 4.000 euros para desarrollar sus fines. A esto se suman los patrocinios para actividades concretas.

Justificar los gastos es, en ocasiones, una odisea. El portavoz de una de las asociaciones pone un ejemplo. Organizan un ciclo cultural en el barrio, proponen un artista, el Ayuntamiento aprueba el gasto y los vecinos contactan con él. Después de hacer su trabajo, la factura la emite el Consistorio. El pago se demora, pero el artista no reclama en Plaza del Carmen, sino ante quienes le propusieron la actuación. Los vecinos.

La demora en los pagos varía, pero puede superar el año en algunos casos, algo de lo que las asociaciones advierten al cerrar cualquier trato. «La gente no quiere trabajar con nosotros», lamenta el representante de La Chana.