El Gobierno rechaza el refuerzo de ocho nuevos jueces para Granada

La Junta de Andalucía lamenta un nuevo agravio a la comunidad autónoma por parte del Gobierno central al negar la dotación de jueces y magistrados necesarios para aliviar «la excesiva» carga de trabajo que soportan los tribunales andaluces. Para el conjunto de la comunidad, se exigió la creación de nuevos tribunales, con 56 jueces y 15 plazas de magistrados, propuesta que fue rechazada, lo que contrasta con Cataluña a la que se ha concedido 60 nuevos juzgados, «más incluso de los que había solicitado».

La petición de la Consejería de Justicia está sustentada en el estudio y planificación que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su última memoria. Dicho documento recoge la necesidad de un mayor número de juzgados y también de la creación de más plazas judiciales para Andalucía en atención a su elevada tasa de litigiosidad y al hecho de que la ratio de jueces por habitantes esté por debajo de la media nacional.

El número de magistrados y jueces en Andalucía es de 11,8 por cada 100.000 habitantes inferior a la media nacional que se sitúa en 12,1 por cada 100.000 habitantes. La media de creación de juzgados y plazas de magistrados en Andalucía es de 12 en los últimos cuatros años.

Uno de los motivos alegados para el rechazo de la medida fue la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Judicial, que supone la transformación' de la actual estructura judicial por un nuevo modelo de tribunal de instancia. Este argumento no se ha aplicado con Cataluña, alcanzando un acuerdo bilateral por el que dispondrá de 60 nuevos juzgados cuando es una comunidad con menor población que Andalucía y con un número bastante menor de partidos judiciales, 49 frente a los 85 de Andalucía, según la Consejería de Justicia andaluza. Además, la Generalitat pidió 55 nuevos juzgados.

Desde la Junta de Andalucía se reclama al Gobierno que atienda sus peticiones con el mismo criterio con el que ha tratado a Cataluña. La Consejería también reitera al Ministerio de Justicia su petición de obtener fondos para poner en marcha la Ley de Eficiencia, que supone la mayor transformación de los órganos judiciales en 40 años y «el Gobierno no prevé recursos para su desarrollo», por lo que las comunidades tendrán que asumir este coste 'a pulmón'.

Por último, desde la Junta se considera también que sería importante contar con más jueces con el nuevo panorama que abre la nueva ley en la jurisdicción de la violencia de género, ya que incrementará las competencias de los juzgados de este ámbito que a partir de ahora tendrán que asumir todas las causas relativas a la violencia sexual. El Gobierno anunció que aumentará en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia para toda España. En la provincia granadina se traducen en un magistrado para la capital y otro para Motril.

Por su parte, la Junta de Andalucía aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los órganos judiciales de los 70 partidos que deben adaptarse a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 1 de julio. En Granada esta primera fase de la reforma afecta a los partidos judiciales de Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Santa Fe. En la capital, la metamorfosis de los juzgados se producirá en diciembre de este año, al igual que en Motril.

La administración sacó adelante la medida sin apoyo de los sindicatos. La ley introduce importantes cambios en la planta y demarcación de los tribunales. Lo más relevante es que los juzgados, tal y como los conocíamos, desaparecen.

Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir se suprimen los juzgados cerrados con funcionarios 'estanco' y se cuenta con cuerpos comunes. Se disuelven las fronteras entre juzgados e integran secciones de la misma especialidad, que agruparán a todos los jueces y magistrados de esa materia y que tendrá un grupo de funcionarios asignado por una unidad de tramitación.

Este medio se ha puesto en contacto con Subdelegación del Gobierno para conocer su versión de los hechos y espera respuesta.