García Arrabal niega que el Ayuntamiento le favoreciera y recuerda que pagó el marcador del Palacio Municipal de Deportes

Los principales encausados también han coincidido en presentarse como víctimas de alguien o de algo. Por ejemplo, el exalcalde José Torres Hurtado (que pertenecía al PP cundo ocurrieron los hechos), confesó ser víctima de su desconocimiento de la compleja terminología urbanística. Otros, caso de la exconcejal Isabel Nieto o los funcionarios municipales procesados, afirmaron sentirse víctimas de las supuestas «confusiones» o «errores» en los que habrían incurrido la fiscalía y, por ende, el juzgado de Instrucción durante la investigación de los hechos.

Ayer, Roberto García Arrabal, el antiguo constructor (se arruinó y ahora se dedica a otros menesteres) que levantó la sala de fiestas presuntamente ilegal en el parque público del Serrallo, afirmó ser víctima de la voracidad del Ayuntamiento. Según declaró, el Consistorio no solo no le dio un trato de favor y se plegó a sus intereses, que es lo que sostiene la fiscal Sara Muñoz Cobo, sino que le exprimió. En este sentido, recordó que tuvo que gastar 400.000 euros en pagar el nuevo marcador del Palacio Municipal de Deportes.

También reconoció que tuvo que abonar multas de 14.000 y 16.000 euros por haber cometido irregularidades, que corrigió, en el complejo de ocio y restauración que ocupó el parque público.

También lamento que estallido del caso Serrallo y el inicio del proceso judicial perjudicó seriamente al negocio en cuestión procedimiento judicial perjudico al negocio de la sala de fiestas y cuarenta trabajadores fueron a la calle.

Antes de hacer esas revelaciones, García Arrabal provocó una suspensión momentánea de la vista oral del juicio, al asegurar que no había podido consultar documentación técnica del proyecto objeto del pleito porque el juzgado se la había entregado este pasado miércoles, algo que, de ser cierto, le permitiría alegar indefensión.

La fiscal advirtió entonces de que, durante la fase de instrucción, el exconstructor ya había denunciado que los expedientes los tenía la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional y que no podía defenderse con garantías. La representante del ministerio público preguntó a los policías y estos respondieron que no tenían nada.

Tras el receso, García Arrabal dijo que quería seguir declarando y acusó al exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo Royo (PP) de decir «falsedades sobre él».

También señaló al Jacobo de la Rosa, funcionario del Ayuntamiento y un testigo clave de la acusación, como la persona que le animó a meterse en lo del Serrallo, un proyecto que el propio De la Rosa tachó luego de ilegal.

Tras García Arrabal, subieron al estrado los exediles del PP acusados por haber participado en una junta de gobierno en la que se dio el visto bueno a la cambio de uso de los terrenos para favorecer la construcción de la sala de fiestas.

Como ni la fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada habían formulado cargos contra los exediles, el trámite fue muy rápido. Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera dijeron que se limitaron a aprobar un expediente que tenía los informes favorables de los técnicos.