Los funcionarios no tendrán que devolver la productividad de 2020

El dictamen del magistrado pone fin a un episodio que arrancó en septiembre de 2020, cuando la Mesa General de Negociación del Consistorio aprobó destinar parte de los fondos adicionales concedidos por el Estado para las promociones internas a la productividad del personal municipal. La determinación fue asumida por el equipo de gobierno de Luis Salvador, que la elevó posteriormente al pleno para su aprobación. Todas las fuerzas respaldaron el expediente salvo Unidas Podemos, que se abstuvo tras valorar positivamente la medida en un principio, y Vox, cuyo portavoz entonces, Onofre Miralles, anunció su intención de elevar el procedimiento a los juzgados por las dudas que le despertaban.

El caso fue analizado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Granada, que ordenó el reintegro de los 200.000 euros en febrero de 2022 al considerar que no respondía «a las exigencias legales y subjetivas que lo configuran». El juez apoyaba su decisión en que las propuestas de las concejalías hacían referencia «genérica» a unos objetivos en proyectos determinados «sin conocer en ningún caso cuáles eran esos objetivos» y en que hubo una «coincidencia mayoritaria» en la distribución, que fue de 100,41 euros por empleado.

Apelado por CSIF y el Ayuntamiento de Granada

Como recoge la sentencia del TSJA, que obra en poder de este periódico, el fallo fue apelado por CSIF y el Ayuntamiento de Granada. Durante el proceso, el sindicato defendió que no había habido falta de motivación de la resolución recurrida y recordó que el expediente había contado con propuestas realizadas por las delegaciones municipales, así como el informe favorable tanto de la intervención municipal como del subdirector general de Recursos Humanos, que precisaba todas las razones por las que se concedía el complemento a los trabajadores.

El Consistorio, por su parte, incidió en la correcta justificación de la productividad y aludió también, como CSIF, a las propuestas elaboradas por los responsables de cada delegación municipal. que especificaban los objetivos cumplidos que motivaban la decisión. Los servicios jurídicos municipales también recordaron que el cobro del complemento no generó nuevos derechos individuales en los trabajadores y solicitó también la estimación de la apelación.

La parte apelada, a su vez, defendió la ratificación del fallo al considerar que «no había error en la apreciación de la prueba ni incongruencia en la sentencia».

El dictamen del TSJA ha dado la razón a CSIF y Ayuntamiento al considerar que la productividad estaba debidamente motivada y cumplía con lo establecido en la ley. En su argumentación se ha apoyado en jurisprudencia previa, que revela la interpretación restrictiva que existe habitualmente a la hora de anular expedientes de este tipo.

El responsable de Administración Local de CSIF Granada, Ignacio Conde Pipó, ha celebrado la decisión del TSJA, «que refleja que el acuerdo y pago del complemento estaba totalmente motivado». El dirigente ha explicado que la «obligación» del sindicato era acudir a la justicia «para defender el acuerdo de la Mesa de Negociación» al entender que en la denuncia que dio origen al caso «existían otros intereses que iban más allá de la defensa de la legalidad» y suponía, en su opinión, «una injerencia en nuestras negociaciones legítimas con los equipos de gobierno».

Por su parte, el exportavoz de Vox, Onofre Miralles, ha expresado su «máximo respeto» por la decisión del TSJA y ha confirmado que no apelará al Supremo «al no ostentar representación pública». El responsable, no obstante, considera que «nunca se acreditó la evaluación del desempeño de los más de 2.000 trabajadores municipales, máxime cuando dos tercios de la plantilla se encontraba confinada».