Francisca Granados considera que Juana Rivas es una víctima de la «violencia institucional»

Granados ha aseverado en su ponencia que las leyes deben aplicarse de acuerdo con el contexto y la realidad: «El problema del caso Juana Rivas no es un problema que podemos achacar a falta de legislación. Nuestro sistema jurídico es mejorable las respuestas deberían de haber sido distintas y se han producido incumplimientos graves muy serios que han condicionado la situación de Juana Rivas y he demostrado con argumentos legales donde se han producido esas rupturas». Sobre las acusaciones de mal asesoramiento responde: «Se dice mucho del mal asesoramiento. Es una canción que nos sabemos muy bien. Os prometo que no voy a dedicar ni un segundo en justificar esta historia. Sólo digo lo siguiente aquí han intervenido distintas letradas». «Yo por si tampoco os suena no soy abogada. No he tenido la necesidad de dedicarme a la Abogacía porque soy asesora jurídica y desde hace 30 años profesora de universidad». Granados mantiene que «lógicamente» la madre de los dos menores ha tenido un equipo diverso, pero que desde el primer momento el caso de violencia de género estuvo sobre la mesa del juzgado: «Todos lo que hemos intervenido en el caso de Juana Rivas no lo habremos hecho perfecto, seguro que hemos cometido errores, pero la psicóloga de mi servicio que atendía a Juana Rivas se persona en ese juzgado y en ese procedimiento, presenta el informe personalmente para poder ratificarlo y eso consta desde el minuto uno en el juzgado». «Ante la criminalización de los servicios de apoyo la respuesta es no a lugar», sentencia.

En relación al juez encargado de la instrucción, sin una mención explícita, la asesora ha declarado: «Que no se nos olvide que las conquistas legales que consigamos no servirán para nada si los encargados de aplicar la ley no lo hacen como deben». Cuestionada por los medios y arropada por un grupo de mujeres la asesora de la madre de Maracena ha denunciado que «Juana Rivas es un ejemplo de violencia institucional que debe corregirse y tomar medidas de que determinados funcionarios hagan lo que tienen que hacer y si no es así de está perpetuando esa violencia». Por último sobre la ausencia y la crítica en la participación en las jornadas del equipo de Arcuri ha señalado que «se trata de una jornada universitaria y no de un juicio».

Por su parte, Miguel Lorente Acosta, director de la Unidad de Igualdad, profesor del Departamento de Medicina Legal e implicado en el caso de Juana Rivas, ha defendido que en el estudio del caso desde la actitud pericial, caracterizada su intervención en el caso italiano, se demuestra la existencia de elementos objetivos de violencia que deben ser investigados. Lorente señala la justicia española «no está preparada para abordar delitos con historia personal bajo el contexto de violencia, sólo puede tratar cuestiones puntuales».

«No es casualidad que pase esto. Es un asunto cultural derivado del cuestionamiento a la mujer; Cuando se habla de denuncia, se tiende a hablar de denuncia falsa y cuando se habla de custodia se dice que la madre los ha manipulado y sufren el síndrome de alienación parental», ha afirmado. «Juana no pide que le den la razón, pide que se investigue la violencia de género denunciada». «Ella se llevó a sus hijos, pero se hace oídos sordos en porqué lo hizo».