La Fiscalía pide prisión para Isabel Nieto, un exalto cargo de Urbanismo y un promotor en la pieza Mulhacén

El escrito de acusación de la Fiscalía reactiva una de las piezas separadas pendientes de llegar a juicio en este caso de presunta corrupción urbanística. Este expediente en concreto gira en torno a la presunta alteración fraudulenta de una concesión administrativa sobre una parcela en la zona de Torre de la Pólvora que incluía un uso deportivo y que se adjudicó, en febrero de 2007, al promotor investigado en esta causa.

El pliego del concurso obligaba al concesionario a edificar dentro de la parcela un gran pabellón deportivo con aforo de 2.000 espectadores, además de instalaciones deportivas complementarias --como pistas descubiertas para practicar tenis o pádel-- zona comercial y aparcamiento subterráneo.

El canon mínimo se valoraba en 6,1 millones de euros y se establecía un canon concesional de mil euros al año. Al término de la concesión --prevista durante 40 años-- la totalidad de las instalaciones deberían revertir al Ayuntamiento, en perfecto estado y libre de cargas.

La fiscal del caso mantiene sin embargo que los tres acusados «de común acuerdo» y «con el ánimo de defraudar al Ayuntamiento de Granada llevaron a cabo modificaciones esenciales en el contrato de concesión administrativa en beneficio exclusivo» del promotor «y en perjuicio de interés público municipal».

Con ello, «el contrato de concesión se desvirtuó por completo, el adjudicatario incumplió las obligaciones establecidas en el pliego» y el pabellón deportivo se ejecutó al margen de lo que estaba previsto. Así, «no se construyeron ni las pistas de pádel, ni las 196 plazas de garaje que se debían construir».

Agrega la fiscal que al menos la mitad de la parcela deportiva municipal se ha perdido para destinarla a restaurantes «cercenando su destino primitivo». «Todo ello --afirma-- encaminado a la obtención del máximo lucro del empresario en perjuicio del interés público», actuando presuntamente la entonces concejal Isabel Nieto y el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras «al dictado de los intereses empresariales en juego y al servicio de los mismos».

Entre otros perjuicios, la fiscal alude a una pérdida de suelo, de los servicios públicos previstos en la zona por el planeamiento, además de las «necesarias plazas de aparcamiento, que se ven notoriamente disminuidas y privatizadas». También advierte de que hubo «una parcelación ilegal» y un «incremento de la edificabilidad a favor de los negocios instaurados en esta parcela de uso deportivo».

«Informes inexistentes»

En el caso concreto de la exconcejal de Urbanismo, afirma que «vulneró gravemente la legalidad concediendo licencias que obedecían exclusivamente al plan de favorecer los negocios privados e intereses mercantiles» del promotor, «bajo la apariencia y al amparo de una serie de informes que, o bien eran inexistentes o bien no suponían, en modo alguno, cobertura legal para las actuaciones llevadas a cabo».

La fiscal considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación urbanística en concurso con fraude en la contratación o, alternativamente, de prevaricación común en concurso con fraude en la contratación por los que pide diferentes penas de entre dos y tres años de prisión para los acusados, además de más de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que, en el caso del promotor, se suman a la imposibilidad de obtener ayudas públicas o contratar con organismos del sector público.

En concepto de responsabilidad civil solicita la nulidad de licencias y decretos vinculados a las instalaciones, entre ellas licencias de obras, de ocupación de varios locales y de utilización del pabellón deportivo «sin perjuicio de las indemnizaciones a costa de los acusados».