La Fiscalía de Menores pide centros especializados para los inmigrantes más conflictivos

Los datos de la Junta de Andalucía, que es la institución que se hace cargo de ellos después de la travesía, certifican que el número de llegadas de menores inmigrantes ha ido creciendo progresivamente en los últimos años. En 2015, hubo 362 altas en los refugios habilitados para estos chicos;en 2016, 450, y en 2017, 706, es decir, casi el doble.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Junta abrió hace unos pocos meses en Víznar un centro de acogida de emergencia con cien plazas, una circunstancia que condiciona la estadística: si hay más camas, es lógico que vengan más pequeños y jóvenes. Es de cajón.

En cualquier caso, es cierto que el flujo ha ido en aumento. Y coincidiendo con ese fenómeno, se ha producido otro que ha generado una notable polémica:algunos menores extranjeros han perpetrado robos –a veces con violencia– en la capital granadina y también han organizado violentas algaradas en los centros en los que están alojados. En este sentido, los propios profesionales que trabajan en estos establecimientos –trece han sufrido agresiones en Granada– han alzado la voz para exigir a la Junta que adopte medidas para 'pacificar' la situación.

¿Significa todo esto que Granada tiene un problema grave de seguridad por 'culpa' de los niños patera?

Rosa Guerrero, la fiscal que coordina la Fiscalía de Menores de la provincia, cree que no. «Lo que sucede es que hay más niños, más menores no acompañados. Pero no sólo en Granada, sino a nivel nacional. Lógicamente, si aumenta esa población, es cierto que también puede aumentar el número de delitos que cometen estos menores, pero porque hay más», razona la fiscal.

Sin embargo, Rosa Guerrero admite que ha habido problemas de orden público, pero precisa que los jóvenes inmigrantes que han llegado en los últimos tiempos son, en general, más «conflictivos» por su dependencia del pegamento y otras drogas. «El perfil hace diez años era el de un niño que venía buscando un trabajo. Ahora es un perfil más complicado, sobre todo, por la adicción al pegamento. Siempre ha habido algún caso de adicciones entre estos menores, pero últimamente (es más generalizado) están llegando en otras condiciones. Son niños más problemáticos porque presentan adicción a inhalantes. Y en esas condiciones, cuando está bajo los efectos del pegamento, no se puede trabajar con ellos», advierte la fiscal granadina.

Así las cosas, para Rosa Guerrero es fundamental que el sistema se adapte a este tipo de chicos. «Si nos están llegando más niños y el perfil es más conflictivo, tendremos que adecuarnos a esas circunstancias y a ese nuevo perfil. Tendrá que haber mejores centros y profesionales que atiendan a esas necesidades. Al final es dinero», resume la responsable del ministerio público.

La fiscal pone un ejemplo que va en la línea de lo que propone la institución. «Hasta hace algún tiempo, no se ha estado cubriendo la plaza de mediador intercultural, que es una figura muy necesaria. Es fundamental que haya una persona que hable a los niños en su idioma y transmita a los profesionales las circunstancias en las que están. Trabajar con un niño que arrastra dificultades por el idioma, y encima está condicionado por una adicción fuerte, es muy dificultoso. La violencia es contagiosa. Un brote de agresividad de un menor que no sabe lo que le están diciendo es fácil contagiarlo. Entonces sí que se producen situaciones explosivas que son más difíciles de controlar».

Por ello, Rosa Guerrero insiste en la necesidad de ir hacia «un nuevo modelo» de centros de acogida que estén preparados para dar respuesta a los niños patera más difíciles. «Falta trabajo por hacer», señala. Ymientras no se avance, tendrá que intervenir la justicia penal, aunque, en teoría, debe ser siempre el último recurso. «Tenemos que proteger la integridad física de los trabajadores y de los ciudadanos en general. En verano, tuvimos que actuar porque hubo varios robos con violencia y con fuerza en casas habitadas. Yse puso coto, pero estamos ante una nueva generación de menores no acompañados y hay que dar otra respuesta», reitera la fiscal.

Según la información facilitada por la Junta de Andalucía, los menores inmigrantes que llegan a Granada son principalmente varones de entre 15 y 17 años.

En cuanto al país de procedencia, la mayoría son marroquíes, el 56%, y en segundo lugar estarían los chavales de Guinea Conakry, con un 12%, una nación del África Subsahariana donde el 60% de la población es pobre.

También han arribado a los centros de acogida de Granada niños de Costa de Marfil, Gambia, Malí o Ghana.

Los representantes sindicales de los centros vienen advirtiendo desde hace meses de los serios problemas existentes para tratar en buenas condiciones con la mayoría de estos adolescentes, por culpa sólo de una minoría que presenta perfiles para estar atendidos en otro tipo de centros.

«Las conductas agresivas de algunos menores hacen que se viva en los centros un clima de violencia que perjudica al resto de internos y que impide la labor educativa del personal», explica Fernando López Rejón, presidente del comité de empresa de Igualdad. Sin contar las denuncias presentadas la pasada semana por tres trabajadores, desde el pasado mes de septiembre se habían presentado ocho.

López Rejón apunta a la sobreocupación de los centros, al ingreso de inmigrantes que tienen 18 o más años y no son menores para estar en estos centros, así como a la entrada de otros que vienen con trastornos graves de conducta o de adicciones como «causas que entorpecen la labor educativa que hacen los trabajadores» y son problemas que «deben subsanarse lo antes posible».

Granada se está encontrando con otro problema añadido. La escasez de plazas conveniadas está dejando en la calle cada vez a más jóvenes que, tras cumplir los 18 años, no pueden seguir en los centros de primera acogida. «La necesidad de habilitar más plazas conveniadas es una realidad», advierte HatimFezcari, quien lleva el programa de alta intensidad para jóvenes mayores de edad de la Ciudad de los Niños. «Se intenta por todos los medios que nadie se quede en la calle mientras tengan el amparo de la Administración». Otra cosa muy distinta es que queden en situación de desamparo, lo cual les complica mucho la estancia en España.Si pierden la tutela de la Junta necesitarían tres años y un contrato de trabajo para lograr los papeles que le permitan estar en suelo español en situación de legalidad.

Ayoub tiene 18 años. «Vine en patera y la travesía tardó tres días. Pagué 1.200 euros y lo pasamos muy mal. Ahora ya tengo 18 años y quiero buscarme un buen futuro». Este joven marroquí es uno de los que se beneficia del programa conveniado en la Ciudad de los Niños con la Junta de Andalucía. «Trabajar de forma adecuada con ellos es la mejor inversión que puede hacer la sociedad.Abandonarlos a su suerte y mirar para otro lado conlleva un coste muy alto y una carga de sufrimiento para estos chavales demasiado grande», apuntaHatim.

María del Carmen Álvarez Mansilla es la psicóloga que bucea en los fondos emocionales de estos jóvenes alejados de sus familias. «Tan sólo tienen 18 años pero llegan con unos problemas emocionales muy grandes. Se ven obligados a madurar a pasos forzados y a lidiar con problemas muy serios, aquí nos volcamos con ellos para que lo consigan porque somos su único referente. Y lo suelen conseguir, con mucho trabajo, pero lo logran».

Esta psicóloga asegura que es cierto que cada vez llegan más a Granada y al resto del país, que muchos vienen con problemas serios de adicciones y salud mental que requieren otro tipo de centros más preparados. «Pero no debemos olvidar que son muchos más los que salen adelante con el esfuerzo de muchos profesionales y lo que debemos conseguir es atender con el recurso adecuado a quienes vienen con problemas más serios».

Detrás de esta avalancha de menores extranjeros no acompañados hay mucha pobreza y países con conflictos muy importantes que los empujan a marchar a Occidente.