La Fiscalía de Menores archiva la segunda denuncia por agresión sexual en un colegio de Granada

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya titular, Ana Tárrago, ha venido mostrando su preocupación por el aumento de delitos de agresión sexual cometidos por menores de 14 años y reclamando a las administraciones programas específicos para trabajar con estos menores inimputables cuando cometan esta clase de delitos.

Los tres supuestos agresores que fueron denunciados por los padres de las presuntas víctimas tienen menos de 14 años. Los presuntos abusos se produjeron durante el recreo allá por el mes de octubre; primero trascendió uno de ellos y el segundo se supo cuando ya se había abierto el expediente y los presuntos agresores habían sido trasladados de centro, aunque había similitud en las lesiones y los testimonios de ambas víctimas. La segunda denuncia ya ha sido archivada, según avanza este jueves el diario Granada Hoy y confirman desde la Fiscalía.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, opinó en aquel momento que «estas cosas pasan porque los menores tienen un acceso indiscriminado a Internet, a las redes sociales y a la pornografía» y porque «repiten acciones que no son habituales en niños de esas edades salvo que las vean o que a su vez las sufran». Llamó así a proteger a los menores, «a todos», poniendo límite a ese libre acceso a un entorno donde «no hay medidas de protección» para ellos.

En sus últimas declaraciones sobre este asunto el pasado diciembre, la fiscal superior andaluza explicó que, según la ley, cuando un menor inimputable ha cometido esta clase de delitos el fiscal tiene que remitir el expediente a la Administración pública, pero si el menor está «normalizado» en el ámbito escolar y familiar «se archiva» el caso.

Ana Tárrago se mostró contraria a que éste sea por norma general el recorrido de los casos donde menores inimputables cometen delitos sexuales y recalca que es la Administración pública, y dentro de ella los Servicios Sociales, quien debe actuar con «programas específicos» para estos «infractores» y no «limitarse» al escaso margen de maniobra que, por ley, tiene el Ministerio Fiscal.

«La ley nos indica que el fiscal no tiene competencia para investigar esos actos. Sí, por supuesto, podemos incoar y así se incoa en la Fiscalía de Menores expedientes y podemos ver si hay riesgo de esos menores, podemos detectar algunas irregularidades, pero la competencia para aplicar cualquier programa ya no es de la Fiscalía de Menores, es de la entidad pública», recalcó.