La Fiscalía cree probado que hubo «concierto previo» de los acusados para construir la discoteca del Serrallo en un parque

En su informe oral tras sus calificaciones definitivas, en las que pide cinco años y medio de prisión para Torres Hurtado, y diez para Nieto por supuestos delitos, entre otros, de prevaricación, la fiscal del caso, Sara Muñoz Cobo, ha aludido a que con la «concesión administrativa» para la urbanización del entorno del centro comercial Serrallo, en el sur de la capital granadina, se pretendió «algo muy distinto» y «mucho más rentable» que un parque para recreo infantil compatible con la calificación de espacios libres de los terrenos.

Para ello se habrían saltado, ha defendido Muñoz Cobo, el «procedimiento legalmente establecido» y la legislación urbanística, con una «acción concertada y coordinada en el tiempo». Así, el pliego de condiciones del proyecto no hacía mención a los dos pabellones de restaurante y sala de fiestas supuestamente ilegales, sino a un bar de refrescos, que no debía superar los entre 30 y 35 metros cuadrados construidos.

Se hizo, ha proseguido la representante del ministerio público, con «máxima ocultación de lo realmente pretendido» para que estos pabellones se pudieran construir sin licencia urbanística, como dictamina la normativa de la Junta de Andalucía para los «usos excepcionales» permitidos para este tipo de equipamientos en espacios libres y zonas verdes, que es «el bien jurídico irrenunciable».

Tanto los que fueran responsables políticos acusados en esta causa, de la que han salido los entonces ediles del PP que participaron en una Junta de Gobierno Local en 2012 para aprobar supuestamente el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como los técnicos procesados actuaron, según la Fiscalía, «en todo momento al servicio de los intereses del empresario».

Recurrieron en este sentido «interpretaciones favorables, con olvido total de los intereses de los ciudadanos de Granada», ha defendido la fiscal, para quien, en materia urbanística, «no existe oscuridad en la ley» sino que en este caso «se busca intencionadamente». Más aún, «las dudas se deberían haber resuelto en favor de los espacios libres, porque así lo dice el PGOU» y, en última instancia, haber tenido en cuenta que «la voluntad del Ayuntamiento la expresa el Pleno».

Torres Hurtado, para quien también pide la acusación pública inhabilitación especial para empleo o cargo público por 32 años y medio, promovió, según siempre esta parte, una «modificación ilegal del planeamiento» cuando era «garante máximo de la legalidad urbanística» en el ámbito municipal.

Estuvo, según ha proseguido Muñoz Cobo en su informe oral, «al tanto de las actuaciones desde el comienzo», asignando la tramitación del proyecto pese a que «la competencia y las atribuciones de la concesión las tenía el director general de Urbanismo», que en 2013 puso el caso en conocimiento de los políticos.

«Ante su denuncia, ignoró por completo los hechos», y no procedió, ha continuado la fiscal, «al restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada». «Sin esta actuación o falta de actuación del alcalde» no se podría haber llevado a cabo o consolidado la actuación, ha concluido a este respecto.

Sobre el delito de malversación de caudales introducido para Nieto y el que fuera director de Obras Municipales de Granada Manuel Lorente, para el que también pide diez años de prisión, lo ha introducido en sus conclusiones definitivas pues su actuación era la base para el supuesto «enriquecimiento del empresario a costa de las arcas públicas».

Quedan nueve acusados tras la salida de los ocho concejales de este proceso, que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga, desde el 3 de febrero, en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caleta, habilitada para este macrojuicio con, desde su reanudación este mes de junio en el proceso de desescalada hacia la nueva normalidad, las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias por la crisis del coronavirus, con un tribunal presidido por el magistrado José María Sánchez.

Todos ellos eran «personas altamente cualificadas», incluido el empresario ha especificado la fiscal, que ha argumentado, en este sentido, que «todas las actuaciones realizadas lo han sido con pleno conocimiento y consciencia de lo que realizaban».

Ha resaltado que interesa la demolición de lo ilegalmente construido como «única forma de restablecer» la legalidad, así como la nulidad de las licencias que se concedieron para su uso.

La responsabilidad civil la concreta para Nieto, Lorente y el empresario en el abono conjunto de 306.932 euros al Ayuntamiento por lo que debió abonar este último, a juicio de la fiscal, en concepto de aprovechamientos urbanísticos de obras de urbanización no realizadas.

Se ha producido, como ha señalado que es habitual en estos casos, «difamación de quien se atreve a cuestionar los hechos» en referencia a los comentarios sobre el que fuera director general de Urbanismo que denunció el caso y que la fiscal ha dicho que sufrió «presiones», así como un «total desconocimiento» del funcionamiento de la Administración al aludir a «motivación política» en el informe de los peritos de la Junta.

EL AYUNTAMIENTO SE ADHIERE

Por su parte, el Ayuntamiento, hoy gobernado por PP y Cs y que ejerce la acusación particular, se ha adherido al informe de la fiscal, como lo hiciera a sus conclusiones definitivas, a excepción de la petición por el supuesto de malversación de caudales públicos para Nieto y Lorente, y por la presunta comisión de delito de encubrimiento por tres de los técnicos encausados.

Asimismo, esta parte ha señalado que la memoria para la concesión del empresario en este área de unos 14.000 metros cuadrados no hacía alusión a otras propuestas que las especificadas en lo referente a un parque de atracciones con, entre otras atracciones, mini montaña rusa, la cual fue «modificada sorpresivamente» posteriormente a través del proyecto de urbanización, como así lo declararon los peritos de la Junta en 2014, en una pericial ratificada la semana pasada en este macrojuicio.

Por otro lado, las defensas, en sus calificaciones definitivas, han ratificado su petición para la libre absolución de sus representados, así como la «expresa condena en costas» de las acusaciones, y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, entre otros, a los ex ediles que ya adelantó el presidente el pasado jueves que serán absueltos.

En el caso Serrallo hay encausados responsables políticos municipales, funcionarios y empresarios, y cuatro empresas mercantiles por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.