La Fiscalía no ve intrusismo en la asesora de Juana Rivas y pide archivar su causa

En un reciente escrito presentado por el Ministerio Público ante el juzgado instructor, al que hoy ha tenido acceso Efe, la fiscal solicita el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones atendiendo al resultado de las diligencias de investigación practicadas respecto a un posible delito de intrusismo.

La Fiscalía cita distinta jurisprudencia para determinar que no ha resultado «debidamente acreditado» que Granados hiciera «ningún acto nuclear» del tipo previsto y castigado en el artículo 403 del Código Penal, que requiere el ejercicio de actos propios de una profesión titulada y hacerlo careciendo de la misma.

Lo relevante sería por tanto la carencia de preparación que viene objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado, según la fiscal, que añade que el hecho de que alguien no esté de alta en su colegio profesional respectivo es una cuestión de menor entidad con respuesta en el ámbito deontológico disciplinario.

«Ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo», recoge el escrito de la Fiscalía, que concluye que no ha quedado acreditado que Granados hiciera acto alguno de la profesión de abogado ni labores de asesoramiento jurídico sin poseer la titulación suficiente.

En este sentido, señala que la investigada posee el título de Licenciada en Derecho y un certificado académico de sus calificaciones durante su carrera universitaria.

Esta titulación y certificación acreditan, a juicio de la Fiscalía, la preparación técnica y académica exigibles para ejercer labores de asesoramiento jurídico tanto en el Ayuntamiento de Maracena, en el que está contratada, como a nivel particular.

Tras conocer la decisión del fiscal, el letrado de Francisca Granados, Carlos Aránguez, ha expresado a Efe su satisfacción por que el Ministerio Público apoye su petición frente a la acusación sostenida por el Colegio de Abogados de Granada.

Granados ya negó el pasado 7 de marzo ante una jueza haber cometido intrusismo profesional al actuar como asesora jurídica de Juana Rivas, y apuntó que la querella presentada contra ella por el Colegio de Abogados de Granada era «ideológica» y que se habría «instrumentalizado» contra la lucha por la igualdad.

A su salida del edificio judicial de La Caleta, donde había sido citada como investigada ante el Juzgado de Instrucción 3, la directora del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena dijo que se sentía «tranquila» y que esperaba que esta investigación judicial pudiera quedar archivada.

Por su parte, Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada, señaló que la querella presentada por su colectivo respondía a las protestas de muchos compañeros a raíz de la actuación de Granados en el caso de Juana Rivas.

La «constante aparición» de la asesora podía dar a entender que ella llevaba la dirección jurídica de la vecina de Maracena, explicó Torres, que entendía que esta pudo ejercer labores que, según la normativa, correspondían «exclusivamente» a abogados.

Granados ya fue investigada, junto a la psicóloga del Centro de la Mujer y familiares de Juana Rivas, por presunta colaboración en la sustracción de menores por la que se abrió una investigación penal contra Rivas, quien será juzgada por esos hechos.

Todo después de que esta última permaneciera casi un mes en paradero desconocido para no entregar a sus dos hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que fue condenado en el 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que ella volvió a denunciar por malos tratos.