Fiscalía cree que la exdirectora de Cetursa amparó pagos «indebidos» con dos documentos «falsos»

IDEAL ha tenido acceso al decreto del ministerio público en el que la fiscal que ha abundado en los hechos propone al fiscal jefe provincial, Pedro Jiménez, la presentación de la denuncia que hizo pública la semana pasada la Fiscalía Superior de Andalucía. De momento no ha sido precisado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el juzgado de Instrucción que se hará cargo de la investigación, pues aún no se han incoado diligencias previas, un trámite que marca el inicio de una investigación judicial por delito.

El techo salarial para los directivos de Cetursa era en las fechas investigadas de 55.277 euros. Debido a la situación económica del país, la Junta obligaba a los directivos de las empresas públicas a apretarse el cinturón. Sin embargo, según figura en la denuncia, María José López, «lejos de ordenar la inmediata reducción en nómina de las retribuciones, intentó fraudulentamente eludir el cumplimiento de las normas presupuestarias con el objetivo último de evitar la disminución de los salarios». La fiscalía cree que ella y el otro exdirectivo cobraron sueldos que excedieron los límites establecidos legalmente.López habría cobrado de más 22.260 euros entre 2012 y 2013, mientras que el «exceso» en el caso del otro denunciado sería de 32.618 entre 2012 y 2017.

En cuanto a los complementos por antigüedad, el ministerio público cree que se abonaron «indebidamente» mediante su pago en nómina «sin amparo legal ni contractual». De este modo, López habría ordenado a su favor, supuestamente, pagos por antigüedad de Promonevada –entidad del grupo Cetursa– que ascendieron a 865,83 euros entre 2012 y 2015, así como otros 3.708,95 euros más de Cetursa por el mismo concepto . Y ello pese a que en 2010 había firmado sendos contratos de alta dirección con las dos entidades en los que se pactó «una retribución única, sin contemplar derecho a percibir el complemento de antigüedad», sostiene la denuncia.

En cuanto a los complementos de antigüedad supuestamente cobrados de forma indebida por el exdirectivo –él sostuvo en sus alegaciones que sí le correspondían– habrían supuesto «un exceso de 48.697,87 euros».

El decreto de denuncia está fechado el 21 de mayo de 2019 y explica cómo llega este asunto a la fiscalía de Granada, donde ya hubo en 2018 unas diligencias por presuntas irregularidades en el acceso al empleo público y abono de determinadas retribuciones y complementos contrarios a las normas presupuestarias. Aquellas diligencias, que se abrieron a raíz de una denuncia de miembros del comité de empresa de Cetursa, se archivaron. Sin embargo, este enero la fiscalía de Sevilla remitió a la de Granada otras diligencias iniciadas allí en octubre del año pasado que tenían conexión con aquellos hechos primeros, por lo que la fiscal propuso su reapertura y unir las segundas diligencias a las primeras.

Una vez asumido aquí el caso, la fiscalía de Granada pidió al Grupo de Delincuencia Económica de Policía Nacional que recabara documentación concreta en Cetursa, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Cumplida la misión, las conclusiones de los investigadores quedaron plasmadas en un informe crucial para la denuncia finalmente formulada contra López y el otro ex alto cargo de la empresa, un ente con más de 90% de titularidad pública.

En ese informe, los investigadores observaban supuestas «irregularidades de peso» en los emolumentos cobrados entre 2010 y 2017 por el exdirector de Finanzas. También hacían referencia a «abonos en nómina de complementos retributivos» que habrían supuesto «un serio menoscabo» para Cetursa. La Policía llegó a hablar de una posible «organización criminal». Incluso apuntó a un supuesto «tráfico de influencias». Pero esos dos delitos no han sido contemplados en la denuncia.

Se da la circunstancia de que cuando la fiscalía de Granada ya había recibido las actuaciones de Sevilla y estaba investigando las presuntas anomalías, recibió una denuncia de la Junta también relacionada con los hechos. Tuvo entrada el 16 de abril y la firmaba el viceconsejero de la Consejería de Hacienda. Se pretendía que se examinara una «adenda» sospechosa en el contrato de la exdirectora de Cetursa fechada el 1 de noviembre de 2010.Esa adenda, que la denuncia tilda de documento «mendaz», reconocía a López el derecho a percibir los «trienios» por antigüedad. La fiscalía sospecha que ese papel fue «íntegramente simulado» y que se pudo elaborar y firmar «por ambos u otra persona a su encargo» con el fin de dar una «ficticia cobertura» a los supuestos cobros indebidos.

El otro documento bajo sospecha es un contrato realizado al exdirectivo encargado de las finanzas de la empresa y fechado el 1 de julio de 2010, cuatro meses antes que el otro. La fiscalía cree que «incluía condiciones no pactadas» y que se elaboró entre diciembre de 2011 y marzo de 2014 «por ellos o por persona a su encargo» para amparar igualmente esos pagos por antigüedad.

Antes de denunciar el caso en los juzgados, la fiscalía emitió un decreto en abril en el que ya consideraba que los hechos podrían tener relevancia penal. Apreciaba «una presunta conducta fraudulenta» por la percepción «indebida» de derechos económicos abonados a los directivos de Cetursa entre 2013 y 2017. Las cantidades, precisaba, eran «complementos de antigüedad y otros incentivos que se habrían percibido con vulneración de los límites retributivos fijados en las leyes autonómicas de presupuestos». Ya en aquel decreto señalaba a López como la persona que, por su cargo, dispuso supuestamente el pago de esas cantidades mensuales «en detrimento de los fondos públicos».

Junto a ello, la fiscal resaltaba que la exdirectora había llevado a cabo una reestructuración del organigrama de Cetursa «con el único fin de eludir las leyes presupuestarias y normas que fijaban los límites retributivos». Lo que se hizo fue convertir las direcciones de área en jefaturas, de modo que sus responsables –entre ellos el otro denunciado– quedaban adscritos al convenio colectivo de Remontes y podían así percibir «complementos y pluses distintos». Antes de esa modificación ya había habido varios requerimientos de la Junta para que se ajustaran los salarios.

María José López fue contratada como directora de Cetursa el 9 de julio de 2009, si bien al año siguiente fue designada consejera delegada. Es licenciada en Derecho y tiene «amplia experiencia en puestos de máxima responsabilidad pública». En su día fue consejera de Justicia. También el exdirectivo tendría «una amplia formación y experiencia en el sector público». Por esa razón, la fiscalía cree que las limitaciones presupuestarias que obligaron por la crisis a poner un tope en los sueldos de directivos «debían ser conocidas» por ambos. Recientemente López indicó a IDEAL que las cantidades que la Intervención apreció cobradas de más fueron ya devueltas.