La fiscalía calcula que en Granada hay 200 viviendas donde se ejerce la prostitución

En la provincia de Granada, como en las demás, existen casos, pero son muy difíciles de desenmascarar, precisamente por el temor de las víctimas a hablar, a contar que han sido traídas a España con falsas promesas laborales, desposeídas de su documentación y obligadas a prostituirse.

De sacarlas de ese infierno, en el que se les priva absolutamente de su libertad sexual, se encargan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De defender su intereses, la fiscalía, que cuenta en Granada con un fiscal delegado en Extranjería, Luis Salcedo Faura. Este representante del ministerio público ha conseguido que todos los casos detectados acaben en sentencia condenatoria desde que se hizo cargo de esta materia. Comenzó a trabajar codo con codo con los investigadores policiales en 2014 y , a finales del año pasado, ya había formulado cinco escritos de acusación contra presuntos autores de este delito, que está recogido en el Código Penal -artículo 177 bis- y está castigado con penas de cinco a ocho años de prisión.

Este ilícito castiga como reo de trata de seres humanos a quien, «sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas» con finalidad de explotarla sexualmente. También con otros fines, como puede ser celebrar un matrimonio forzado por el que se obtiene dinero.

A este fiscal le preocupa de forma extraordinaria este ilícito en su vertiente sexual, pues es tan grave como invisible. Por eso hay tan pocos casos judicializados. Calcula que en Granada pueden existir unas 200 casas en las que se ejerce la prostitución -no siempre obligada- y que en muchos de ellos hay víctimas de trata. Pero es muy difícil identificarlas y rescatarlas si no dan un paso al frente.

«El principal problema que nos encontramos es que es un delito invisible. Es un delito que aunque tengamos a la presunta víctima de trata delante nuestra es muy difícil percibir esa condición, entre otras razones porque ella ni siquiera tiene conciencia de ser víctima de explotación sexual», explica el fiscal.

Por eso, anima a denunciar a aquellas mujeres que estén sufriendo este tipo de esclavitud, que estén siendo explotadas sexualmente contra su voluntad, «cosificadas como objeto sexual» tras haber sido traídas a nuestro país mediante engaño. Les promete protección, se la garantiza; viene establecido en la ley. «No las vamos a expulsar, las vamos a proteger», insiste. También hace un llamamiento al cliente, para que denuncie ante la mínima sospecha de que la mujer con la que va a estar sea una esclava sexual.

La prostitución en España, como recuerda este representante del ministerio fiscal, no es ni legal ni ilegal. «El proxenetismo no es un delito salvo en los casos en los que se ejerce violencia o intimidación, coacción o se abusa de la vulnerabilidad de la víctima», aclara. En este punto, resalta que en una misma casa pueden convivir mujeres que ejercen de forma voluntaria lo que se ha venido a llamar 'el oficio más antiguo del mundo' con otras que están obligadas a hacerlo. El proxeneta, como añadió, suele ser el tratante, por lo que «es quien más interés tiene en que no se detecte la condición de víctima» de la mujer obligada.

La trata tiene tres fases (traslado, recepción y acogimiento) y el supuesto típico es una persona que vive en un país de Europa del Este, africano o latinoamericano. Las de Granada proceden de Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Nigeria, Marruecos, Colombia, Venezuela y República Dominicana.

El país de origen suele no estar desarrollado económicamente y, a veces, presenta inestabilidad política o social. Las víctimas suelen ser mujeres que tienen una mala situación económica, con trabajos precarios, cargas familiares y estudios mínimos.

Para traerlas aquí, se les suele ofrecer empleos de «camarera, azafata o recepcionista», se les paga el billete y se les genera así una deuda que han de saldarla al final ejerciendo la prostitución. ¿Y cómo se consigue que ejerzan la prostitución? Salcedo Faura lo aclara: «Realizando actos de dominación sobre ella que tiendan a su sumisión».

«Por este cúmulo de circunstancias, la mujer pasa de una situación que es muy parecida a la violencia de género, acepta estas condiciones y esto incide en la invisibilidad del delito», añade el jurista, que está convencido de que tras la trata está el crimen organizado.

La trata está además muchas veces ligada al consumo de cocaína, una sustancia que se puede encontrar en muchos de esos pisos que los investigadores policiales tratan de situar en el mapa local. «No creo que haya ahora más trata que antes, lo que ocurre es que somos más eficaces que antes», indica el fiscal delegado, que considera que la prostitución que muchas veces se ejercía en los clubes de alterne se ha desplazado a los pisos por la presión policial.

En Granada, es la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) la que se encarga de estas investigaciones y trabaja en íntima colaboración con la fiscalía granadina. De hecho, según Salcedo, la fiscalía de España donde más reuniones hubo entre la UCRIF y el fiscal delegado de Extranjería fue Granada «en términos absolutos». Se reunieron en 22 ocasiones.